Calle en la Comunidad Cantera, en San Juan. (Foto de Leandro Fabrizzi | Centro de Periodismo Investigativo)
Por Víctor Rodríguez Velázquez y Vanessa Colón Almenas
SAN JUAN — Se les pagó a 200 empleados, pero fueron a trabajar 58. Operadores de grúas cobraron sin haber pisado la Isla. Un celador sin la experiencia requerida cobró casi $58 mil por un mes y medio de trabajo, que es lo que cobra un celador de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en un año y cinco meses. Todo esto ocurrió en Puerto Rico bajo la supervisión del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE, en inglés).
Estas son algunas de las irregularidades reveladas en una auditoría de la Oficina del Inspector General del Departamento de Defensa de Estados Unidos sobre los trabajos de reparación y restauración del sistema eléctrico luego del huracán María en Puerto Rico y que pudieran haber sumado hasta $50,100,000 en fondos federales.
La auditoría al Cuerpo de Ingenieros, publicada el pasado 30 de septiembre, detalla cómo dos de sus distritos —Hunstville y Jacksonville— fallaron en supervisar y revisar los contratos, facturas y trabajos realizados por las empresas Fluor Enterprises y PowerSecure en Puerto Rico. Estos fallos llevaron a que el Cuerpo de Ingenieros les pagara $20.9 millones a Fluor Enterprises y $29.2 millones a PowerSecure.
El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) solicitó reacciones a Fluor Enterprises y PowerSecure, pero al cierre de esta edición no respondieron el cuestionamiento sobre los hallazgos de la auditoría.
“Fluor está honrado de haber jugado un rol en ayudar a la gente de Puerto Rico a recobrar el sentido de la normalidad y está orgullosa de los múltiples logros para restaurar la electricidad mediante su contrato con el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos”, fueron parte de las declaraciones generales que envió la empresa al CPI.
Facturaron trabajos sin haber llegado a Puerto Rico
Entre los hallazgos se encontró que Fluor Enterprises presentó una factura de cuatro trabajadores de línea y dos operadores de grúa de construcción correspondiente al periodo de pago entre el 3 y el 16 de diciembre de 2017, por $221,718. Sin embargo, estos empleados llegaron a Puerto Rico el 17 de diciembre de 2017. La compañía no pudo presentar evidencia de que esos empleados realizaron algún trabajo antes de llegar a la Isla.
La auditoría halló que 122 empleados cobraron 6,482 horas por gestiones antes de haber pisado suelo en Puerto Rico. Por esas horas de trabajo que no pudieron ser verificadas el Cuerpo de Ingenieros pagó $1.4 millones.
Aún más, la compañía facturó $134,777 por 1,043 horas de trabajo no corroboradas de 12 empleados que nunca llegaron a Puerto Rico.
Pagos sin firmas; descuadre en el número de empleados
Correspondiente al primer contrato otorgado a Fluor Enterprises, se analizaron 866 informes de trabajo de empleados para el periodo de pago entre el 18 y el 24 de diciembre de 2017. Ninguno de estos documentos tenía las firmas de los trabajadores que validaran la veracidad de las horas reportadas.
También se encontraron aprobaciones tardías de las hojas de asistencias. Por ejemplo, se aprobaron 519 informes de horas de trabajo con cinco semanas de tardanza.
La compañía reportó que 200 empleados trabajaron el 21 de diciembre del 2017. Sin embargo, al evaluar las hojas de asistencia, solo aparecen 58 trabajando ese día. Una diferencia de 142 empleados.
Igualmente sucedió el 23 de diciembre del 2017, cuando se informó que 190 empleados trabajaron, pero en la revisión solo aparecen 46 empleados.
Para un segundo contrato que se le otorgó a Fluor Enterprises, se encontró que solo tres de 520 hojas de asistencia contaban con las firmas de los empleados. También se toparon con 218 hojas certificadas sin la fecha de aprobación.
Según la auditoría, que no menciona la imposición de penalidades, el Cuerpo de Ingenieros violó el Reglamento Federal de Adquisiciones que dice que, aunque los contratos por servicios no proveen herramientas para garantizar los estándares de cumplimiento, les toca a las agencias supervisar adecuadamente el desempeño del contratista para asegurar el mejor uso de fondos públicos.
El Oficial de Contratación Administrativa señaló que, para velar por lo cumplimientos, USACE pudo ampararse en las hojas de trabajos del personal de cada empresa para corroborar la calidad de las labores realizadas. Esas hojas contienen los informes diarios, el nombre de la persona a cargo, la categoría de labor del equipo, las horas trabajadas, el equipo usado, la ubicación y el trabajo asignado.
El 8 de marzo de 2018, USACE solicitó a Fluor Enterprises que proporcionara todas las hojas de trabajo firmadas de manera individual. Sin embargo, la empresa indicó que, debido a que en ese momento habían terminado todos los trabajos de reparación para los que fueron contratados, estos empleados ya no estaban en Puerto Rico.
Las irregularidades también se repiten con la compañía PowerSecure. El 21 de diciembre del 2017, reportaron 311 empleados, pero los informes de USACE indican que fueron 245.
La auditoría analizó informes de horas de PowerSecure y no pudieron corroborar la veracidad de las horas facturadas para 19 de 45 días de la muestra evaluada, debido a que los informes de la empresa solo mencionan la cantidad de trabajadores asignados por una tarea sin que se incluyeran sus nombres. Los empleados no llenaban sus propios informes de horas, sino que era la empresa la que se encargaba de entrar esta información de manera manual, indica la auditoría.
Tampoco hubo una corroboración óptima de la veracidad de las horas facturadas por PowerSecure. USACE justificó el error con la complejidad de las labores. En ocasiones, los trabajadores viajaban en helicóptero a sus zonas de trabajo, pero el personal de control de calidad de USACE, que debía completar informes sobre la calidad del trabajo, no estaba autorizado a utilizar este transporte. A pesar de que los informes de calidad no coincidían con las facturas, USACE pagó las mismas.
Sin validar el overtime
Solo en tres de 77 hojas de asistencia se pudo certificar la necesidad de trabajos hechos en tiempo extra (overtime). Cuando se le preguntó a Fluor por qué el resto de los 74 empleados incurrió en tiempo extra, solo se limitó a decir que cumplieron con otras tareas: reuniones de seguridad, recogido de basura, limpieza de sus habitaciones y organización de equipo; trabajos para los que no se les contrató.
Fluor Enterprises, además, facturó a USACE 454 horas de trabajo over-time sin validar cómo se justificaban. En total, la compañía cobró $2.6 millones para pagar 12,106 horas sin proveer documentación de que los empleados realizaron trabajo en tiempo extra.
Contratan personal sin el expertise y pagan tarifas no acordadas
A un oficial de línea área (o celador) se le pagó $57,820 por 252 horas, que equivaldrían a un mes y medio de trabajo de un empleado celador de la AEE. Tenía menos de un año de experiencia; y no los tres años requeridos. El salario promedio de un celador de la AEE es de $40 mil al año, según el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo.
Aún más, Fluor Enterprises facturó $94,589 para pagarle a un superintendente que no tenía documentación que mostrara que contaba con 10 años de experiencia.
Igualmente, subcontrató operadores de grúas con certificaciones que no especificaban qué equipo podían manejar; con documentación no actualizada o que no los capacitaba para trabajar con grúas.
En resumen, el Cuerpo de Ingenieros no requirió a Fluor Enterprises prueba de que sus empleados contaban con al menos un año de experiencia de trabajo general, tres años de experiencia en manejo de equipo pesado o grúas, y entre tres y 10 años para trabajos especializados en energía, según lo requería el contrato.
USACE también aceptó que no validó las certificaciones de los subcontratistas de PowerSecure antes de pagar por los servicios prestados. La agencia aprobó seis facturas a esta empresa sin incluir las tarifas por hora que figuraban en el contrato. Las incluyó cinco meses después. La auditoría no indica si se pagó a sobreprecio por el servicio.
El Cuerpo de Ingenieros no estuvo disponible para emitir una reacción sobre los hallazgos de esta auditoría.
Los contratos millonarios
Fluor Enterprises fue contratada por USACE Huntsville en octubre de 2017 por $240,000. Luego de varias enmiendas, el contrato, que se extendió hasta junio de 2018, aumentó a $505.8 millones.
USACE Huntsville otorgó un segundo contrato a esta empresa en diciembre de 2017 por $495 millones. Ese contrato fue modificado el 26 de noviembre del 2018 y se redujo a $276.4 millones. Ambos contratos incluían la reparación de la red de transmisión eléctrica y distribución, la evaluación de equipos y la reactivación de las subestaciones de servicio.
Un tercer contrato fue otorgado por USACE Jacksonville a PowerSecure en octubre de 2017 por $1.3 millones. Originalmente, la empresa se encargaría de llevar a cabo los estimados de costos que conllevaría la reparación del sistema eléctrico. Pero USACE modificó y agregó tareas de reparación a esta empresa, lo que implicó que el contrato ascendiera a $523 millones.
Con las nuevas tareas, PowerSecure tuvo a su cargo trabajos de reparación de líneas de transmisión y distribución, restauración de subestaciones, y limpieza y remoción de escombros.
USACE defiende su misión
Para la misión de la reparación y restablecimiento del sistema eléctrico, el general mayor a cargo de la misión en Puerto Rico, Todd Semonite afirmó en una carta que USACE destinó 250 militares, 3,000 civiles y 3,000 empleados contratados. Su labor consistió en reparar 2,400 millas de líneas de transmisión, 30,000 millas de líneas de distribución, 300 subestaciones y 16 plantas generadoras.
A raíz de la auditoría del Inspector General del Departamento de la Defensa, Semonite indicó en la carta que ordenó hacer otra auditoría interna con todos los documentos, hojas de asistencia, facturas y pagos, cuyos resultados daría a conocer en enero de 2020.
La restauración y reparación del sistema eléctrico fue una de las misiones prioritarias tras el paso del huracán María.
Para la AEE, implicaba que 1.5 millones de clientes estaban sin luz y sin comunicaciones. El país lidiaba con esta situación, pero la AEE no tenía la estructura ni la capacidad para el trabajo requerido debido a la falta de personal y materiales, indica el documento.
A pesar de que era la principal agencia federal que debió estar a cargo de restaurar el sistema eléctrico de Puerto Rico, el Departamento de Energía federal admitió – según la auditoría – que no estaba capacitado para tal misión. No tenía recursos ni herramientas.
Además, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) no tenía un plan, dice la auditoría. Nunca había coordinado la restauración de un sistema eléctrico después de un desastre de la magnitud del huracán María. El portavoz de FEMA en Puerto Rico, Juan Rosado, se negó a comentar sobre el seguimiento que su agencia le dio a los fondos otorgados a USACE y si FEMA tomará alguna acción a partir de la auditoría del Departamento de la Defensa.
USACE aclaró que ese tipo de labor no es parte de su misión central. Incluso, la agencia no tenía en sus archivos un modelo de contrato para comenzar este tipo de trabajo de inmediato.
Sin embargo, el 30 de septiembre del 2017, FEMA confió las riendas de la reparación y restauración del sistema eléctrico al Cuerpo de Ingenieros y aprobó $2.2 mil millones para esa monumental tarea.
Con ese dinero, USACE contrató los servicios de Fluor Enterprise (de Carolina del Sur) y de PowerSecure (de Carolina del Norte), que lideran la lista de las empresas con más contratos con el gobierno federal tras el paso del huracán María.
Desde hace dos años, son múltiples las irregularidades que han salido a la luz pública relacionadas con las contrataciones para la reparación del sistema eléctrico de Puerto Rico: Whitefish y Cobra fueron las primeras señaladas, y ahora Flour y PowerSecure.
Además, en septiembre de este año, la exadministradora regional de FEMA Ahsha Tribble fue arrestada por un fraude relacionado con la recuperación de la red eléctrica, que incluyó $1.8 mil millones en contratos con la AEE.
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Víctor Rodríguez Velázquez es periodista con 10 años de experiencia. Integrante de Report For America. Profesor en la Universidad del Sagrado Corazón y en la Universidad Ana G. Méndez, Recinto de Gurabo. Egresado del programa de maestría en comunicación de la Universidad de Puerto Rico.
Vanessa Colón Almenas es periodista y editora. Graduada de bachillerato en Comunicaciones de la Universidad de Puerto Rico, actualmente cursa su máster en la Craig Newmark Graduate School of Journalism, de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY). En las empresas Ferré Rangel, ahora GFR Media, ocupó varios puestos desde 1997 cuando se fundó el diario Primera Hora: periodista, subjefa de espectáculos, editora de multimedios, de planificación, de innovación, y subdirectora digital de los dos principales portales de noticias de Puerto Rico: elnuevodia.com y primerahora.com. Como periodista independiente ha publicado en el Centro de Periodismo Investigativo, CNN en Español, City Limits, Latino Rebels, Hunts Point Express y Mott Haven Herald. Ha participado de talleres de la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano, WAN-IFRA y GDA, entre otros.
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