(Foto AP/Ricardo Arduengo)
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La gobernadora de Puerto Rico acaba de anunciar que este noviembre, junto con las elecciones generales, se celebrará un plebiscito “Estadidad: Sí o No” sobre el estatus de Puerto Rico. Las reacciones de quienes no apoyan la estadidad (grupo en el que me incluyo) no se han hecho esperar. Dicen que es una mera táctica electoral para atraer a los estadistas a las urnas y seguir engañando a los ingenuos que creen que la estadidad sigue a la vuelta de la esquina. Eso es cierto. Dicen también que se trata de un voto no vinculante —como han sido todos los otros plebiscitos de estatus— y que Estados Unidos sencillamente lo ignorará como siempre lo ha hecho. Eso también es verdad.
Concluyen, entonces, que el plebiscito es una pérdida de tiempo.
Ahí se equivocan.
Este plebiscito y todos los que vengan, aunque se los inventen líderes de mala fe y con malas intenciones, son oportunidades valiosísimas para ejercer el poco poder que tenemos como un pueblo colonizado: el derecho innegable de expresarnos con claridad y firmeza sobre el futuro político de nuestra nación.
El cinismo de puertorriqueños bienintencionados ante otro plebiscito (el sexto en nuestra historia, el quinto en los últimos 30 años, y el tercero en la última década) es más que entendible. Ninguno de los anteriores ha contribuido en lo absoluto a la descolonización de Puerto Rico.
Un poco de historia: los de 1967 y 1993 ciertamente no iban a lograr nada, pues prevaleció el “Estado Libre Asociado”—o sea, el status quo. En 1998 ganó “ninguna de las anteriores”, opción favorecida por los estadolibristas que para todos los efectos prácticos significó una victoria para el status quo otra vez. En el plebiscito del 2012, de dos partes, ganó claramente el “No” en la primera pregunta, que leía “¿Está usted de acuerdo con mantener la condición política territorial actual”, y la estadidad en la segunda, sobre las alternativas preferidas, en la que muchos partidarios del status quo decidieron no votar. En el 2017 prevaleció la estadidad con 97% pero con muy poca participación, ante el boicot explícito del PPD y, en menor grado, de los independentistas.
Vale la pena considerar cuál fue el efecto de deslegitimar ese plebiscito más reciente. En vistas ante el Congreso, representantes de diversos partidos y sectores prácticamente instaron al gobierno de Estados Unidos a ignorar los resultados —como si éstos necesitaran más razones para no hacernos caso. En un centenar de noticias y artículos sobre Puerto Rico— sobre todo luego del Huracán María, cuando algunos medios pusieron momentáneamente su atención sobre las consecuencias nefastas de nuestra relación colonial con Estados Unidos—periodistas y analistas se vieron obligados a reportar que apenas un 20% de los puertorriqueños nos habíamos expresado sobre este asunto tan fundamental, por razones relacionadas a nuestra política partidista que al lector común y corriente le habrán parecido ininteligibles.
Lo cierto es que ahora mismo, luego de eventos (el huracán, las humillaciones de Trump, los escándalos que provocaron la salida de Rosselló, etc.) que bien pueden haber cambiado la opinión pública sobre el estatus, ni en Estados Unidos ni en la Isla sabemos a ciencia cierta el ‘estatus’ de nuestro sentir sobre el asunto. Eso es un problema.
No quiero decir con esto que, si hubiese una mayoría clara y un mensaje contundente, iríamos ya camino a resolver el estatus. Sería ingenuo pensarlo. Pero en este tema, los gobernantes estadounidenses se amparan en la idea de que “el estatus de Puerto Rico lo tienen que decidir los puertorriqueños y, por ahora, siguen indecisos”. Todos los que conocemos la realidad actual e histórica de la relación entre Estados Unidos y Puerto Rico entendemos que esa respuesta es deshonesta e inadecuada. Pero la realidad es que suena muy bien, con su aire democrático de permitirnos la libre determinación, y les da a todos esos políticos la justificación que necesitan para pasar la página y no atender el asunto de manera definitiva. Nuestra tarea debe ser dificultarles lo más posible ese jueguito y obligarlos a responder a la declaración más contundente posible del sentir de nuestro pueblo.
¿Sería mejor si el plebiscito fuese avalado por el gobierno de Estados Unidos? Claro. No porque esto significaría que al fin y al cabo actuarían de acuerdo con el resultado, sino porque cuando se negaran a hacerlo sería más evidencia de que no tienen intención alguna de concedernos la estadidad. Y precisamente para no verse en esa situación nunca han avalado ni van a avalar nada. ¿Vamos a permitir, entonces, que ese rechazo del gobierno de EE.UU. (en este caso, para colmo, el de Donald Trump) sea un factor determinante? Es irónico que quienes más resentimos y resistimos la injerencia del gobierno federal en nuestros asuntos andemos ahora esperando permiso o promesa alguna de ese gobierno para ejercer un derecho tan fundamental como expresarnos sobre nuestro estatus.
De igual manera, aunque reconozco que con o sin aval de Washington el plebiscito no conducirá directamente a un cambio de estatus, esa me parece una razón muy pobre para ignorar o menospreciarlo. La política no es así de sencilla; ningún cambio tan fundamental como lo sería un cambio de estatus para Puerto Rico va a suceder a corto plazo o a través de un mecanismo tan sencillo como “si hacemos A, sucede B”. Hay que sentar bases, poner presión, cambiar paulatinamente la opinión pública y combatir, por cuanto tiempo sea necesario, las fuerzas políticas e institucionales que sostienen el status quo. La voluntad del pueblo puertorriqueño tiene que jugar un papel fundamental en esos procesos.
En cuanto a si un plebiscito es el mecanismo correcto para expresar y canalizar esa voluntad: claro que sí. No tiene que ser el único; yo apoyo una asamblea de estatus, pero nadie nunca explica cómo dicha asamblea no meramente reflejaría y reproduciría las divisiones actuales. Además, los resultados de sus deliberaciones y negociaciones seguramente se llevarían a votación, y tampoco hay garantía alguna de que Estados Unidos avale los resultados. Los plebiscitos no son perfectos, pero son la manifestación más directa y democrática de lo que quieren los puertorriqueños.
Quien se pregunte, entonces, por qué luego de cinco plebiscitos seguimos lejos de resolver el asunto del estatus, debe enfocarse menos en la herramienta del voto que en las decisiones que el pueblo ha tomado. El estatus quo era inmoral, dañino e insostenible cuando ‘ganaba’ plebiscitos y lo es ahora todavía más. El hecho de que una mayoría lo apoyó en ese entonces y que una minoría sustancial todavía lo apoya no lo hace menos ilegítimo. La estadidad prevaleció en los últimos dos plebiscitos (con todos los asteriscos que sean necesarios) y, más que eso, ha disfrutado todo tipo de ventaja política: gobernadores estadistas, comisionados residentes que presentan legislación estadista en EE.UU., delegaciones al Congreso, el (supuesto) apoyo de políticos estadounidenses y del “American people”, y hasta inclusión (inútil, pero bueno) en la plataforma política del Partido Republicano. Con todo eso, la estadidad no ha avanzado nada.
El supuesto fracaso de los plebiscitos realmente solo ha sido el fracaso de la estadidad como una alternativa aceptable para el gobierno de Estados Unidos. Descartar los plebiscitos como herramienta útil es como estar en una habitación con dos puertas, abrir solo una, toparse con un muro de ladrillos, y entonces concluir que las puertas no sirven para salir de la habitación. Y mientras no entraré ahora en hacer el argumento a favor de la puerta #2 —la independencia— les recordaría a todos la famosa frase de Sherlock Holmes: “una vez descartado lo imposible, lo que queda, por improbable que parezca, debe ser la verdad”.
El estatus hay que resolverlo lo antes posible. No se trata, como piensan muchos, de un asunto secundario que nos distrae de los problemas más “urgentes”. Es la podredumbre de fondo que alimenta casi todos esos problemas e impide verdaderas soluciones. No es, como también dicen, un debate inerte de la “vieja política” que solo ha servido para elevar al poder a políticos mediocres y corruptos. Ese ha sido el caso con el PNP y PPD, pero no porque se han enfocado en el estatus, sino porque defienden opciones de estatus a todas luces inalcanzables y/o perjudiciales—cosa que evidencia su bajeza moral y/o intelectual.
Este noviembre, cuando espero votemos por mejores líderes, el plebiscito representará la oportunidad de tomar un paso adelante en la lucha por resolver nuestro estatus. Será un paso minúsculo, pero pasos pequeños son los únicos que podemos dar. Más importante es ver el plebiscito como una invitación a reflexionar sobre nuestras creencias y actitudes políticas, a desarrollar una teoría de cambio sobre cómo vamos a lograr un Puerto Rico más justo y próspero, y hacer lo que nos toque para hacerlo realidad. Ése sería un paso agigantado. No desperdiciemos la oportunidad de darlo.
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Alberto Medina es escritor y editor. Twitter @AlbertoMedinaPR.
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