De izquierda a derecha, los abogados Antonio Cintrón y Tania Fernández, del Departamento de Justicia, y Luis José Torres Asencio y Steven Lausell, en representación del CPI. Foto de Gabriel López Albarrán | Centro de Periodismo Investigativo
SAN JUAN — Ante la demanda por acceso a la información incoada por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), el gobierno admitió hoy que, distinto a lo que ha dicho a la prensa en los pasados cuatro meses, el proceso de actualización del Plan Operacional Conjunto para Incidentes Catastróficos de Puerto Rico no está completado, y que los anejos suplementarios con los planes de emergencia detallados no están listos.
“Son documentos que al día de hoy no existen”, reconoció la licenciada del Departamento de Justicia (DJ), Tania Fernández, en representación del Departamento de Seguridad Pública (DSP) y de su Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD). El gobierno entregó solo una parte de este documento, que es la que está completada.
Fernández informó al juez Anthony Cuevas que ni siquiera se ha completado la subasta para la contratación de compañías que confeccionarán estos anejos, por lo que no hay una fecha certera de finalización y entrega de los mismos.
Los documentos forman parte de la demanda en contra del DSP, el NMEAD y el Departamento de Salud (DS) tras varios meses de solicitudes para que entregaran los planes de emergencia que estaban vigentes durante el paso del huracán María y los actualizados. El lunes, a menos de 24 horas de la vista señalada por el Tribunal de Primera Instancia, las agencias hicieron una entrega parcial de los documentos solicitados.
Salud, que entregó el lunes su Plan de Operaciones de Emergencias (POE) revisado a marzo de 2018, informó al tribunal que está evaluando las partes de los anejos que consideran sensitivas que deben de ser tachadas y las pueden hacer públicas, y en 15 días se reunirá con la representación legal del CPI para discutir el resultado. Las partes informarán al tribunal el resultado de esta gestión y si la información que Salud edite de los anejos es aceptable para el CPI.
“Ese ejercicio de analizar qué información tiene que ser suprimida por razones de seguridad de las personas que están implicadas en ese plan de seguridad, se está haciendo”, dijo la abogada. Añadió que el analista del DS, José Bergodere, y Jessica Cabrera, directora de la Oficina de Bioseguridad de la agencia, son quienes están a cargo de ese trabajo.
Dichos anejos incluyen los detalles de cómo se implementarán los propuestas generales contenidas en el Plan de Operaciones de Emergencias de Salud, y la información específica que sería de interés a la ciudadanía durante una emergencia, como a qué facilidades de salud dirigirse y cómo el gobierno les comunicaría las instrucciones cuando surjan situaciones de salud pública, entre otros detalles.
A Salud también se le ha solicitado desde hace seis meses copia del plan que, según la agencia, estaba vigente el pasado 20 de septiembre de 2017 cuando el huracán María azotó Puerto Rico. Salud no ha entregado este documento al CPI, ni respondió a un nuevo pedido del mismo el lunes. Este documento no formó parte de la demanda.
El NMEAD informó que entregará en o antes de este miércoles, 31 de octubre el Plan de Manejo de Emergencias vigente al momento del huracán María. Hasta ahora, el gobierno solo ha entregado el anejo del documento que desglosa el plan de huracanes, de unas 40 páginas, pero no la totalidad del plan. Respecto al plan actual, cuyos anejos no existen, el gobierno se comprometió a ir entregando los mismos en la medida en que se vayan completando.
Esta es la segunda demanda de acceso de información que el CPI radica este año en contra de la Administración Rosselló. La primera, que también resultó en una victoria legal para la organización y su equipo legal de la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Interamericana, fue por los datos y documentos relacionados a las muertes del huracán María. El juez Cuevas notó el patrón de dificultades en el acceso a información del gobierno en corte abierta cuando el licenciado Luis José Torres Asencio, representante legal del CPI, le planteó la necesidad de la organización de acudir a los tribunales constantemente para exigir la entrega de documentos de interés público.
“Lo sé. Hemos visto a las partes varias veces. Se ha convertido en una norma, un hábito”, sostuvo Cuevas.
