Pedro Pierluisi (Foto de Dennis A. Jones/Metro PR)
por Eliván Martínez Mercado y Omar Alfonso | Centro de Periodismo Investigativo y La Perla del Sur
SAN JUAN, Puerto Rico — El abogado y cabildero Pedro Pierluisi discutió, durante su breve intento por gobernar a Puerto Rico, las negociaciones para que uno de sus pasados clientes, la empresa AES, pueda generar electricidad con gas natural en su planta de Guayama.
Esta conversación de Pierluisi sobre la carbonera la confirmó José Ortiz, director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y La Perla del Sur. Pierluisi representó a la empresa hasta el día antes de entrar a La Fortaleza y, a pesar de que lo exige la ley, no hizo una consulta a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) antes de hablar sobre esas negociaciones.
“Hay unos grandes indicadores de que Pierluisi cometió una violación crasa a la Ley de Ética Gubernamental”, sostuvo el abogado Julio Fontanet, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. “Es preocupante y deja mucho que desear, particularmente en las circunstancias en que ostentaba el puesto de gobernador, de dudosa legalidad, lo que significa que debió ser más prudente de lo usual”.
La representante penepé María Milagros Charbonier dijo en entrevista que se opuso a este nombramiento precisamente por los posibles conflictos de interés que podía enfrentar Pierluisi siendo gobernador y exabogado de clientes como AES.
“Sí, pero no hablamos nada que yo no haya dicho públicamente”, alegó Ortiz. Para Fontanet, eso es igualmente problemático: “la Ley no diferencia si la información que se discute es pública o no”.
Cuando Pierluisi intervino en la Cámara de Representantes en favor de AES
El día en que la representante Charbonier levantó el teléfono para responder una llamada de Pierluisi, lo hizo por la persona de la que se trataba: un excomisionado residente en Washington y una de las figuras clave de su Partido Nuevo Progresista. Pero no conocía el motivo de esa comunicación. “Él no me dijo que era cabildero. Llamaba por un cliente de su bufete de abogados”, dijo Charbonier. Pierluisi estaba interviniendo en favor de AES y en contra del Proyecto del Senado 1221, que busca prohibir el depósito y disposición de cenizas de carbón en terrenos y vertederos de Puerto Rico, al igual que el Agremax, mezcla de agua y cenizas.
“El proyecto llegó a finales de mayo a la Cámara de Representantes. Estábamos en los trámites finales. Pierluisi entendía que ese proyecto lo iban a mandar a mi Comisión y ahí me hace la llamada. El punto es que él entendía que no debía proceder esta ley”, sostuvo Charbonier. “La barbaridad es que Pierluisi se pone a favor de una empresa que pone en riesgo la salud y la vida humana”.
La Comisión de Recursos Naturales y Asuntos Ambientales, que dirige el representante penepé Joel Franqui Atiles, tiene ante su consideración el PS 1221 desde el 29 de mayo de 2019.
Pierluisi aseguró durante las vistas de confirmación de su nombramiento en la Cámara de Representantes, que el primero de agosto había cesado sus funciones en la firma legal O’Neill & Borges, por medio de la cual daba servicios a AES.
El artículo 4.2, inciso (g), de la Ley de Ética Gubernamental indica que un servidor público no puede intervenir, directa o indirectamente, en cualquier asunto en el que él, un familiar o su socio tenga un conflicto de interés que resulte en la obtención de un beneficio para cualquiera de ellos. Tampoco podrá tomar acción sobre un tema en el que pueda haber conflicto de interés hasta dos años después de su nombramiento. El artículo 4.5 le ordena informar a la Oficina de Ética Gubernamental antes de llevar a cabo cualquier acción relacionada con ese posible conflicto de interés. La Ley impone sanciones administrativas de hasta $20,000 dólares por cada violación.
La asesora ejecutiva de la OEG, Jennifer Rodríguez, indicó que la agencia no podía hacer una valoración sobre estos señalamientos a Pierluisi porque si recibe un referido de investigación tiene que pasar juicio. Millie Hernández, portavoz de la firma de abogados O’Neill & Borges, no respondió si Pierluisi se reincorporará al bufete. Caridad Pierluisi, hermana del abogado y cabildero, tampoco respondió a una solicitud de información al respecto.
AES no solo tiene pendiente producir electricidad por medio de fuentes más limpias, sino que enfrenta una negociación para reducir el costo de la electricidad que venden a la AEE sus dos plantas, la de carbón y la de energía solar. Así lo exige el Plan Fiscal de la corporación pública, impuesto por la Junta de Control Fiscal, el ente creado por el Congreso de EE UU para que Puerto Rico restructure su deuda. Pierluisi también fue abogado de la Junta.
La empresa además compite, en una alianza con la empresa Siemens, en una subasta abierta para obtener un contrato para instalar baterías que den estabilidad al sistema eléctrico de la AEE.
Rosselló no acordó con AES el fin del carbón, contrario a lo anunciado
José Ortiz, quien lleva a cabo las negociaciones con la alta gerencia de AES, confirmó que el anuncio de Rosselló sobre el alegado fin del carbón en 2020 fue unilateral y por sorpresa.
“AES me dice, ‘mira, el Gobernador hizo este anuncio. Él a mí no me consultó’. Yo dije, esto no es cambiar un carro por otro en el dealer”, comentó Ortiz, dándole la razón a AES y alegando que hacer el cambio es más difícil de lo planteado por Rosselló. “Esto lleva permisos. Es un proyecto de infraestructura mayor. Es bien difícil lograrlo para el 2020”, añadió Ortiz.
La relación profesional entre Pierluisi y AES no solo es relevante por los potenciales conflictos de interés. La empresa produce el 17% de la electricidad que consume Puerto Rico y es una de las protagonistas de los cambios al sistema energético del país.
Esta se opone a la meta de política pública de la administración de Ricardo Rosselló de terminar de usar carbón para el 2020. AES alega que, si modifica su central eléctrica para generar con otro combustible, aumentará la factura de la luz. La empresa hizo esa advertencia en una moción informativa al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), entidad reguladora de sistema energético. El nuevo director de AES en la Isla, Jesús Bolinaga, indicó el pasado 13 de julio en una reunión con las comunidades aledañas a la central eléctrica en Guayama que los cambios propuestos por Rosselló no eran definitivos.
De este modo, AES puso en entredicho el anuncio que hizo en abril pasado el exmandatario Ricardo Rosselló, quien aseguró que iba a eliminar el uso de carbón para el año próximo. Rosselló sostuvo en un comunicado de prensa que había discutido con AES la conversión de sus instalaciones para generar electricidad con biomasa, gas natural o fuentes de energía renovable. La empresa no accedió a una entrevista sobre el tema.
Si AES sigue utilizando carbón, las consecuencias serán significativas para el medioambiente y la salud. A lo largo de los ocho años que le quedan de contrato con la AEE, produciría otros dos millones de toneladas de cenizas que tendrían que depositarse en algún lugar (a razón de 20,833 toneladas mensuales, según documentos de la carbonera). La empresa ya mantiene en su solar cerca de 400 mil toneladas de estas cenizas y existen al menos 2.7 millones adicionales bajo suelo de Puerto Rico, incluyendo vertederos. Al estado de Florida se han exportado casi 500,000 toneladas desde marzo de 2018, según un análisis del CPI y La Perla del Sur sobre las exportaciones de este material.
La AES sostiene que el cambio a una nueva fuente de energía conlleva unos pasos que se deben hacer de forma “cuidadosa” para prevenir problemas con la red de la AEE. Advierte en su moción informativa que hacer el cambio en el 2020 trastoca los supuestos técnicos del nuevo Plan Integrado de Recursos, una hoja de ruta sobre el desarrollo del sistema eléctrico, que evalúa el NEPR y que está en proceso de vistas públicas. La nueva Ley de Política Pública Energética contempla que la transición del carbón a otra fuente de energía ocurra antes del primero de enero de 2028, ocho años después de lo anunciado por Rosselló.
AES alega que el posible aumento en la factura de los clientes de la AEE se debe a que cambiar a otro combustible conlleva estudios, tiempo de trabajo e inversiones en infraestructura.
La administración de Donald Trump impulsa la primera fase de un proceso de desregulación, anunciado el 30 de julio por la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés), que permitiría a AES y a todas las carboneras en EE UU almacenar cantidades ilimitadas del desecho por tiempo indefinido. Esta medida tendría el efecto de reclasificar las montañas de cenizas para que dejen de ser consideradas como vertederos y se conviertan en depósitos temporeros de material reusable. Por consiguiente, ninguna carbonera tendrá que cumplir con las normas y los requisitos para el manejo de vertederos que exige la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos, que desde 1976 reglamenta los desperdicios sólidos en EE UU y sus territorios.
La abogada en derecho ambiental Ruth Santiago Quiñones explicó que, en un escenario como este, las carboneras que almacenen cenizas no estarían obligadas a cumplir con el monitoreo de aguas subterráneas, un mecanismo que ha permitido constatar y cuantificar el alcance contaminante de este residuo tóxico.
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