Ricardo Rosselló en 2017, días después de Huracán María (Photo del U.S. Army National Guard)
Los planes de emergencia del gobierno central y del Departamento de Salud (DS) fueron entregados parcialmente el lunes al Centro de Periodismo Investigativo (CPI), a solo horas de la vista citada para el martes por el juez Anthony Cuevas ante la demanda de acceso a la información que presentó el grupo de periodistas.
El Plan de Emergencias Operacional del Departamento de Salud (POE) llegó cerca del mediodía del lunes, pero está incompleto, pues omite sus anejos alegando que no son de divulgación pública. El plan entregado fue promulgado por el secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, en marzo de 2018 y tiene escasa información, está lleno de oraciones genéricas, e incluso contiene cifras obsoletas (como la población de Puerto Rico que ubica en 3.7 millones). El documento omite detalles esenciales como la lista de hospitales regionales que serían designados como ancla en situaciones de emergencia o desastres naturales, y los métodos alternos de comunicación en caso de que fallen la telefonía y el internet, como ocurrió por cerca de tres meses tras el paso del huracán María el año pasado.
El plan entregado sin anejos no hace referencia a cómo se manejarán los servicios de salud a pacientes con condiciones crónicas como enfermedades renales, cáncer, y diabetes así como los oxígeno-dependientes, que estuvieron entre las principales víctimas mortales del huracán María debido al colapso del sistema de salud público y privado de Puerto Rico.
El documento tampoco detalla cómo el Departamento de Salud comunicará a la población las instrucciones y direcciones correspondientes cuando ocurran emergencias de salud pública, uno de los principales fallos del gobierno en su respuesta durante María, según determinó el estudio de la mortalidad de María encomendado por el mismo gobierno a la Universidad de George Washington. El plan entregado, que según Salud fue actualizado tras el desastre del huracán, se limita a decir que “las comunicaciones públicas se llevarán a cabo como lo establece el Plan de Comunicaciones del DSPR”, refiriéndose al Departamento de Seguridad Pública. Ese “Plan de Comunicaciones” no fue entregado al CPI por la agencia.
De las aproximadamente 3,000 muertes que el gobierno estima fueron provocadas por el desastre, la mayoría fueron disparadas por problemas de acceso y adecuacidad de los servicios de salud, según han revelado investigaciones del CPI.
Incluso, entre la lista de 18 anejos incluida en el plan hay uno que contradictoriamente se llama “Información Pública de Emergencia”, pero Salud indica que es confidencial.
El CPI solicitó este plan desde el 16 de marzo, pero el documento incompleto solo fue entregado después de que la organización demandara a la agencia y al secretario Rodríguez Mercado.
Tras conocer el lunes que este plan fue promulgado el 29 de marzo de 2018, el CPI pidió copia del Plan que Salud sostiene estaba vigente durante María, pero la agencia no ha respondido la solicitud.
Manejo de Emergencias tampoco entrega material completo
Por su parte, el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) envió cerca de las seis de la tarde del lunes dos documentos: uno llamado Plan Operacional Conjunto para Incidentes Catastróficos de 236 páginas y fechado en octubre de 2018, y que no ha sido promulgado por el gobernador Ricardo Rosselló; y otro documento titulado Plan Operacional Conjunto para Incidentes Catastróficos de 40 páginas y promulgado por Alejandro García Padilla en septiembre de 2016.
Este es un anejo que forma parte del Plan Operacional de Emergencias que no fue entregado en su totalidad, según solicitado por el CPI. En varias instancias, el anejo hace referencia a otras partes del Plan Operacional y a otros anejos específicos que complementan la respuesta a una emergencia. Tal es el caso del Anejo de Funciones de Apoyo de Emergencias que es otro documento dentro del plan que incluye las áreas medulares como vivienda y salud, y cómo se atenderán durante las operaciones de respuesta ante cualquier emergencia o desastre en la isla. Además, el Plan Operacional de Emergencias detalla en la sección IV. B, que tampoco se incluyó, las responsabilidades de los sectores gubernamentales y privados. El anejo entregado al final explica que se utilizará como complemento al Plan Operacional.
“Ese es un anejo que resume a grandes rasgos lo relacionado a un huracán. Como ese, hay un anejo para terremotos, desalojos, etcétera. Pero todo está detallado con las responsabilidades y deberes de las agencias en el Plan Operacional”, confirmó el exdirector de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, Miguel Ríos.
El Plan Operacional de Emergencias tiene además como anejos los planes particulares de cada una de las agencias del gobierno.
“El Plan Operacional de Emergencias que este servidor firmó tiene más de trescientas páginas y se hizo en coordinación con las agencias federales, el sector privado y organizaciones no gubernamentales”, aseguró al CPI Ángel Crespo, que dirigía la agencia y aparece firmando el documento.
Sin haber revisado el Plan de Operacional de Emergencias, sino solo el anejo, se confirma que el gobierno mintió al decir en el informe de la Universidad George Washington sobre las muertes que el plan estaba diseñado para responder a un huracán categoría 1, ya que el anejo enviado explica que los supuestos están basados en el posible impacto de un ciclón entrando por el este del país con vientos de categoría 4.
La vista en el Tribunal de San Juan está citada por el juez Cuevas para el martes a las 2pm en la Sala 904.
