Amenazado el patrimonio histórico por el proceso de recuperación tras María

La casa de Rosa Ramos Burgos, en Aguirre, Salinas, quedó destruida luego del paso del huracán María.
(Foto de Gabriel López Albarrán | Centro de Periodismo Investigativo)

por Damaris Suárez

Estaba sentada en las escaleras de lo que fue su residencia por casi cuatro décadas con un álbum de fotos de la impresionante casona histórica construida en 1910 en los predios de la Central Aguirre de Salinas. Ahora quedan escombros y algunas paredes. Ya no hay techo, ni rastro de lo que fue la cocina o la sala. Algunas ventanas protegen el corredor principal. Tampoco hay muebles. El huracán María se los llevó.

A sus 90 años Doña Rosa Ramos Burgos jamás pensó quedarse sin techo. En un abrir y cerrar de ojos, el huracán destrozó el hogar que casi dos años después, no ha podido reparar.

Doña Rosita es ejemplo de los cientos de adultos mayores que residen en estructuras históricas afectadas por el huracán María y que por la falta de fondos de recuperación disponibles, no han podido reparar sus viviendas, ya que los trabajos de rehabilitación en las zonas históricas están altamente reglamentados y prohíben intervenciones en las estructuras que impliquen un cambio a lo existente.

Esta reglamentación, que busca preservar el valor histórico de dichas edificaciones, aumenta además el costo de la reconstrucción de miles de hogares que fueron afectados por el ciclón, cuyo arreglo implica una restauración especial.

Ángel Manuel Batista de 82 años y Judith Sánchez, de 72, pasaron el huracán solos en su residencia de la calle Montaner en el casco histórico de Ponce, una estructura de madera construida hace 100 años y donde pasó gran parte de su vida Mercedes Pérez de Serrallés, matriarca de la familia Serrallés.

Ubicada al costado del Parque de los Próceres de Ponce, todavía son evidentes los estragos causados por el huracán. A duras penas, la pareja —que sobrevive con lo que reciben del Seguro Social— pagaron con su dinero para remendar el techo. El arreglo no evita que el agua percole cada vez que llueve, aunque un toldo azul al menos permite que ambos continúen viviendo allí, con la esperanza de recibir ayuda para repararla.

Las paredes laterales están perforadas, las puertas apenas cierran, mientras que el piso de los dormitorios está cediendo por el evidente daño estructural a los cimientos. Duermen allí con el riesgo de que la estructura se desplome en cualquier momento.

Don Ángel, con problemas de movilidad debido a su condición de neuropatía diabética, asegura que nunca han recibido ayuda de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) ni de la Oficina de la Zona Histórica adscrita a la Oficina de Ordenación Territorial del Municipio de Ponce.

“Los de FEMA ni han venido por aquí… Yo fui al Municipio, allá a [la Oficina de] Zona Histórica, ¿y qué me dijeron allá? Me dijeron ‘yo no tengo dinero’, ‘no hay dinero para arreglar tu casa porque tu casa está en mal estado’. Muchos problemas me pusieron. ¿Y cómo yo voy a arreglar la casa?”, cuestionó.

Ángel Manuel Batista denunció que no ha recibido ayuda económica de ninguna entidad gubernamental para poder reparar su casa en la zona histórica adyacente al Parque de los Próceres de Ponce. (Foto de Gabriel López Albarrán | Centro de Periodismo Investigativo)

En Puerto Rico existen unas 12 zonas históricas designadas por la Junta de Planificación, con el endoso del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Una zona histórica está formada por un conjunto de estructuras que datan de más de 50 años y que comparten características particulares.

María Rodríguez, de la organización sin fines de lucro PathStone, denunció que no hay recursos disponibles para ayudar a familias como la de Doña Rosita y Don Ángel, de adultos mayores de escasos recursos que no cuentan con la asistencia técnica ni cualifican para el programa de reconstrucción de FEMA, porque el costo de la reparación excede los fondos disponibles.

Rodríguez aseguró que, como Don Ángel y su esposa Doña Judith, hay otros residentes que viven en zonas históricas y ante los daños provocados por el huracán a sus residencia, no tienen otra opción que permanecer en ellas enfrentando riesgos porque la asistencia que recibieron —si alguna— fue mínima y no pueden demoler ni relocalizarse.

PathStone, una organización sin fines de lucro dedicada a fortalecer comunidades y crear autosuficiencia mediante vivienda digna y oportunidades de empleo, ha orientado a cientos de ciudadanos que enfrentan este dilema, la mayor parte de ellos, adultos mayores y de escasos recursos.

“Tenemos clientes que recibieron una asistencia mínima para unos trabajos que requieren mucho dinero y que requieren un especialista que sea un perito en la preservación de estructuras históricas. Nada de eso FEMA lo contempla y tenemos familias que probablemente necesitan más de $100 mil para preservar la estructura histórica, porque no tienen otra alternativa”, sostuvo Rodríguez.

En peligro la conservación del patrimonio histórico

El huracán María afectó 361 de las 4,755 estructuras históricas inspeccionadas, de acuerdo con un inventario de daños tras el ciclón realizado por la organización Para la Naturaleza junto a un grupo de estudiantes voluntarios de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico.

En total, 22 estructuras en zonas históricas colapsaron, 114 perdieron el techo o paredes totalmente, 153 perdieron parcialmente el techo o paredes y 72 estructuras sufrieron daños menores.

Los hallazgos de El Mapa de la Historia arrojaron que el área que sufrió más daños fue la que quedó al sur del ojo del huracán, siendo Ponce, la Zona Histórica de Aguirre en Salinas, Guayama, Coamo y Arroyo las más afectadas. Solamente en Guayama, 122 estructuras recibieron daños mayores y 14 colapsaron.

El estudio no solo reveló la falta de protocolos para atender las estructuras históricas inmediatamente después del huracán; sino que a 17 meses del desastre ni el gobierno federal ni el local tienen como prioridad la preservación de las estructuras históricas, ya que no se contempla en el Plan de Acción para el manejo de los fondos del Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación ante Desastres (CDBG-DR).

La mayor parte de las edificaciones históricas son residencias privadas donde la recuperación depende totalmente del dueño debido a la falta de fondos, concluye el documento actualizado a abril de 2019.

“La asistencia financiera de FEMA es insuficiente para la restauración. Los formularios no proveen apartado para identificar estructuras patrimoniales. No hay protocolos para atenderlas. Hay un prejuicio contra las estructuras en madera y los orientadores de FEMA no tienen conocimiento de cómo atender las estructuras históricas”, denunció también Ivonne Sanabria, coordinadora de Asuntos Histórico-Culturales de Para la Naturaleza, una de las directoras del inventario de daños Mapa para la Historia.

Demolición propuesta para 16,000 estructuras provoca preocupación

Desde finales de abril la Oficina Central de Recuperación (COR3) anunció el inicio del proceso de evaluación para la demolición de cerca de 16,000 estructuras afectadas por el huracán bajo el Programa de Recogido de Escombros y Demolición de Estructuras Privadas de FEMA. Para el proceso se podrían asignar hasta $400 millones, según el COR3. Para la primera etapa de evaluación de elegibilidad de las estructuras se han asignado $20 millones, dijo la agencia.

De esos $20 millones se han asignado $5.7 millones para la evaluación inicial que estará a cargo de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) con el propósito de determinar si estas estructuras cumplen con los requisitos del programa. Las estructuras fueron identificadas por los municipios.

Hasta el momento se desconocen cuáles estructuras se propone demoler y si entre estas hay edificaciones con valor histórico abandonadas que, aunque hayan sufrido daños por el huracán, puedan ser restauradas para mantener el patrimonio histórico.

Lo cerrado del proceso y la especulación de grandes intereses que pretendan desarrollar nuevos proyectos en zonas de alto valor donde en la actualidad ubican estas estructuras preocupa a la comunidad defensora del patrimonio histórico, advirtió la arquitecta Diana Luna Serbiá.

A esto se suma una orden ejecutiva firmada por el gobernador Ricardo Rosselló para agilizar el proceso de demolición y recogido de escombros que permite la intervención del gobierno en propiedades abandonadas y autoriza a los municipios a expropiarlas sin contar con los dueños.

Luna Serbiá, presidenta del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas explicó que, para demoler una estructura histórica, se requiere el aval de la Oficina Estatal de Conservación Histórica (una agencia federal) y la Oficina de Patrimonio Edificado del Instituto de Cultura Puertorriqueña.

Sin embargo, esta última parecía estar al margen del proceso ya que hace unos meses ni siquiera había recibido la orden ejecutiva. Fueron las organizaciones privadas y portavoces de colegios profesionales dedicados a la preservación quienes le hicieron llegar el documento aprobado por Rosselló el 13 de noviembre de 2018.

“En principio, cercano a febrero, ellos decían que desconocían que esto iba a suceder. Que a ellos no les había llegado la orden ejecutiva”, dijo la arquitecta.

Las que demolerían son las estructuras que quedaron deshabitadas. La preocupación de la arquitecta es que en ese listado se hayan incluido edificios en zonas históricas como los cascos urbanos que son de alto valor y que, pese a que se pueden rehabilitar, el Gobierno opte por demolerlas. La orden ejecutiva autoriza a los municipios a demoler estructuras sin contar con los dueños si las considera que están abandonadas. “El peor delito de esa orden ejecutiva es ese, que les otorga toda la potestad a los municipios a demoler estructuras sin contar ni informar a los propietarios. En el caso de usufructos, los dueños o herederos no tendrían derecho ni a protestar. Aunque te habla que se van a hacer unas revisiones la experiencia nos dice que no hay fondos para la restauración”, insistió Luna Serbiá.

Se suma además que en Puerto Rico hay tres listados distintos de edificaciones históricas: uno federal, otro de la oficina adscrita al Instituto de Cultura y el registro de propiedades designadas históricas aprobadas por la Junta de Planificación, lo que para la arquitecta tampoco ayuda a conocer qué criterios se utilizarán al momento de emitir los endosos y qué estructuras serán consideradas históricas. Según esta, el COR3 le comunicó que ellos tenían expertos para evaluar las edificaciones, lo que en realidad le corresponde a la Oficina Estatal de Conservación Histórica y a la Oficina de Patrimonio Edificado del ICP.

Preocupado el Instituto de Cultura Puertorriqueña

El arquitecto Pablo Ojeda, director de la Oficina de Patrimonio Histórico Edificado del ICP, señaló que el proceso le levantó suspicacia porque su agencia no ha sido incluida en la evaluación de las edificaciones.

“Esto no es declarar esta moratoria que todo se vale, no. Hemos sido muy insistentes en que el Instituto, como entidad que es la que endosa proyectos y que tiene ministerialmente que velar [por la preservación del patrimonio], esté presente y se le consulte”, sostuvo.

Pablo Ojeda, director de la Oficina de Patrimonio Histórico Edificado del ICP, denunció que su oficina no haya sido incluida en los esfuerzos gubernamentales de recuperación de edificios históricos. (Foto de Mari B. Robles López | Centro de Periodismo Investigativo)

El acuerdo firmado entre FEMA y COR3 tiene al ICP como un “socio consultor” lo que no le permite estar al mismo nivel para tomar decisiones, según el subdirector del ICP, Freddy Vélez. Desde el verano de 2018, el ICP ha insistido en que se enmiende el acuerdo para que se incluya al ICP como cofirmante del acuerdo. Hasta el momento no han tenido respuesta.

“En el ICP hemos recibido copia del acuerdo programático entre FEMA, SHPO y COR3. Sin embargo, nos pronunciamos inconformes, pues anteriormente se había comunicado la intención de que el Instituto formara parte del mismo (adjunto copia de comunicación del subdirector del ICP, Sr. Freddy Velez)”, dice una comunicación mediante correo electrónico enviada por el ICP con la versión original del acuerdo de entendimiento y las enmiendas que pide el ICP.

Sin especificar si la agencia se opone es COR3 o FEMA, Carlos Ruiz, director ejecutivo del ICP dijo que la posición oficial de su agencia es que debe ser incluida en el acuerdo. “Estamos en esa discusión. Esperamos firmar prontamente. Son dos agencias hermanas. No debe haber ningún tipo de inconvenientes”, añadió.

Por su parte, Crespo confirmó que en el listado inicial de cerca de 16,000 hay edificaciones históricas.

“Hace un par de meses hubo una reunión… desde un principio el ICP a través de mi oficina levantó bandera roja sobre esto y sobre la deseabilidad de que nosotros estuviéramos involucrados en el proceso… Los municipios hicieron un listado de esas posibles propiedades. Algunas tienen no tienen valor histórico, otras sí… Es complejo porque hay que ir municipio por municipio”, dijo Crespo.

El único arreglo que, a dos años del paso de María, han podido hacer Ángel Manuel Batista y Judith Sánchez ha sido en el techo. Aún así, la casa centenaria en la que viven tiene filtraciones serias cada vez que llueve. (Foto de Gabriel López Albarrán | Centro de Periodismo Investigativo)

La lista secreta de FEMA y COR3

Aunque desde el 23 de abril el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) ha intentado tener acceso al listado de estructuras a ser demolidas, ni FEMA ni las agencias estatales han provisto el documento. En el caso del COR3, tampoco se respondió a una solicitud de entrevista solicitada desde esa fecha.

No obstante, el CPI abordó al director ejecutivo del COR3, Omar Marrero, y este afirmó que no puede hacer pública la información sobre cuáles estructuras fueron identificadas preliminarmente para ser demolidas hasta tanto se culmine el trabajo de revisar el listado.

Dijo que en coordinación con FEMA, AFI y los municipios se encuentra en el proceso de confirmar si estos edificios cualifican para la propuesta demolición, se verifique si los residentes han accedido a ser reubicados para proceder con la demolición, o si la propiedad no está habitada.

“Lo que vamos a hacer es depurar ese listado para finalmente confirmar que las propiedades que se identificaron son elegibles y que tienen todas las aprobaciones requeridas”, sostuvo Marrero.

Marrero aseguró que no debe haber preocupación sobre el futuro de las estructuras con valor histórico afectadas por el huracán ya que se seguirá un proceso de evaluación de acuerdo con las leyes ambientales federales de FEMA y regido bajo la normativa federal de preservación histórica y ambiental.

Al cuestionar las razones por las cuales no se ha incluido formalmente al ICP en el acuerdo para participar del proceso, Marrero sostuvo que por ser fondos federales, el ICP no es la encargada de la aprobación.

“El Instituto de Cultura no es la agencia correspondiente. La agencia correspondiente es la Oficina de Conservación Histórica (SHPO). Se firmó un acuerdo programático con SHPO para esta certifique que se cumplió con todo”, insistió.

Por su parte, Juan A. Rosado Reynés, portavoz de FEMA en Puerto Rico confirmó que el COR3 le dio una lista provisional al equipo del programa de Recogido de Escombros en Propiedad Privada de la agencia federal de unas 15,400 propiedades comerciales o privadas.

Estas propiedades fueron propuestas por los municipios, ya sea porque tienen grandes cantidades de escombros debido a los daños ocasionados por el huracán, o se han convertido en estructuras inseguras que requieren ser demolidas, o ambas cosas.

Según el portavoz de FEMA en Puerto Rico, para que estas estructuras permanezcan en esta lista y se consideren elegibles para recibir fondos federales para su demolición, la estructura tiene que constituir un riesgo para la salud o seguridad de los ciudadanos como consecuencia del huracán.

“Una vez se determina que la propiedad o estructura en la lista cumple con todos los criterios, se remite al sector de Conservación Ambiental e Histórica (PHO) de FEMA para que sea rigurosamente evaluado en coordinación con la Oficina Estatal de Conservación Histórica (SHPO) en cuanto a los aspectos históricos y ambientales. Esta parte del proceso se rige por una variedad de leyes ambientales federales y estatales, así como por la sección 106 de la Ley Nacional de Conservación Histórica (NHPA)”, explicó.

De acuerdo con el funcionario, hasta el momento no ha recibido una lista oficial de ningún sitio propuesto para su evaluación con fines de demolición o recogido de escombros.