Christian Sobrino, director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal y representante del Gobernador ante la JCF. (Foto tomada de Twitter)
Por Luis J. Valentín Ortiz
El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) demandó el lunes al Gobierno de Puerto Rico para que haga públicos todos los planes de implementación e informes de progreso que ha sometido hasta el momento a la Junta de Control Fiscal.
Los planes de implementación detallan cada una de las medidas que deben realizar las agencias y corporaciones públicas para cumplir con los planes fiscales, tales como consolidaciones, recortes en nómina y reducción en gastos operacionales. Hay otros que cubren las medidas del Gobierno para aumentar los recaudos, al igual que reformas como las de pensiones, bienestar social, energía y salud.
Los informes mensuales de progreso, por su parte, retratan cómo va el Gobierno en la implementación de esos planes y los ahorros logrados, si alguno, hasta el momento.
La acción legal, radicada en el Tribunal Superior de San Juan, es contra el principal oficial financiero del Gobierno (CFO), Raúl Maldonado, y el director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y representante del gobernador ante la Junta, Christian Sobrino.
“Los documentos, materiales e información solicitados por el CPI son originados, conservados y/o recibidos por una dependencia del ELA. Por lo tanto, son documentos y materiales públicos, a los cuales cualquier ciudadano puede tener acceso u obtener una copia si así lo solicita”, lee la demanda.
Según la página web de la Junta, el Gobierno ha entregado 91 planes de implementación de un total de 129 que le fueron requeridos. Ninguno de estos planes se ha hecho público. En cuanto a los informes mensuales de progreso, el Gobierno ha sometido a la Junta poco menos de la mitad de los informes requeridos.
Tras culminar una reunión pública de la Junta el pasado 28 de marzo, el CPI cuestionó a Maldonado sobre por qué el Gobierno no había entregado todos los documentos pedidos por la Junta.
“Porque ahora mismo llevo 30 días en la posición [de CFO]. Lo que hicimos fue que asignamos recursos a agencias más sensitivas como Seguridad Pública, Salud, la parte económica. De ahí estamos yendo a todas las demás. Ahora mismo estamos en aproximadamente 100 agencias donde tengo recursos asignados para esto [los planes de implementación e informes de progreso]”, dijo Maldonado, quien agregó que los recursos incluyen personal de carrera de la Oficina del CFO, los consultores privados Deloitte y BDO, y “otros contratistas locales”. Contrario a lo que expresó el funcionario, Maldonado ejerce como CFO del Gobierno desde enero de 2017.
A principios de febrero, el CPI solicitó a la Oficina del CFO todos los planes de implementación e informes de progreso entregados a la Junta. A pesar de que la oficina que dirige Maldonado es la responsable de coordinar la entrega de estos documentos según el plan fiscal, la petición fue referida por La Fortaleza a AAFAF.
Al cabo de un mes, AAFAF realizó una entrega parcial de los documentos solicitados en un CD. Dejó fuera todos los planes de implementación y más de la mitad de los informes de progreso que, según la Junta, ya fueron sometidos por el Gobierno.
Entre los informes de progreso no entregados al CPI se encuentran agencias clave como la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, el Negociado de la Policía, el Departamento de la Familia, el Departamento de Justicia, el Departamento de Transportación y Obras Públicas, la Autoridad de Carreteras y la Universidad de Puerto Rico. Algunos de los documentos entregados son ilegibles, mientras que otros tienen tachones sin justificación.
El CPI dio seguimiento para obtener la totalidad de los documentos solicitados y atender las deficiencias identificadas en la entrega del 8 de marzo. Sin embargo, al día de hoy, el CPI todavía espera por la respuesta de AAFAF.
“Toda la información solicitada es información pública y de alto interés público para el Pueblo de Puerto Rico”, enfatiza la demanda radicada por la representación legal del CPI, los abogados Luis José Torres Asencio y Steven Lausell de la Clínica Legal de la Universidad Interamericana.
Hallazgos preliminares
Información tachada sin justificación; datos incompletos o ausentes; retrasos en la implementación y el reconocimiento de parte de algunas agencias del Gobierno de que hay medidas que no pueden implementar. Este es el saldo de una revisión inicial de la entrega que hizo AAFAF al CPI.
Ninguno de los tachones realizados y que ocultan información en los informes de progreso está justificado por el Gobierno. Las agencias con tachones en sus informes van desde la Administración de la Industria y el Deporte Hípico hasta el Departamento de Educación. Uno de los informes de progreso de Educación muestra como un “action item” el cierre de 307 escuelas. El indicador de progreso: haber conseguido el cierre de 255. Un comentario sobre esta medida aparece tachado.
Durante la vista pública de la Junta a finales del pasado mes de marzo, la directora ejecutiva de la entidad impuesta por la ley PROMESA, Natalie Jaresko, enfatizó que los planes de implementación e informes de progreso “dan transparencia” al proceso, tanto para la Junta como para la ciudadanía. Esto a pesar de que ninguno de estos documentos han visto la luz pública.
Ambos documentos son exigencias de la Junta como parte de los planes fiscales del Gobierno. En la última vista de la Junta — cuya discusión giró en torno a la falta de entrega de planes de implementación e informes de progreso en el Departamento de Seguridad Pública — Sobrino manifestó que PROMESA no exige al Gobierno producir y entregar planes de implementación a la Junta. Para el funcionario, estos documentos son “herramientas de ejecución” para las agencias.
Jaresko, en cambio, piensa diferente. “Hay dos perspectivas. Una es que el plan fiscal necesita ser impuesto. Esos requisitos de informar son parte del plan fiscal. Ese es un ángulo por el cual creo [que es requerido]. El segundo es que la Junta tiene el derecho por ley para exigir cualquier información e informe según dice otra sección en la ley PROMESA. Por lo tanto yo diría que si no se mira desde el plan fiscal – con lo cual estoy en desacuerdo – se puede mirar de forma aparte, y el Gobierno está supuesto a responder a cualquier información solicitada”, manifestó Jaresko en un aparte con el CPI.
Durante la vista, la directora ejecutiva enfatizó que los planes e informes deben ser “claros, con objetivos medibles, para que no solamente veamos lo que está pasando, pero también entender lo que no está ocurriendo y por qué no está ocurriendo”. A juzgar por los documentos revisados hasta el momento por el CPI, las palabras de Jaresko parecen ser más una aspiración que la realidad.
Muchos de los informes de progreso entregados describen de manera incompleta los “ahorros” — o recortes — que han logrado hasta el momento. Otros no contienen una sola cifra en las partes donde deben detallar los ahorros logrados por mes. Hay casos como el del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, cuyo informe de progreso del mes de agosto muestra que una cuarta parte de las medidas que deben implementar tienen “issues” de financiamiento, mientras que ocho de las 35 medidas que detalla no recibieron partidas presupuestarias para ser ejecutadas.
Los informes de progreso también muestran retrasos en la implementación de medidas. Desde agosto, el Departamento de Corrección advertía que no lograría implementar a tiempo el programa “out of state”, o el traslado de presos a cárceles en los Estados Unidos — una medida para recortar gastos operacionales y dar paso a la consolidación de instituciones penales en la isla. Sin embargo, el informe decía que esperaba dar inicio al programa para octubre del 2018. Esto no ha pasado todavía, según informó el CPI.
En algunos casos, la agencia muestra en sus comentarios resignación por no poder implementar ni una sola medida. Este es el caso de la Comisión Industrial, la agencia administrativa encargada de revisar las decisiones de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, asegurándose de que se den “tratamientos médicos adecuados y compensaciones justas y razonables”. Su informe de progreso no dice más que esta cita: “El presupuesto operacional de la Comisión Industrial de Puerto Rico para el año fiscal 2018-2019 fue reducido drásticamente. Ante este hecho, no podemos presentar proyectos que representen economías, ya que con el presupuesto actual aprobado no tenemos margen para operar en un cien por ciento (100%) de capacidad”.
Cada año el Gobierno debe entregar a la Junta nuevos planes de implementación. La Junta anunció esta semana que espera certificar en o antes del 9 de mayo un nuevo plan para el Gobierno central. En el último plan fiscal que entregó el Gobierno en marzo, dejó fuera la sección que exige la entrega de los planes de implementación e informes de progreso. La Junta se expresó opuesta a esta movida y pidió la inclusión de este lenguaje.
