La estructuras maltrechas de planteles en el suroeste ponen en jaque la reanudación de clases presenciales para el próximo agosto, (Foto de Luis R. Vidal | Centro de Periodismo Investigativo)
por Tatiana Díaz Ramos
SAN JUAN, Puerto Rico — Durante la última década, Puerto Rico perdió sobre 684 escuelas públicas debido a la política de cierres impulsada por administraciones de ambos partidos políticos, o por desastres naturales como el huracán María. A estos cierres, cuyo repunte fue durante la incumbencia de la hoy acusada federal y exsecretaria del Departamento de Educación (DE), Julia B. Keleher, se suma la pérdida de aquellas escuelas que no podrán volver a abrir debido a los daños causados por los terremotos en el sur ocurridos a principios de 2020. Aunque el Gobierno ordenó un toque de queda para afrontar la pandemia del coronavirus que ya se extiende hasta principios de mayo, regresar a los salones será más difícil para los estudiantes de los municipios incluidos en la declaración de desastre de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA en inglés) tras los sismos.
Dentro de los 32 municipios bajo la declaración de desastre por terremotos, 14 pueden recibir asistencia pública de FEMA, por lo que el DE podrá solicitar fondos para reparar o reconstruir escuelas.
Aunque se limitaron a “una inspección ocular” para identificar “daños significativos causados por los eventos sísmicos registrados hasta la fecha”, los ingenieros contratados por tres agencias concluyeron que 30 de 157 escuelas evaluadas en estos 14 pueblos no están aptas para reabrir porque “evidencian daños estructurales severos”. Además, clasificaron 56 de esos 157 planteles con el código amarillo porque “observaron algunos daños estructurales que requieren atención”, por lo que solo pueden usarse parte de sus estructuras. Ante las circunstancias de aislamiento que observa la población, resulta incierto cuándo se puedan reparar o reforzar alguna de esas escuelas.
Los municipios de Guánica, Peñuelas, Sabana Grande, Guayanilla y Yauco prácticamente quedaron sin ningún centro educativo para sus 13,612 estudiantes (matriculados hasta mayo de 2019). La política de cerrar escuelas ha significado durante la última década, por ejemplo, la eliminación de 36 de 72 planteles que había en estos cinco pueblos, a los que ahora se restan 22 calificados no aptos a causa de los terremotos.
Solo uno de siete planteles de Guánica quedó parcialmente apto para abrir. Se trata de la escuela María McDougall, ubicada en el casco urbano, que solo podría albergar estudiantes en uno de sus tres edificios. Peñuelas, con la misma cantidad de escuelas, perdió tres y otras cuatro pueden abrir parcialmente, de las cuales dos presentan el defecto de la columna corta. Sabana Grande, con solo cuatro escuelas, debe dejar dos cerradas y las restantes necesitarán reparaciones antes de recibir estudiantes. Guayanilla, con solo seis escuelas, no podrán reabrir cuatro y otra solo abrirá parcialmente. En cambio, Yauco perdió siete escuelas al tiempo que otras siete solo pueden abrir parcialmente, y la única clasificada apta para abrir tiene columna corta.
La columna corta es un tipo de pared de soporte sin flexibilidad que podría provocar el colapso de la estructura como consecuencia de un movimiento sísmico.
Regresar a clases bajo carpas en espacios abiertos apenas duró unos días, porque poco después se ordenó el distanciamiento físico mediante el toque de queda. Tal fue el caso para algunos estudiantes de la única escuela declarada apta para comenzar el semestre en Guayanilla, la Gloria M. Borrero.
Según contó la maestra de matemática de nivel intermedio, Amarilis Nazario, estuvo una semana a las afueras del plantel bajo una carpa atendiendo alumnos mientras aguardaban por otras inspecciones a la escuela tras las réplicas. Explicó que la facultad, junto al director, planificaron atender estudiantes por grado ya que las carpas disponibles no daban abasto para la matrícula de más de 700 estudiantes de la escuela ubicada en el barrio Macaná.
En conversación con el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), Nazario admitió: “no estoy preparada para volver a una carpa” tras el COVID-19, al tiempo que advirtió que recibir estudiantes de las otras cuatro escuelas del municipio sería un potencial foco de contagios.
Daños en los marcos las puertas a los salones de la Escuela Dalila Torres en Guayanilla. (Foto de Luis R. Vidal | Centro de Periodismo Investigativo)
En otros casos, como el de la escuela superior Lola Rodríguez de Tió en San Germán, el segundo semestre nunca comenzó tras ser calificada parcialmente apta porque tres de sus 40 salones se afectaron con los temblores. Aunque a principios de febrero el DE aseguró que levantarían carpas en el campo de fútbol de la escuela para comenzar clases esto nunca ocurrió, confirmó el maestro de matemáticas, Ángel Nazario.
En el caso de Ponce, los estudiantes de 11 escuelas pudieron tomar clases por casi un mes entre el Complejo Ferial y un local del Centro del Sur Shopping Center luego que el DE destinara $2,102,434 del fondo de emergencia para terremotos aprobado por la Junta de Control Fiscal (JCF) para los contratos de arrendamiento de Ponce con las empresas Prime Property Management Group e Intertrade Development Group.
La Junta aprobó el 7 de enero $260 millones para atender las necesidades por los terremotos, de los que al 3 de marzo se habían gastado $103 millones según su directora ejecutiva, Natalie Jaresko.
El Departamento de Educación no contestó al CPI si los contratos de arrendamiento de Ponce serán cancelados tomando en cuenta el aislamiento ordenado hasta al menos el 1 de mayo. Tampoco ha respondido cuál es el plan para los estudiantes del sur que se quedaron sin escuelas cuando se retomen las clases presenciales.
El presidente de Prime Property Management, Abel Misla Villalba, indicó que hace alrededor de dos semanas tuvo comunicación con el DE pero aún no tomaban una decisión de suspender o aplazar el contrato. Dijo que la agencia evalúa si el próximo semestre continuará con la enseñanza a distancia. “Todavía estoy digiriendo el golpe porque hice una inversión grande y no he recibido ni un pago. Invertí sobre medio millón de dólares” en habilitar el local vacío del centro comercial, aseguró el empresario. “Queda en la cancha de ellos”, agregó aunque espera que al 1 de mayo la agencia tome alguna decisión.
A finales de enero, el secretario de la agencia, Eligio Hernández Pérez, recalcó que “por recomendación del Comité Interagencial [de Infraestructura, nombrado por La Fortaleza], y hay un consenso con el Colegio de Ingenieros y Agrimensores, para que no se utilice ninguna infraestructura del DE hasta que no se haga un proceso de reinspección de estas escuelas con unos estándares particulares para estos municipios”.
El director de la Comisión de Terremotos del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, Félix Rivera, recordó que el 5 de enero hubo una reunión en La Fortaleza donde la gobernadora Wanda Vázquez Garced anunció la creación de un task force para responder a la emergencia del sur “pero que yo sepa, eso no se ha nombrado”.
“Este es el mejor momento para bregar con esas escuelas, ahora que están vacías. Nosotros usamos capacetes, gafas de seguridad, mascarillas, botas, guantes. Es una industria que usa casi el mismo equipo que usa un médico para operar”, planteó Rivera respecto a las medidas de seguridad de la industria de la construcción. Estimó que los trabajos de refuerzo en una escuela pueden completarse entre tres a seis meses pero “alguien debería estar ahora mismo planificando eso”. “Habría que empezar ya”, insistió Rivera, si se quieren garantizar espacios educativos seguros para el curso escolar 2020-21.
El asesor del Comité de Infraestructura, Carlos I. Pesquera, admitió que, “con el tema del coronavirus, obviamente no ha habido una continuidad del proceso. Se había llegado a un consenso y tanto AFI [Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura] como [la Autoridad de] Edificios Públicos tenían instrucciones de cómo implementar un proceso para poner las escuelas del sur en condiciones. AFI estaba buscando presupuesto para hacer los arreglos correspondientes en las escuelas”.
Pero el director de AFI, Eduardo Rivera Cruz, dijo algo distinto al CPI, pues indicó que el trabajo acordado entre su agencia y el DE se limitó a la inspección de 203 escuelas. “Es lo único que hemos estado haciendo en coordinación con el Departamento. Todo lo que tiene que ver con presupuesto es el Departamento de Educación el que tiene que hacer las gestiones con OGP [Oficina de Gerencia y Presupuesto] y la Junta de Control Fiscal. Hasta que no tenga la aprobación de estas dos entidades no me puede contratar [como AFI, para reparar o reconstruir de escuelas]”.
Reconstrucción con fondos de recuperación no comienza este año
Mientras la pandemia ha significado un detente a la respuesta a los terremotos, se acerca el tercer aniversario del huracán María sin que todavía se haya hecho una sola obra permanente en las escuelas del país con los $2,014,200 en fondos de asistencia pública categoría E asignados por FEMA.
Una auditoría del Inspector General de Estados Unidos (OIG en inglés) señaló que el DE no tiene capacidad para manejar los fondos de asistencia ni pericia para completar los trabajos de emergencia ni someter los reembolsos a tiempo. Por este motivo, la OIG recomendó a FEMA trabajar junto a la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción (COR3 en inglés) un memorando de entendimiento entre la AFI y el DE para llevar a cabo estos trabajos. La agencia federal concurrió con la recomendación desde el 10 de marzo y estimó la fecha en que el memorando debe estar listo para febrero de 2021. Es decir, le tomaría casi un año hacer el mismo.
Pero el Secretario de Educación dijo al CPI en enero que la falta de progreso en esta área se debía a que, “la metodología que tiene FEMA es ir proyecto por proyecto. El Departamento de Educación tiene sobre seis mil edificios. Ellos tienen que ir negociando con el Departamento para indicar por escuela la cantidad de fondos destinados o asignados para entonces iniciar las obras”.
El informe de la OIG también expone que FEMA falló en dictar guías claras y consistentes al DE sobre el manejo de fondos categoría B, para mejoras de emergencia, provocando que, a más de un año de la declaración de desastre por el huracán, solo se aprobaran seis de 17 proyectos bajo esta categoría y que el pasado año escolar “estudiantes y personal asistieran a facilidades inseguras”.
