Foto vía US Army (Dominio público)
Por Cristina del Mar Quiles
SAN JUAN, Puerto Rico — Una adolescente en Vieques cuyos familiares relataron cómo murió por la falta de servicios médicos allí desató hace una semana la rabia de los residentes de la Isla Nena. Los viequenses llevaron bloques de cemento a la plaza pública, en una especie de instalación de arte de denuncia, exigiendo la construcción de un hospital digno para recibir servicios de salud. Un par de días después, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) intentó aplacar las críticas a su burocracia al anunciar la obligación de cerca de $39.5 millones para el reemplazo del Centro de Salud Familiar Susana Centeno de la isla municipio destruido por el huracán María.
FEMA tenía este proyecto ante su consideración desde octubre de 2018, aunque desde febrero de ese año ya había realizado un estudio que reveló la presencia de distintos tipos de moho que representan un riesgo para la salud de las personas con sistemas inmunes comprometidos. El estudio apuntaba a la necesidad de reemplazar la estructura.
FEMA, COR3 y el Municipio de Vieques estuvieron de acuerdo en que el costo estimado del proyecto sería $49,323,985.00. De esa cantidad, las partes apuestan a que el Municipio recibirá $6.4 millones por concepto del seguro y otro millón de fondos federales de mitigación y reducción de riesgos, por lo que el costo total neto sería $43,966,327.57. De esa partida, FEMA obligó el 90% ($39,569,694.82). El 10% restante deberá ser cubierto por el Gobierno de Puerto Rico, que prevé utilizar fondos CDBG-DR, según lo permite el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos.
El nuevo estimado representa $21 millones menos de lo que inicialmente había estimado el Municipio de Vieques, y se obliga dos años y cuatro meses después del huracán María. Durante este tiempo, los viequenses solo han contado con una clínica temporal que se estableció en lo que era una escuela que servía como refugio y varios vagones que ofrecen servicios de ginecología, odontología y medicina general.
Se trata, además, de una diferencia de $6.5 millones de lo que en octubre la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, anunció como una asignación para el proyecto, pero que luego FEMA desmintió indicando que esa cifra era un acuerdo de costo fijo preliminar y no era final.
Al cuestionar a FEMA y al COR3 sobre la reducción de fondos entre el estimado inicial y el monto final anunciado, ambas agencias mencionaron que se trató de un acuerdo que el Municipio de Vieques acogió y aceptó, y que luego fue validado por un Panel de Expertos Independientes, compuesto por funcionarios de FEMA y la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción (COR3).
“El estimado de $70 millones fue uno inicial y preliminar antes de realizar un análisis más detallado. Luego de proceder con el estudio preciso, el costo total (neto) del proyecto se estimó en $43,966,327.57”, adujo COR3.
“COR3 con su equipo de ingenieros y arquitectos revisaron los estimados de costos desarrollados por FEMA y luego de un análisis profundo se determinó que el mismo es razonable y cumple con el plan del municipio para realizar el proyecto”, agregó la agencia.
La congresista Nydia Velázquez había cuestionado en febrero de 2019 al entonces oficial de recuperación de desastre Jonathan Hoyes sobre la reducción sustancial que ya se preveía en los estimados de costo para el CDT de Vieques. Hoyes le respondió que la evaluación que ya se había hecho estaba siendo revisada por el Panel de Expertos Independientes y aún no se había acordado la cantidad final.
Debate sobre la naturaleza del CDT de Vieques
Parte del debate sobre a cuánto debería ascender el estimado giró en torno a si la instalación médica debía catalogarse simplemente como un centro de salud o como un hospital. La diferencia entre ambas clasificaciones tiene que ver con la cantidad de dinero para la que sería elegible, de acuerdo con las guías de FEMA, según había advertido el pasado director del COR3, Omar Marrero en su comparecencia ante el Congreso el 9 de abril de 2019.
A lo largo de su ponencia, Marrero utilizó la palabra “hospital” consistentemente para referirse a la instalación. En esa misma oportunidad, el ahora director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico hizo múltiples denuncias sobre el proceso burocrático y atropellado que FEMA había conducido en sus evaluaciones del hospital.
La misma preocupación expresaron la congresista Velázquez y la comisionada residente en una carta con fecha del 30 de abril de 2019 al administrador de FEMA, Peter Gaynor, y que ambas firmaron.
“Ha llegado a nuestra atención que en su Memorando de Determinación de Elegibilidad, FEMA identificó la estructura como un ‘centro de atención médica’ en lugar de un hospital. Como tal, los códigos y estándares que se están aplicando para su atención pueden ser inadecuados, lo que podría resultar en menos fondos para restaurar el acceso a servicios de salud críticos y de alta calidad para los ciudadanos estadounidenses de Vieques”, lee la misiva.
“Antes de que el huracán María obligara su cierre, el centro de salud de la comunidad de Vieques claramente realizaba las funciones de un hospital”, establece, al mencionar que en el centro ubicaba la única sala de partos en la isla, tenía un centro de diálisis y albergaba la clínica de veteranos.
En la carta, Velázquez y González le piden a Gaynor que la instalación se considere como un hospital para propósitos de la cantidad que le sería asignada para su reemplazo.
Aún así, al anunciar la obligación de dinero la pasada semana, FEMA se refirió a la instalación como “centro de salud” y no como hospital, una catalogación que COR3 justificó ante cuestionamientos del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) de si le dio seguimiento a las peticiones de la congresista y la comisionada residente.
“Por los servicios que la institución ofrecía a los viequenses, el personal de COR3 que trabajó el PW junto con el municipio entendía que cumplía la función de hospital. No obstante, luego de desarrollar entre las partes el PW y acordar el estimado de costo se entiende que el dinero obligado le brindará al municipio de Vieques la posibilidad de reconstruir la institución con la capacidad de ofrecer todos los servicios hospitalarios a toda la isla municipio”, respondió.
“COR3 no ha permitido que se catalogue y se obligue un proyecto por menos de lo que entendemos le corresponda o sea razonable”, dijo la portavoz de COR3 al CPI.
Luego del anuncio de la obligación de dinero hecha el 21 de enero, un portavoz de Velázquez dijo que “este es un paso importante para proporcionar atención médica adecuada a la isla de Vieques”. Indicó que la congresista seguirá de cerca este proyecto.
El alcalde de Vieques, Víctor Emeric, expresó a través de su asistente Elizabeth Rosario, que se sentía satisfecho con la asignación, aunque esperaba que fuera un poco más, pero no creerá hasta que vea el dinero depositado en las arcas del municipio.
“Ante la desesperación y la necesidad que tiene el pueblo de Vieques de tener nuestras instalaciones médicas, el alcalde lo que dice es: ‘sean $70 millones o $39 millones, que lleguen, porque no he visto ni 25 centavos’”, dijo Rosario.
Avanti Technologies, Inc. es la compañía que el Municipio de Vieques contrató para que manejara las solicitudes y subvenciones para reparar los daños ocasionados por los huracanes Irma y María. Su vicepresidente en Puerto Rico, Edgar Rentas, autorizado por el alcalde para hablar a nombre del Municipio en este asunto, indicó que el primer estimado de $70 millones se hizo en conjunto con los asesores de COR3 “considerando las situaciones máximas en cada uno de los renglones”.
“Se refiere a que habíamos estimado materiales, labor, factor de ciudad, factor de los trabajos en Puerto Rico, los trabajos en Vieques, pero posteriormente volvimos a repasar los estimados que nos hicieron llegar de FEMA”, añadió.
“Es satisfactoria [la cifra final de $49,323,985] porque yo consulté con expertos en la construcción y diseño de hospitales y lo que nos informaron fue que se podían hacer unas facilidades ‘state of the art’ con esa cantidad de dinero”, afirmó Rentas.
El contratista reconoció que la cantidad que FEMA habría asignado si clasificaba el edificio como un hospital en lugar de un ‘centro de salud’ hubiese sido mayor. Explicó que en un principio el Centro de Salud Familiar Susana Centeno tenía licencia de hospital, pero luego el Departamento de Salud lo cambió a un centro de diagnóstico y tratamiento, y era para lo que se estaba usando la instalación antes del huracán.
“No teníamos forma de probar que era hospital cuando la verdad es que se estaba usando como CDT”, adujo.
Rentas expuso que con la obligación de fondos, FEMA también debía dar al Municipio el dinero correspondiente a los gastos administrativos, que para este proyecto suman $1.4 millones ya facturados. Sin embargo, dijo, no ha recibido ningún desembolso con ese fin.
Explicó que el próximo paso será abrir la solicitud de propuestas de compañías interesadas en desarrollar el proyecto y que espera que la construcción inicie en 2021 y que la instalación esté lista para el 2023.
La Comisionada Residente se atribuyó la presión a la asignación de los fondos, aunque no quiso responder preguntas del CPI. En un comunicado de prensa que había enviado el 8 de octubre de 2019 dijo “no es la primera vez que empujo la construcción de este hospital” y le exigió al coordinador federal de Recuperación por Desastre de FEMA, Alex Amparo, que dejara “el juego con las aspiraciones de los viequenses”, y lo acusó de ofrecer públicamente información distinta a la que le decía a ella en privado.
El COR3 indicó al CPI que FEMA le adelanta la información sobre la obligación de dinero a Jenniffer González y a la congresista Nydia Velázquez antes de emitir la comunicación oficial.
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