Por Joel Cintrón Arbasetti | Centro de Periodismo Investigativo
Tallahatchie County Correctional Facility en Mississippi, administrada por CoreCivic. (Imagen tomada de Google Maps)
Ya circula entre la población penal un papel que avisa que dos instituciones penales de Mississippi y Texas son las elegidas como nuevo destino para el programa de traslado de confinados a cárceles privadas de Estados Unidos, aunque el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) no ha otorgado el contrato y alega estar en un proceso de evaluación. Esta es una de las medidas de austeridad seleccionadas por la administración de Ricardo Rosselló para alegadamente reducir los gastos.
Lo que no dice el documento oficial que el DCR entregó a los confinados en sesiones de orientación que comenzaron esta semana es que Tallahatchie County Correctional Facility en Mississippi y El Valle Detention Facility en Texas están administradas por las dos principales empresas de la industria de las cárceles privadas en Estados Unidos, ambas con historial de mala administración y violación de derechos civiles: CoreCivic y Management and Training Corp.
El Valle Detention Facility era un centro de detención de inmigrantes administrado por Management and Training Corp (MTC) que cerró en 2015 luego de que alrededor de 2,000 reclusos se amotinaran por dos días en protesta por la mala atención médica que recibían. La cárcel, entonces conocido como Centro Correccional del Condado de Willacy, fue declarado como inhabitable por un fiscal y los confinados fueron trasladados a otras instituciones.
Ahora MTC se propone reabrir bajo el nombre El Valle Detention Facility, que es el nombre que figura en los boletines que está repartiendo el DCR entre la población penal. Según un anuncio de empleo publicado hace diez días, “MTC está trabajando para asegurarse un contrato para El Valle Detention Facility en Raymondville, Texas. Al recibir el contracto, MTC prevé brindar todos los aspectos de las operaciones de la instalación”. En mayo, un medio de Texas, publicó que MTC estaba cerca de firmar el contrato con la ciudad de Raymondville para reabrir la cárcel.
Ocho días antes de que se venciera el plazo de Corrección para recibir las propuestas, MTC se incorporó en Puerto Rico como corporación foránea el 22 de mayo de 2018.
“El RFP (Request for Proposal) se encuentra en etapa de Evaluación de Propuestas. No ha sido adjudicado aun”, dijo Héctor Pérez, portavoz de prensa del DCR. Pero los papeles que circulan entre la población penal parecieran indicar que ya MTC y CoreCivic fueron seleccionados. Las orientaciones se dieron en al menos tres cárceles, la 1072 y la 292 en Bayamón, y El Zarzal en Río Grande, supo el Centro de Periodismo Investigativo.
CoreCivic, es uno de los contratistas que opera centros de detención del Border Patrol de Estados Unidos donde son detenidos adultos y menores que son capturados cruzando la frontera. Corrección ya había contratado a CoreCivic en 2011, pero canceló el contrato por no rendir los ahorros proyectados ni cumplir con los servicios que prometió a los confinados que fueron ubicados en una de sus cárceles en Oklahoma hasta el 2012. Entre los principales accionistas de CoreCivic se encuentran fondos de cobertura que han tenido bonos del gobierno de Puerto Rico, como The Vanguard Group, el principal accionista de la corporación, Blackrock Capital, Prudential Financial, D.E Shaw y Bank of New York Mellon, fiduciarios de los bonos de la Corporación de Interés Apremiante (COFINA). El bufete puertorriqueño McConnell Valdés cabildea en la Cámara de Representantes a favor de CoreCivic.
Tres meses antes de que Corrección abriera el proceso de subasta para otorgar el contrato del programa de traslados, el CPI preguntó al gobernador Ricardo Rosselló si sabía a qué cárcel de Estados Unidos serían enviados los confinados y respondió que “los primeros pasos” se estaban “trabajando con Oklahoma”. En Oklahoma ubica Cimarron Correctional Facility, la cárcel administrada por CoreCivic donde fueron ubicados los confinados que participaron del programa de traslados a cárceles privadas en 2011 bajo la administración de Luis Fortuño. Los presos que participaron del programa en esa ocasión regresaron luego de protagonizar un motín en protesta por no recibir los servicios que se le prometieron.
Ahora el DCR se propone repetir la misma estrategia como medida de ahorro y comenzó a orientar a los confinados sobre el programa de traslado denominado “Out of State” sin haber publicado las propuestas de CoreCivic y Management and Training Corp.
Una de las hojas del boletín que está circulando Corrección solicita a los confinados que llenen un encasillado que dice “acepto voluntariamente ser evaluado para el traslado a EU” (Estados Unidos) y en la otra dice “no acepto ser evaluado”. Otra de las hojas indica los servicios que se les ofrecerían: alimentos, educación, salud, y videoconferencias para vistas de la Junta de Libertad Bajo Palabra y visitas de familiares. Entre los criterios de evaluación se menciona voluntariedad, no tener casos pendientes en los tribunales, procedimientos disciplinarios en proceso, órdenes de detención o judiciales.
“¿Cómo se puede orientar adecuadamente a los confinados si todavía no se ha firmado un contrato? Y ellos (DCR) insisten en que el programa es voluntario pero no les están diciendo (las compañías que administran) las cárceles a donde los van a enviar, ni que la de Raymondville Texas ha sido señalada por el Inspector General de los Estados Unidos en un informe del 2016, por la ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles), y que cerró por motivos de un motín”, dijo al CPI Iris Rosario, asesora legal de la Sociedad para la Asistencia Legal.
El 31 de mayo, Rosario y un grupo de siete representantes legales enviaron una carta al secretario del Correción, Erik Rolón, donde expresan su preocupación por las consecuencias que tendrá en la población penal la política de traslados a cárceles privadas.
“Sostenemos que es inaceptable que el Estado delegue su deber de rehabilitar a las personas confinadas mediante una política pública de traslados que separará a más familias puertorriqueñas de sus seres queridos”. En la carta también solicitan información en relación al programa de traslado y adjuntaron el informe de la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia de Estados Unidos de 2016 que señala altos índices de violencia y mala administración en las cárceles privadas. Instan a Rolón a que “desista de la terrible política de traslados”. El secretario les envió acuse de recibo, pero no respondió a la misiva.
El secretario de Corrección no estuvo disponible para entrevista con el CPI.
