Vidas de damnificados por María aún penden de un hilo

Por Omaya Sosa Pascual y Jeniffer Wiscovitch

Más allá del debate no resuelto sobre el número de muertes provocadas por el huracán María en Puerto Rico, las vidas de miles damnificados siguen en peligro.

Las circunstancias que causaron las defunciones vinculadas al huracán —que al momento se estima que oscilan entre las 1,000 y las 5,000 víctimas— siguen presentes a casi nueve meses del desastre en sectores urbanos y rurales alrededor de la isla grande y en las islas municipio de Vieques y Culebra.

Durante los pasados seis meses el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y qz.com —un medio especializado en periodismo de datos— recopilaron los nombres, información demográfica, y datos relacionados tanto a las causas clínicas de muerte como a las circunstancias vinculadas a María que detonaron las muertes de 193 personas. La información, recogida entre diciembre de 2017 y abril de 2018 a través de un formulario desarrollado por ambos medios y expertos en salud pública, fue provista por familiares directos en el 95% de los casos y más de la mitad de ellos fueron validados con entrevistas telefónicas. El 47% de los validados proveyó además evidencia documental de la muerte como certificado de defunción y tarjetas de funerarias. En las pasadas semanas, se han recogido 45 casos adicionales que están en proceso de validación.

Los 193 casos documentados por el formulario hasta abril y los 45 recién llegados, se suman a los 64 casos certificados por el gobierno hasta la fecha y a los 68 que habían sido recopilados por el CPI hasta noviembre, a excepción de seis que resultaron duplicados. Usando las tres listas de muertes que han sido expresamente relacionadas al desastre natural, retirando los duplicados, las víctimas suman ya 364.

Sobre la baja cifra en la que se mantiene el conteo oficial, el secretario de Seguridad Pública Héctor Pesquera dijo que “el gobierno de Puerto Rico aguarda por los resultados del estudio delegado a la Universidad de George Washington.

El formulario logró documentar informes de muertes en 60 de los 78 municipios de Puerto Rico. Una de las limitaciones del mismo fue que al ser electrónico y basado en la iniciativa de los participantes, produce un sesgo hacia las personas que tuvieron los medios para reportar los casos de sus familiares, en lugares que tenían acceso a Internet, por lo que la muestra se desvía hacia personas con un nivel socioeconómico más alto que el promedio de Puerto Rico. Asimismo, es notable que los municipios que aún reportan problemas de servicio eléctrico y de acceso a comunicaciones resultaron con poca o ninguna participación.

El CPI se dirigió en los pasados días a media docena de estos municipios poco representados en la muestra y pudo evidenciar que en efecto los problemas persisten, la mortalidad y vulnerabilidad son altas, y el acceso a Internet de estas poblaciones poco o ninguno.

“[Los municipios no representados] todos van a tener algo en común, sus sistemas no están trabajando bien. Estamos teniendo aún serios problemas de comunicación, explicó el alcalde de Yabucoa, Rafael Surillo, quien ha constatado un aumento significativo en muertes en su pueblo por el alto volumen de entierros. Darlene Rivera, administradora del Cementerio Municipal e hija de una víctima del huracán, confirmó al CPI la alta tasa de mortalidad indicando que en octubre se duplicaron los sepelios y el alza, aunque ha ido mermando, continuaba hasta mayo.

Las muertes se dispararon a tal nivel que tuvieron que construir nuevas fosas justo después del ciclón y las siguen construyendo, atestiguó el CPI.

El CPI y qz.com analizaron los datos de los casos validados y encontraron tendencias claras sobre las circunstancias específicas, cambios y disloques provocados por el desastre, como falta de electricidad, que dispararon las causas clínicas de muerte, como serían ataques al corazón o fallos respiratorios. La información demográfica y tendencias de los casos validados resultó consistente con las de los casos no validados.

El 79% de las muertes se concentró casi en igual proporción entre personas de 60 a 100 años, con una mediana de 76 años para el total de la muestra. Otro 19% de las muertes se concentró en adultos en edad productiva de 40 a 60 años.

La falta de electricidad fue la principal razón citada como el mecanismo subyacente que provocó la muerte, seguida por falta de acceso a tratamiento médico, y luego por daños ocasionados por el huracán, como inundaciones, derrumbes, y daños a estructuras y carreteras.

La muestra también revela que sobre el 60% de las muertes vinculadas al huracán ocurrieron en los hospitales, CDTs y asilos del país por problemas de acceso a servicios básicos en estas facilidades u otras dependencias de servicios de salud. Previo al deceso en estas facilidades, muchas de las víctimas habían acudido en vano a buscar servicios ambulatorios a otros proveedores tales como farmacias, oficinas de médicos generalistas y especialistas, centros de tratamientos especializados de diálisis y quimioterapia. La mayoría de estas facilidades no estaban prestando servicios vitales o tuvieron que cerrar sus puertas quedando los pacientes a la deriva.

El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, Víctor Ramos, confirmó al CPI que alrededor de 1,000 oficinas médicas tuvieron que cerrar a raíz de María por daños estructurales y por falta de electricidad. También, indicó que el evento aceleró aún más la fuga de médicos que viene experimentando Puerto Rico hace años, agravando la insuficiencia de profesionales que impide que los hospitales puedan cumplir con las cuotas mínimas requeridas de personal especializado en sus salas de emergencia para atender adecuadamente a los pacientes.

“La disponibilidad [de especialistas] está limitada. A mí me preocupa. Hay que hacer maravillas para cubrir las necesidades mínimas en los hospitales”, sostuvo el Dr. Ramos en entrevista, lo cual indica que este es un problema latente a nueve meses del huracán.

Entre los problemas específicos de servicios de salud denunciados en los formularios, tanto en facilidades de salud como en sus hogares, figuran fallas en equipos médicos o imposibilidad de utilizarlos por falta de electricidad, condiciones insalubres por la humedad y el calor, falta de suplidos como oxígeno y medicamentos, e imposibilidad de refrigerar medicamentos. Estas situaciones continuaron ocurriendo meses después del paso de María.

El 33% de las muertes documentadas ocurrieron en las residencias de los difuntos, frecuentemente vinculadas a lesiones debido a accidentes por falta de iluminación, a caídas y a fallos cardíacos por esfuerzos extraordinarios en labores tales como el recogido de escombros y la contención de inundaciones. También se reportaron sobre tres decenas de muertes por falta de agua y comida.

Las víctimas restantes en la muestra murieron en otros lugares tales como vías públicas, ya fuese mientras se intentaba transportar los pacientes a algún hospital que pudiese recibirlo o debido a accidentes por las malas condiciones en que quedaron las carreteras tras la tormenta.

En los tres grupos principales de lugares de fallecimiento, la mayoría de las muertes documentadas se produjeron durante las semanas y meses que siguieron al huracán, no el día del evento, y continuaron hasta abril de 2018.

Luis Avilés, profesor de salud pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, destacó que el valor de esta investigación es que quienes llenaron el cuestionario lo hicieron directamente para ofrecer información respondiendo a un llamado para documentar las muertes relacionadas directa o indirectamente al huracán María. A diferencia de los otros estudios y análisis estadísticos publicados hasta la fecha, que estaban dirigidos a estimar la cantidad de muertes base de análisis estadísticos, el propósito de la investigación conjunta fue documentar casos específicos de personas cuyo fallecimiento se atribuye al paso del fenómeno y obtener información de primera mano sobre las circunstancias de la muerte y su relación con los eventos que se suscitaron como consecuencia del paso del huracán, agregó.

“La narración que hacen los informantes, por vía escrita o por entrevista telefónica permitió obtener un nivel de detalle sobre las circunstancias del fallecimiento y sobre los mecanismos que causaron o precipitaron la muerte que son muy difíciles de conseguir a través de investigaciones basadas en cuestionarios de preguntas con alternativas múltiple”, explicó el Dr. Avilés.

“Si partimos de la premisa de que las personas en niveles socioeconómicos más bajos están en una situación más vulnerable en asuntos relacionados a condiciones de vida y de salud, cualquier conclusión a la que llegue este estudio resulta ser todavía más grave cuando se toma en cuenta la población general del país”, afirmó el catedrático.

La cifra de alrededor de 1,000 fue estimada por primera vez por el demógrafo Alexis Santos de la Universidad de Pensilvania el 21 de noviembre y por por primera vez por un medio de comunicación por el por el CPI el 7 de diciembre, se refería las muertes en exceso ocurridas en Puerto Rico del 20 de septiembre al 31 de octubre de 2017, comparado con 2016, según las cifras oficiales de defunciones del Registro Demográfico para todo Puerto Rico. Análisis y conclusiones similares fueron publicadas posteriormente por The New York Times.

El número de 4,645 muertes que ha figurado en titulares alrededor del mundo desde mayo, y que ha sido asumido por la población como un número simbólico de indignación colectiva ante la inacción del gobierno en la contabilización de las muertes, surge de un estudio realizado por la Universidad de Harvard, publicado el 29 de mayo en The New England Journal of Medicine, que cubre del 20 de septiembre al 31 de diciembre. La cifra en realidad es la media entre el estimado mínimo de muertes y el estimado máximo que reveló análisis de encuestas realizadas a una muestra de 3,299 hogares representativos de la demografía de Puerto Rico. En esos hogares, encontraron que ocurrieron 38 defunciones vinculadas al huracán.

Los 193 casos recogidos por el CPI y qz.com constituyen la primera muestra de casos donde testigos y allegados detallan los mecanismos y circunstancias específicas vinculadas al huracán que provocaron la muerte. Algunos de los mecanismos más mencionados como detonantes, tales como la falta de electricidad y la consecuente incapacidad de los enfermos de utilizar equipos médicos, continúan presentes entre las poblaciones más vulnerables en por lo menos media docena de pueblos subrepresentados en la muestra, según evidenció el CPI en visitas de campo hechas en las pasadas dos semanas.

COMERÍO: Miles sin techo aún

Las montañas de Comerío y el río que las acaricia engañan a cualquiera que llegue a visitar el lugar. La vegetación ha recuperado su verdor perdido por la devastación del huracán María y las carreteras están limpias, libres de escombros. Pero quien enfoque en los detalles se dará cuenta de que los resultados de los estragos y el peligro permanecen latentes por doquier amenazando las vidas de miles de comerieños, la mayoría de los cuales estuvieron sin agua y sin electricidad casi siete meses. Postes virados que penden de un hilo, cables eléctricos a baja altura y rotos, y personas viviendo bajo techos rotos o inexistentes están por doquier.

Tras la energización del 99% de Comerío en mayo, los problemas de viviendo son ahora el mayor reto que enfrenta aún este municipio de 20,000 habitantes a nueve meses del huracán, admitió en entrevista el alcalde Josian Santiago. Según indicó, un total de 2,000 de las 7,500 residencias existentes en el pueblo — unos 6,000 habitantes — perdieron el techo y la mayoría de estas familias aún no ha podido repararlos porque las ayudas que FEMA ha concedido son insuficientes. Los afectados se refugiaron en las casas familiares o amigos, causando tensiones intrafamiliares por la larga extensión de la estadía, o están viviendo bajo techos remendados que constituyen un peligro constante para sus vidas. El municipio se dispone a comenzar un nuevo censo para saber cuántos de esos techos han podido ser reparados, pero Santiago estima que ronda en el 25%.

A solo dos cuadras de la alcaldía, vive Justina Díaz Pérez, quien sufre por partida doble. El ciclón le arrebató el techo del tercer piso de su casa, donde vivía su hijo Ángel Luis Santiago Díaz. De 35 años, el hombre perdió todas sus pertenencias, y de paso también el empleo. Como tantos otros jóvenes desempleados en Comerío, terminó pasando sus días en la calle y murió abatido a tiros en febrero en la denominada masacre de Comerío, cuando un joven entró al bar El Deportivo y acabó con la vida de cinco y dejó un herido.

En medio de la tristeza, la mujer de 57 años sigue lidiando sola con las filtraciones constantes que se producen en el segundo piso de su casa donde ubica su dormitorio y el de su hija Sulaika Santiago Díaz, no vidente de 38 años. FEMA le dio $1,600 para arreglar el techo cuya cotización fue de $16,000, por lo que no ha podido proceder con el arreglo. Entre tanto, cuando llueve, se dedica a lidiar sola con las inundaciones y a proteger a su hija. Ambas se mudan a la sala en el primer piso, donde almacena además las pertenencias perecederas para protegerlas, y duermen en el sofá.

Justina también culpa al huracán por el asesinato de hijo, porque si no hubiese perdido la casa y el empleo, dijo, no hubiese andado en la calle.

Janice Solivan Roy, directora de Casa Juana, una organización comunitaria dirigida a brindar apoyo a las comerieñas, sostuvo que los desplazamientos y la agudización del desempleo provocados por el huracán en Comerío han causado un alza en los niveles de violencia intrafamiliar, sexual y de género así como juvenil, ya que son cada vez más los jóvenes ociosos en las calles del pueblo.

“En el caso de muchos, los obligó a meterse al lugar de la agresión original y en par de días comenzó a aflorar la violencia intrafamiliar”, sostuvo Solivan Roy.

YABUCOA: Enfermos y viejos sin servicio eléctrico

Las ironías del desastre y de la lenta e ineficiente respuesta gubernamental quedan plasmadas en el pueblo de Yabucoa: el primero azotado por el fenómeno y el último en lograr que se le restaure el servicio de electricidad.

Más del 30% de sus residentes aún no tiene luz, indicó el alcalde Rafael Surillo. Dijo que son 4,000 abonados afectados y a razón de tres personas por hogar estima que son de 12,000 a 15,000 de lo 36,000 habitantes del pueblo. La semana pasada buena parte de los barrios Guayabotas, Tejas, Juan Martín, Calabazas, Limones y Aguacate, y el 100% del barrio Jácanas aún estaban a oscuras.

Frustrado y molesto, Surillo plantea que su municipio ha sido discriminado porque es uno con alto nivel de pobreza. “Si el huracán hubiese entrado por San Juan o Guaynabo, no hubiese tenido que esperar tres meses por un poste”, sostuvo¨al señalar que denomina el fenómeno como “discrimen social”.

Aunque no tiene cifras exactas de muertes relacionadas a la emergencia en Yabucoa, el alcalde sabe que han sido muchas y que sus constituyentes siguen en riesgo, con serias consecuencias emocionales provocadas por la situación.

“Tuve 11 intentos de suicido entre abril y mayo”, indicó.

Además de los serios problemas con el sistema eléctrico, el municipio perdió infraestructura vital como el cuartel de la policía municipal, que está operando desde una biblioteca, y la alcaldía que tuvo que ser trasladada a una casa rentada, y permanece cerrada con toldos azules y tormenteras.

Las escenas en Yabucoa son desgarradoras. En pleno llano, a cinco minutos del centro del pueblo, las parcelas Ingenio en el barrio Aguacate, es uno de esos lugares. Don Anastasio Laboy Nieves, de 78 años, pasa las tardes de calor infernal en la marquesina leyendo la biblia, mirando su antigua iglesia que quedó destruida y sigue inoperante. Vive solo. No tiene cómo refrigerar los alimentos. Aún así, dice estar tranquilo.

“No necesito luz. La luz de Jesús Cristo me ilumina”, afirmó.

“¿Cómo come?”, se le preguntó. Señaló a una esquina de su marquesina donde tiene sobre un mueble zanahorias y papas.

“Todos los días a la 1 pm me preparo mis zanahorias y mis papas”, contestó.

A 45 minutos de Anastacio Laboy, monte arriba, vive la familia Sánchez en el barrio Guayabotas, sector Los Sánchez, nombrado en honor a la numerosa familia. En una sola residencia viven Juan Sánchez Gómez, de 74 años quien es oxígeno-dependiente, y su madre, Ezequiela Gómez Pérez, de 101 años y madre de 15 hijos. Dos ellas, en sus sesentas, Brígida y Talía, hacen de tripas corazones para llenar de diesel una planta pequeña que por lo menos les permite tener un congelador operando y alimentar a los cuatro. El tanque de oxígeno que tiene Juan es manual, se lo trajo el alcalde Surillo, y durante la entrevista, comenzó a tener un ataque de asfixia. El calor dentro de la residencia es brutal, y la oscuridad de noche en el área, de miedo, dijeron.

VIEQUES: Sin hospital, ni transportación

La isla municipio de Vieques no tiene servicio eléctrico y no lo volverá a tener en cuatro o cinco años, tiempo que las autoridades han estimado les tomará reparar el cable submarino que supliría el servicio desde Puerto Rico. Poseedora de algunas de las playas más bellas del planeta, ha quedado con su principal hotel —el W— cerrado hasta nuevo aviso, así como buena parte de los negocios y restaurantes para turistas. Parte del malecón de Esperanza fue destruido y continúa intransitable.

Hoy día, casi todos sus 10,000 residentes y comerciantes tienen electricidad gracias a cuatro generadores eléctricos militares. La población, preocupada por la estabilidad del servicio, está exigiendo que se repare el cable submarino.

Sin embargo, el principal problema que enfrentan los viequenses envejecientes y enfermos, es el cierre de su único hospital, el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) y los problemas de transportación a y desde la isla grande, que se han agudizado tras la tormenta.

El CDT permanece cerrado desde el huracán, y luce destruido, y abandonado, con excremento de caballo a la entrada de su sala de emergencia, por lo que los residentes no tienen a dónde acudir en casos de urgencias. El municipio ha convertido la escuela-refugio en una clínica temporal, pero el lugar ofrece servicios limitados y largas esperas en las afueras, según relataron residentes entrevistados.

Dos de los grupos más afectados por la situación son los envejecientes, y los pacientes de enfermedades crónicas como cáncer y diabetes, que siendo tan vulnerables tienen que exponerse a una verdadera odisea terrestre y marítima de hasta 23 horas cuando comparten lancha con la vecina isla de Culebra y tienen que hacer lo que conocen como “El Triángulo”, para poder llegar a Fajardo y luego ir a San Juan a recibir servicios especializados como quimioterapias, y regresar a su hogar. Hace dos semanas una de las pacientes de cáncer falleció durante su regreso del trayecto en lancha relató Elba Oquendo, presidenta de Viequenses En Rescate, una organización sin fines de lucro que brinda apoyo económico para transportación y medicamentos a los pacientes de cáncer en la Isla Nena. Según dijo, solo en los dos meses que siguieron al huracán murieron 10 de los 78 pacientes que atendían.

Entre tanto, en un complejo federal para envejecientes conocido como Ciudad Dorada, doña Ana Tufiño Camacho, de 92 años y operada de la columna vertebral por una caída, vive sola pasando todo tipo de riesgos y malabares para sobrevivir. Desde el huracán, el complejo opera con paneles solares por lo que no les permiten conectar equipos eléctricos 220, tales como la estufa y el aire acondicionado. También enfrenta filtraciones de agua. Así las cosas, la delgada y frágil envejeciente tiene que arreglárselas para sacar el agua del apartamento cuando llueve, para ir caminando cada dos o tres días a buscar gas al pueblo, y para acudir a sus citas médicas a Fajardo. Esto último implica levantarse a las 4:00 a.m. caminar varias cuadras para tomar transporte público al puerto, tomar la lancha a Fajardo y luego transporte público al hospital, relató.

“Aquí ni la ambulancia le llevan a uno”, dijo cuando se le preguntó qué hace cuando se siente mal. “Ya no hay ayuda de ninguna especie”, agregó.

Justo al frente viven María Conde López, de 73 años, quien hace un esfuerzo extraordinario a diario para cuidar sola a su compañero sentimental Juan Encarnación Félix, de 96, paciente de cáncer desahuciado, para que muera con dignidad. El ex militar era paciente del Hospital de Veteranos en San Juan, pero despues del ciclon una doctora le dijo a Conde que no lo llevara más porque los traslados eran muy costosos, que solo restaba dejarlo allí en un hospicio o llevárselo a la casa a morir.

Decidió llevárselo y con lágrimas en los ojos, agotada, relato que no tiene descanso porque el hombre sufre intensos dolores en la noche y no tiene a donde llevarlo.

Oquendo dijo al CPI en entrevista que esta es la realidad tanto de los viequenses que sufren de padecimientos terminales como de los que enfrentan emergencias desde que cerró el CDT ya que no hay a donde acudir con situaciones de gravedad.

UTUADO: Precaria la salud mental

Sentimientos de impotencia, tristeza y desesperación se han apoderado de residentes de lugares que aún no tienen servicio eléctrico en Utuado, a casi nueve meses del devastador ciclón. Situación que se suma a los daños evidentes aún en las estructuras viales del municipio, en puentes y casas.

El día a día para estas personas resulta más difícil que para otros, ya que tienen que resolver diariamente situaciones como la que enfrenta Juan Llanes Medina, quien tiene que caminar a diario alrededor de media hora para comprar hielo para su casa, ya que no tiene carro, y necesita mantener refrigerada la insulina de su madre, Ana Delia Medina Ramos, con quien reside en el barrio Las Palmas.

Medina Ramos, de 86 años, padece de diabetes, asma, artritis e hipertensión. Desde el paso del huracán, no ha podido recibir ni una terapia para el asma por falta de electricidad. Tampoco ha podido llevar su dieta como debe ser y la mayoría de los alimentos que consume son enlatados.

Su hijo aseguró que no han adquirido un generador eléctrico porque “es más fácil conseguir pon con una bolsa de hielo que con un galón de gasolina”.

Fue por esto que la nevera de la casa dejó de serlo, para convertirse en una especie de almacén para guardar trastes y artículos de la cocina. Los comestibles que más utilizan y la insulina la guardan en un pequeño refrigerador donde ponen el hielo.

“Aquí estamos pasando la pena negra. Los pobres somos así”, sostuvo Medina Ramos sentada en el balcón de su casa, que aún tiene un toldo de FEMA porque, como en otros casos, el dinero que les otorgaron no le es suficiente para costear los gastos de reparación.

No obstante, a pesar de que tiene dos hijas que viven en Bayamón y una hermana también en Utuado, Medina Ramos prefiere quedarse en su hogar sobrellevando el profundo dolor que siente, al igual que su hijo, por no haber regresado a la normalidad a casi nueve meses de María.

“Para estar en casa ajena, mejor estoy aqui. Este es mi refugio”, aseguró la envejeciente, quien no pudo evitar llorar.

Ni Medina Ramos ni su hijo cuentan con un celular porque dijeron que en la zona donde viven no hay recepción. En caso de una emergencia, Llanes tendría que caminar y pedir ayuda.

En otra parte de Utuado, en el barrio Caonillas, vive Carlos López junto a su padre. Aún no tienen servicio de electricidad, por lo que tuvieron que invertir dinero en un generador eléctrico, el cual tienen que abastecer diariamente.

López se encuentra visiblemente triste, al punto que no pudo contener las lágrimas al contar cómo tiene que salir “cada día y medio” a comprar $20 de gasolina, cuando solo reciben el beneficio del Departamento de la Familia. Además, tiene que comprar bebidas nutricionales, pañales y toallas húmedas para su padre, quien padece de alta presión, una enfermedad de la vejiga y es sobreviviente de cáncer.

“Se le hace difícil a uno”, dijo.

En la casa tampoco cuentan con servicio de agua potable, pero, según explicó López, nunca la habían tenido. Antes usaban el agua de riachuelos, pero ahora, después del huracán, no lo pueden hacer por el temor a que la misma esté contaminada.

JAYUYA: deterioro progresivo sin servicios básicos

Margarita Heredia, de 84 años, tuvo que dejar su casa en el barrio Puerto Plata de Jayuya luego de ser operada en marzo de este año. La razón: no tenía servicio de energía eléctrica desde el paso del huracán Irma, lo que le impedía poder recibir oxígeno día y noche, como le recomendaron los médicos luego de la cirugía.

Ahora, dos meses más tarde y a nueve meses del paso de Irma y María, Heredia aún no ha podido regresar a su casa, porque todavía no tiene el servicio eléctrico.

“No hallaban dónde llevarme, porque la casa mía estaba sin luz”, sostuvo Heredia, quien recordó que María le arrancó 13 planchas de zinc a la casa donde había vivido por toda su vida y que ahora tuvo que dejar para poder seguir las recomendaciones médicas. Ahora está instalada en casa de una sobrina, en el mismo barrio, quien se conectó a un sistema de placas solares a principios de año.

Como Heredia existen más envejecientes en Jayuya que necesitan la electricidad para poder cumplir con sus tratamientos y tener una calidad de vida adecuada. A esta fecha, un 25% del municipio falta por ser energizado, hay intermitencia en el servicio de agua y todavía quedan “bastantes techos azules”, según Alicia Alfonso Reyes, ayudante del alcalde Jorge González.

En Jayuya quedan cuatro barrios sin energizar: Salientito, Veguita Zamas y Las Arenas. Mientras, otros seis están energizados parcialmente: Mameyes, Coabey, Cuesta Los Mejías, Zamas, Jaucas, Canalizo y Collores.

 “Hemos tenido unas rachitas. Personas que tenían sus condiciones y han ido falleciendo”, sostuvo Alfonso Reyes sobre la mortalidad en Jayuya luego de María.

Lourdes González, coordinadora de servicios a encamados del programa Los Frágiles, que brinda ayuda y entrega de suministros a las personas encamadas en Jayuya, indicó que cuando comenzaron a ofrecer sus servicios luego del huracán, tenían a unas 70 personas en su lista, de las cuales cinco han fallecido. A su entender, estas personas se fueron descompensado poco a poco, a pesar de tener sus condiciones de salud, debido a la falta de servicios básicos, como la electricidad.

Luis Morales, dueño de la Funeraria Jayuya Memorial, coincide con González en que el aumento en las muertes ha tenido que ver, en parte, al deterioro en la salud de las personas ante la falta de servicios básicos. Aseguró que en su pueblo hubo un alza en la mortalidad de un 60 a 70 por ciento durante el mes de septiembre de 2017, en comparación con el 2016. Pero solo se registró oficialmente una muerte directa, la de Antonio Santiago Rivera, quien murió luego de un deslizamiento de terreno en su casa, recordó. 

LARES: Pobreza y resignación

Basta con visitar una vez los barrios Mirasol y Pezuela de Lares para palpar su cruda realidad. La pobreza y la desolación son más que evidentes, y contrastan con la zona urbana.

Al transitar unos 45 minutos por la Carretera 128 se llega a Mirasol. En esa ruta solo viven dos familias. Allí, Ángel L. Santiago Estrada está en el patio de su hogar con una gran sonrisa. A pesar de que su casa no tiene techo, sino un toldo azul, y toda su estructura está sumamente deteriorada como consecuencia del huracán María, Santiago Estrada vive conforme en su hogar “con tres más: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero físicamente solo”.

“El huracán me llevó el techo y me esbarató los paneles de las paredes”, sostuvo el septuagenario.

“Cuando yo llegué aquí, no estaba triste, sino como ahora. Lo mire todo y me reí: ʹJehová dio y Jehová quitó; sea el nombre de Jehová bendito”, añadió.

Santiago Estrada tiene la nevera dañada y los muebles que le regalaron “huelen a humedad”, pero el dinero que FEMA le dio no le es suficiente para comprar lo que necesita ni para arreglar el techo de su casa, ya que la casa necesita ser reparada casi en su totalidad. Personal de “Tu Hogar Renace” también lo visitó, pero esa ayuda aún no ha llegado, dijo. Su casa seguirá como la dejó María, aún cuando ya inició la temporada de huracanes.

El servicio de electricidad le llegó apenas en mayo, dijo.

Santiago Estrada, quien se dedicó a la agricultura toda su vida, sólo recibe $184 de seguro social más aproximadamente $100 del Programa de Asistencia Nutricional del Departamento de la Familia. Una de sus hijas, que vive en otro barrio de Lares, no tiene los recursos económicos para ayudarlo. La otra, dijo, se fue hace dos años porque no tenía trabajo en Isla y no ha sabido nada más de ella.

El hombre, quien padece de alta presión, problemas con la circulación y dolor en los huesos, no tiene celular para llamar en caso de alguna emergencia. Y es que en la zona donde vive no hay señal. De sentirse enfermo o necesitar servicio médico, no tiene muchas opciones, ya que el hospital más cerca, el de Castañer, queda a más de media hora de su casa. Pero Santiago tampoco tiene carro.

Las ambulancias por allí hace mucho que tampoco se ven.

Las Carreteras # 124 y #128 son las rutas disponibles actualmente para llegar a Mirasol y Pezuela. Ambas son rutas largas, de aproximadamente 30 a 40 minutos en carro desde la zona urbana. La ruta más cercana (de solo unos 15 minutos), por la carretera #431, está cerrada desde el huracán, por daños.

Neftalí Soto, agricultor, comerciante y líder comunitario, también de Mirasol, asegura que este barrio ha perdido gran población, lo que es evidente a través de un recorrido por el lugar, al notarse casas vacías por doquier. Las personas que quedan son en su mayoría de edad avanzada, que viven emocionalmente afectados por el temor de que Puerto Rico sea abatido nuevamente por un huracán como María, máxime cuando “todavía nada funciona”. Es el tema de conversación en estos días, ya que el pasado 1 de junio dio inicio a la temporada de huracanes, aseguró Soto.

A pesar de ser un líder comunitario que estuvo disponible luego de María y sigue ayudando en lo que puede, Soto siente una profunda tristeza. Y es que tuvo pérdidas económicas en la agricultura al no poder inaugurar un negocio, el que precisamente tenía como fecha de apertura el domingo después de María.

El techo de su casa también se afectó y todavía no lo ha podido reparar porque FEMA solo les dio $680, dinero que no es suficiente. “En tornillos casi se los lleva la casa”, aseguró.

A pesar de la tristeza que pueda sentir, dice que sigue en pie de lucha y siendo el soporte emocional para que su familia siga adelante.

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Luis Emmanuel Rodríguez Reyes, estudiante de epidemiología del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, y Zahaira Cruz Aponte, también estudiante de la misma universidad, así como Ana Campoy, periodista de Quartz, colaboraron con esta historia.