Mudos los hospitales tras sus fallas por el huracán

Hospital Damas (Foto de Gabriel López Albarrán | Centro de Periodismo Investigativo)

Por Omaya Sosa Pascual y Jeniffer Wiscovitch

La mortalidad en la mayoría de los hospitales de Puerto Rico se disparó tras el huracán María, llegando hasta un 450 por ciento de incremento en el peor de los casos, el del Professional Hospital en Guaynabo, reveló una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

El aumento en el número de muertes ocurrió en 40 de los 60 hospitales que reportaron decesos alrededor de la Isla. La tendencia se mantuvo durante los tres meses que siguieron al ciclón. En los 20 hospitales restantes, se reflejaron bajas en mortalidad, pero el CPI pudo documentar que en la mitad de estos casos la merma respondió, no a la calidad de los servicios que se estaban brindando, sino a que la instalación había cerrado por completo o parcialmente, generalmente sin que el Gobierno de Puerto Rico lo informara a la ciudadanía.

La investigación del CPI conllevó el análisis y comparación de las bases de datos del Registro Demográfico para el periodo del 18 de septiembre al 31 de diciembre de 2014 a 2017, así como el estudio de unos 487 testimonios de familiares de víctimas del huracán recopilados y verificados mediante documentos y entrevistas en un proyecto conjunto del CPI con qz.com y Prensa Asociada.

Los 10 hospitales con mayor aumento en muertes, en comparación con sus promedios en el mismo periodo durante los tres años previos a María, son: Professional Hospital en Guaynabo (450%), Hospital Psiquiátrico Metropolitano de Cabo Rojo (200%), Hospital Oncológico de Río Piedras (182%), Doctor’s Center en Carolina (159%), Hospital San Antonio en Mayagüez (100%), Centro Médico en San Juan (92%), Hospital HIMA Cupey (91%), Hospital San Carlos Borromeo en Moca (65%), Hospital la Concepción de San Germán (61%) y el Hospital Metropolitano de Guaynabo (56%).

Entre los primeros 20 con mayor incremento en mortalidad, figuran cuatro del grupo empresarial Metro Pavía, tres del grupo Doctor’s Hospital y dos del Gobierno de Puerto Rico. La administración de ambos grupos hospitalarios, ni el secretario de Salud Rafael Rodríguez —responsable de la operación de los hospitales públicos— respondieron los pedidos de entrevista del CPI.

Los testimonios de los familiares de las víctimas revelan un patrón de problemas serios de funcionamiento básico y pobre prestación de servicios durante el citado periodo. Falta de plantas eléctricas, averiadas o la falta de abastos de combustible, calor, y escasez de suplidos, de medicamentos, de personal y de transportación de emergencias figuran entre las situaciones más denunciadas, según la base de datos elaborada por el CPI-QZ-AP, que es el registro más completo que existe hasta la fecha de las muertes vinculadas al huracán María. En cuanto a los hospitales, las entrevistas también relatan un patrón de rechazos y traslados de pacientes de hospital en hospital ante la incapacidad de brindar servicios, lo que terminaba en muertes dolorosas y lentas como la de Ramona Ortiz Ortiz.

La familia de Ramona Ortiz Ortiz jamás pensó que la salud de ésta fuese a desmejorar luego de su llegada al Professional Hospital en Guaynabo para ser atendida por un dolor en la vesícula, tres días antes del paso del devastador huracán María.

Ortiz Ortiz llegó al hospital el 17 de septiembre. Al día siguiente, le realizaron un procedimiento para colocarle un drenaje y esa misma semana, el sábado 23, la dieron de alta abruptamente sin notificar a sus familiares.

Stefanie Villeneuve, nieta de Ortiz Ortiz, contó que la familia la fue a visitar el día después del huracán, y notaron la falta de agua y luz. “Las ventanas del cuarto estaban abiertas… Estaba todo oscuro aunque era de día”, describió. Aún así, la dejaron en el lugar porque aún convalecía del procedimiento y no había cómo transportarla ante los destrozos causados por el huracán en toda la Isla.

Cuando la familia regresó el sábado, 23 de septiembre, para su sorpresa encontraron el hospital cerrado. Quedaban tres enfermeras en el primer piso, quienes le indicaron que solo quedaban dos pacientes en el hospital, incluyendo a su abuela, y que se la tenían que llevar. Ya Ortiz Ortiz estaba en el primer piso esperando ser recogida.

Cuando Villeneuve preguntó cómo transportaría a su abuela para su casa en Cupey, los enfermeros le contestaron que había que esperar a ver si pasaba alguna ambulancia. Esto nunca ocurrió. Fue entonces que la nieta montó a su abuela en su propio vehículo con la ayuda de los enfermeros para llevarla a la casa. Los tres enfermeros también se montaron para acompañarla y luego ella los regresó al hospital.

Ya en la casa, notaron que su abuela tenía úlceras en diferentes partes del cuerpo. Villenueve asegura que antes de llegar al hospital ella no tenía úlceras, ya que, por estar encamada, su familia estaba bien pendiente a las recomendaciones médicas para que esto no le ocurriera. Según dijo, las úlceras surgieron a consecuencia del calor de los seis días que estuvo en el hospital.

En diciembre, Ramona Ortiz Ortiz regresó al Professional Hospital para una visita ambulatoria, de rutina, para que le revisaran las úlceras. Sin embargo, el personal decidió ingresarla diciendo que tenía la presión baja. Dos días después, murió en el lugar. Las causas de muerte indicadas en su certificado de defunción fueron arresto cardiorrespiratorio, aspiración y sangrado gastrointestinal. Como otras causas, menciona anemia y las úlceras que, según su nieta, desarrolló por la situación precaria en el hospital.

Entre el 18 de septiembre y el 31 de diciembre, en el Professional Hospital murieron 22 personas, cuando el promedio para este mismo periodo durante los tres años previos era de cuatro fallecimientos anuales. El CPI intentó obtener una reacción de los dueños del hospital, los hermanos y cirujanos Leonardo y Wilmer Valentín, pero la llamada fue referida a Giancarlo Valentín, director de operaciones, quien rehusó contestar preguntas aludiendo que necesitaba autorización de la Junta de Directores de la institución de salud antes de expresarse sobre el particular. Nunca ofreció respuestas.

Al Professional Hospital también llegó el 28 de octubre Isabel Muñoz a buscar tratamiento médico para su madre Luz Acosta Dalmau, de 94 años, quien tenía fuertes dolores abdominales, de espalda y vómitos. Llegó a las 2:00 pm en ambulancia y no fue atendida hasta las 6:00 pm, cuatro horas después. La doctora de turno ordenó que le realizaran estudios de sangre y orina. Posteriormente, le diagnosticó infección de orina, le recetó antibióticos y la dio de alta a las 9:00 pm.

Professional Hospital en Guaynabo (Foto de Gabriel López Albarrán | Centro de Periodismo Investigativo)

A las 5:00 am del próximo día, Acosta Dalmau estaba de vuelta en el hospital, ya que los dolores continuaban. Fue en esta segunda visita cuando el médico de turno les indicó que los dolores eran provocados por una obstrucción intestinal y no por una infección de orina, como le habían diagnosticado la noche anterior. Le pusieron un tubo por la nariz hasta el intestino para succionar la obstrucción.

Acosta Dalmau murió el 30 de octubre por obstrucción intestinal, según el certificado de defunción.

Para Muñoz, abogada de profesión, el trato que recibió su madre en el Professional Hospital “no fue el adecuado” por el diagnóstico errado y la falta de comunicación del personal de enfermería con ella. Su sentir se lo hizo saber a través de una carta a la Junta de Directores del hospital.

“Fue pura casualidad que llegué temprano y pude estar esos últimos momentos con ella ya que ningún miembro del equipo de enfermería del hospital se comunicó conmigo para dejarme saber que la condición de mi madre era crítica y debería ir al hospital de inmediato”, expresa la licenciada en su carta.

A pesar de estas situaciones y del disparo en la mortalidad, el Departamento de Salud, que alegó que estuvo inspeccionando todos los hospitales cada 48 horas después del 20 de septiembre, nunca cerró oficialmente ni anunció el cierre del Professional Hospital.

Aunque rehusó conceder entrevista al CPI para esta historia, el secretario Rodríguez Mercado se ha contradicho en sus expresiones sobre la operación de los hospitales en Puerto Rico tras el huracán María. El 26 de septiembre el funcionario dijo al CPI que el 70% de los hospitales en Puerto Rico estaban cerrados y brindó una lista de los 18 que estaban abiertos. Posteriormente, dijo que solo cerró dos durante la emergencia. En mayo hizo claro que su postura es tratar de no cerrar hospitales, aunque encuentre problemas.

Verónica Nuñez, secretaria auxiliar de Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud de Puerto Rico (SARAFS) a cargo de las inspecciones a los hospitales e instalaciones de salud, negó al CPI copia de los informes de las visitas que sus inspectores hicieron tras el desastre, señalando que son confidenciales. Sin embargo, durante la Primera Cumbre de Preparación y Respuesta ante Emergencias y Desastres del Departamento de Salud, la funcionaria dijo que, independientemente de sus hallazgos y recomendaciones, estaba “segura de que el 99 por ciento de las veces” el secretario de Salud iba a “darles la oportunidad” de entrar en cumplimiento sin cerrarlos.

Cuando le preguntó a Rodríguez Mercado, si esto era cierto durante la conferencia de prensa que cerró el evento, el funcionario concedió. Dijo que su personal estaba evaluando las facilidades cada 48 y dándoles recomendaciones, pero que en dos casos ni haciendo eso respondían y se convirtieron en un problema de salud pública. Estos fueron los hospitales Ryder de Humacao y Buen Samaritano de Aguadilla, dos de los seis centros designados como ancla para las regiones por el propio Secretario durante la emergencia.

“Se habló con personas y facilidades de salud: ‘mira tú no puedes estar ofreciendo cirugía, si tienes un paciente que necesita intensivo, tienes que mandarlo a otro hospital. Esas cosas se hicieron, pero cuando se llegó al punto que habian dos hospitales que ni haciendo eso, representaban ya un problema de salud pública, hubo que cerrarlos, de eso es que se trata’”, indicó.

Rodríguez Mercado no pudo responder cómo se garantizarán los servicios médicos y el acceso a medicamentos, que se afectaron tras María, de ocurrir otra emergencia. Solo mencionó que hay que “brindarle resiliencia” a las facilidades de salud, sobre todo a las de la zona central de la Isla.

“¿Qué quiere decir esto? Que si había un generador, tener dos, que si había un tanque de diésel que acumulaba dos mil galones de diésel, pues ya sabes que tiene que tener 10 mil para estar un periodo mínimo de una semana, una semana y media funcionando. También, repartir agua, comida en regiones…”, explicó.

¿Esto consta en algún lugar?, se le cuestionó. “Sí, claro que sí”. Sin embargo, no indicó dónde ni tampoco ha respondido pedidos reiterados del CPI para que entregue copia de su plan de respuesta de salud para emergencias futuras.

El funcionario ha rehusado entrevistarse con el CPI sobre el tema desde el 28 de septiembre de 2017 pese a múltiples peticiones. Tampoco ha provisto copia de su plan de respuesta de salud pública ante emergencias. Esto, a pesar de que durante el periodo del 18 de septiembre al 31 de octubre de 2017, la mayoría de las muertes ocurrieron en hospitales, los cuales registraron un aumento de 32.3% comparado con el 2016, según datos del Registro Demográfico. En total hubo 2,336 muertes en los hospitales y salas de emergencia en dicho periodo, en comparación con el 2016, cuando murieron 1,766.

Otro hospital donde aumentó la mortalidad significativamente tras María fue el Hospital Oncológico de San Juan. Allí, entre el 18 de septiembre y el 31 de diciembre, murieron 31 personas en comparación con los 11 que murieron en promedio los tres años previos.

“A esa gente le doy F”, dijo William Carmona sobre el trato que recibió su madre, Iris Migdalia Meléndez, las veces que fue atendida en la facilidad durante el periodo de emergencia tras el huracán.

Hospital Oncológico de San Juan (Foto de Gabriel López Albarrán | Centro de Periodismo Investigativo)

Meléndez, quien padecía de cáncer del pulmón, fue llevada al Oncológico la misma semana del paso de María por problemas para respirar. No obstante, fue dada de alta unos días después, a pesar de que su hijo asegura que se encontraba “grave”.

Cuando fueron a visitar al doctor de cabecera de Meléndez, una semana después del huracán, éste les indicó que no la debieron dar de alta. El médico la reingresó ese mismo día en el Oncológico. En esa ocasión, permaneció en el hospital dos semanas. Recibió una quimioterapia y la dieron de alta nuevamente.

En su casa, Meléndez no tenía luz, ni oxígeno, lo cual agravó su condición de salud. Por tercera ocasión, la tuvieron que llevar al hospital donde fue dada de alta rápidamente de nuevo. Poco después, falleció en el hogar por “cáncer de origen indeterminado”, según el certificado de defunción. Su hijo asegura ella tenía un diagnóstico específico de cáncer de pulmón.

La Dra. Cruz María Nazario, epidemióloga y catedrática de la Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, y quien ha estudiado de cerca la relación entre la mortalidad del huracán y la respuesta del gobierno de Puerto Rico, enfatizó que el responsable de la prevención, preparación y ejecución de la respuesta de salud pública es el secretario Rodríguez Mercado.

“¿Qué tipo de alerta escuchaste durante el huracán para las farmacias, para los hospitales, para los centros de ancianos, para los centros de diálisis? ¿Qué recomendaciones dio el Departamento de Salud para esas instituciones que tienen que proveer los servicios de salud a la gente con las enfermedades crónicas? ¿Qué anuncio se dio? Ninguno”, puntualizó.

Destacó que, pese a las duras lecciones de María en cuanto al colapso del sistema de salud, a un año del desastre, la planificación y los mensajes de prevención no han sido corregidos, por lo que la población sigue en posición precaria y vulnerable ante un próximo evento. Según dijo, Salud está promoviendo que la gente tenga un “plan de emergencia personal” y que se preparen para 10 días, cuando el sistema de salud —las farmacias, clínicas, centros especializados y hospitales— estuvieron colapsados semanas y meses tras el ciclón.

A su juicio, el mensaje que ha estado promoviendo Salud es: “La culpa es tuya. Si tú no te preparas, y te mueres, la culpa es tuya”.

“Eso es echarle la culpa a las personas que hemos sido las víctimas de las fallas del sistema, del sistema de salud de nuestro país. La pregunta que hay que contestar es: ¿cómo se va a fortalecer el sistema? Aquí lo que falló fue el sistema, no la gente, la gente es la víctima. No le podemos seguir echando la culpa a la gente”, insistió.

Hospitales con menos mortalidad

El Secretario de Salud asegura que ordenó el cierre de dos hospitales tras el huracán: el Buen Samaritano en Aguadilla y el Ryder en Humacao. Sin embargo, la Secretaria Auxiliar de SARAFS, al ser entrevistada por el CPI en marzo de este año, indicó que solo se ordenó el cierre del Buen Samaritano porque tenía pacientes entubados en la Unidad de Cuidado Intensivo y dependientes de ventilador, sin energía eléctrica y operando con un solo generador. El hospital no contaba con un generador de resguardo.

Hospital Ryder de Humacao (Foto de Gabriel López Albarrán | Centro de Periodismo Investigativo)

Ambos hospitales registraron una baja en la mortalidad después de la emergencia, según encontró el CPI, pero de acuerdo a testimonios y visitas, las condiciones de los mismos no eran las adecuadas para atender los pacientes.

El 30 de agosto de 2018, a casi un año del paso del huracán, el hospital Ryder publicó un vídeo en la red social de Facebook donde aceptan la magnitud de la destrucción a sus instalaciones por María.

“El azote del huracán al hospital fue devastador”, sostuvo en la grabación Edward Rivera, presidente de la Junta de Directores del Ryder.

La instalación hospitalaria, que es la principal de la región este y está denominada por el gobierno como ancla durante la emergencia, tuvo daños en el techo, lo que provocó que se dañaran equipos médicos y las habitaciones, provocando un corre y corre para mover a todos los pacientes al primer piso.

El director ejecutivo, José Feliciano, aseguró que estuvieron un mes sin recibir admisiones porque fue necesario cerrar cuatro de los cinco pisos del hospital por los daños. Sin embargo, rechazó que el Departamento de Salud haya cerrado el hospital, como dijo el secretario Rodríguez Mercado, y aseguró que la decisión de no hacer hospitalizaciones fue voluntaria.

Al momento del paso del ciclón, en Ryder había 79 pacientes hospitalizados, la mayoría de los cuales fueron dados de alta. Para el 4 de octubre, indicó, quedaban 19 pacientes hospitalizados, los que fueron transferidos a los hospitales Oriente e HIMA en Humacao, y a otros en San Juan en lo que esperaban por la autorización del Departamento de Salud federal para poder hospitalizar en la Casa de Salud, una instalación de cuido prolongado detrás del Ryder que opera con fondos federales.

El pasado 10 de septiembre, a casi un año de María, comenzaron a usar el segundo nivel del hospital tras haberlo reparado, aumentando a 64 las hospitalizaciones. En octubre, esperan abrir otro nivel y alcanzar así la capacidad máxima de 165 camas, como antes del huracán.

Otro hospital donde bajó la mortalidad fue el Universitario en San Juan, el principal hospital de adultos que opera el Gobierno de Puerto Rico. Sin embargo, casos como el de Rafael Villegas Jiménez demuestran que las condiciones que imperaban no eran las apropiadas y que, además, había problemas de comunicación con los familiares de los pacientes.

Al momento del paso de María, Villegas Jiménez, de 78 años, se encontraba hospitalizado en el Hospital de Psiquiatría Forense de San Juan. En dicha institución, también del gobierno, Villegas Jiménez enfermó de pulmonía, según su yerno, Alvin Rodríguez Lynch, por lo que fue trasladado al Hospital Universitario sin avisar a nadie en la familia.

Allí llevaba dos semanas hospitalizado cuando llamaron a su hija para informarle del traslado. Cuando ella fue a visitarlo, no le permitieron la entrada porque el Hospital de Psiquiatría Forense no envió el documento de las personas autorizadas a verlo.

“(Su hija) nunca pudo verlo (con vida), porque la próxima vez que la llamaron fue para decirle que había fallecido”, recordó Alvin.

Luego, cuando fueron al hospital, la doctora que manejó su muerte les dijo que al parecer los problemas de higiene causados por los vaivenes eléctricos le provocaron una infección en la sangre, relató Rodríguez Lynch. El hombre no recuerda el nombre de la doctora y el certificado de defunción fue procesado por el hoy comisionado interino del Negociado de Ciencias Forenses (NCF), Dr. Carlos Chávez, porque se trataba de un interno. El NCF no proveyó detalles sobre el caso pese a una solicitud del CPI.

Villegas Jiménez murió el 8 de noviembre de 2017 de “shock séptico”, provocado por una sepsis, según el certificado de defunción. La causa básica fue “pneumonía aspirativa”.

Un shock séptico es un estado de tensión arterial baja, potencialmente mortal debido a la septicemia.

Según el galeno, en la mayoría de los casos la septicemia se produce por bacterias que por lo general se adquieren en un hospital. Las infecciones que producen septicemia pueden comenzar en los pulmones, el abdomen o el sistema urinario.

Durante los tres meses que siguieron al huracán, en Puerto Rico murieron 324 personas de sepsis, lo que implica un aumento de 43.4% en comparación con el 2017. Esta fue una de las causas de muerte que más se disparó en Puerto Rico tras María, entrando por primera vez entre las 10 principales de muerte en la Isla.