En la dinámica electoral (bipartidista) cotidiana (de 1982-2002), las “elecciones estilo Honduras”, solían tener un vencedor a las 10 de la noche, el voto se concentraba en lo urbano y una vez marcada una tendencia, esta es irreversible.
Para comprender la fragilidad del sistema democrático hondureño, se debe profundizar en la implementación de reformas electorales y sus consecuencias. El proceso de desagregación de listas en una misma papeleta para la elección de alcaldías (1993) y congresistas (1997), la separación del Registro Nacional de las Personas del Tribunal Nacional de Elecciones, la Ley Electoral y de Organizaciones Políticas y la modificación de los artículos 239 y 240 numeral 1 ratificada en 2003, (que prohíbe al presidente del Congreso Nacional y del vicepresidente de la República (entre otros) a ser candidato a la presidencia dentro de su período constitucional además de la inserción constitucional del plebiscito y referéndum en 2006.
En 2005, se utiliza por primera vez una papeleta separada para cada nivel electivo y se utilizan fotografías de los candidatos, incidiendo de manera directa en los resultados de una elección “reñida” para la presidencia (PL 49.9%, PN 46.2%). Que se tradujo en una larga espera de los resultados, que, tras el oscurantismo usual de las negociaciones tras bambalinas, vería la luz el 7 de diciembre, que el Partido Nacional reconociera la victoria del Partido Liberal de Manuel Zelaya. La innovación de la lista abierta a nivel legislativo y municipal despojó al candidato presidencial de la capacidad de establecer clientelas de manera vertical y desplazó el protagonismo político existente desde el proceso electoral primario de la presidencia hacia las candidaturas. En este sentido las facciones en pugna al interior de los partidos, una vez electas, establecieron una dinámica de influencia recíproca de intereses y recursos con agendas diferenciadas, en el caso de Zelaya, la desavenencia con el titular del Legislativo. En 2008 durante las elecciones primarias e internas del Partido Liberal se pudo ver a un Zelaya condenado por el aislamiento de las facciones al interno de su partido (una controlada por Roberto Micheletti —presidente del Poder Legislativo 2006-2009, posteriormente presidente de facto a partir del golpe de estado del 28 de junio de 2009— y la otra por Elvin Santos—vicepresidente de Manuel Zelaya 2006-2008 y candidato presidencial por el Partido Liberal) y por el acercamiento del Partido Liberal y Nacional siendo presidente de la bancada nacionalista Juan Orlando Hernández (JOH), que marcarían la disolución de la influencia de Zelaya y el fracaso de su proyecto de consulta, además de la elección de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General del Estado, que degeneró en su burda defenestración.
El golpe de Estado del 28 de junio de 2009, de ejecución militar y manejo civil, marcó las elecciones de 2010 que se desarrollaron bajo un clima marcial, de Estado de Excepción, en donde los electores penalizaron al Partido Liberal del presidente depuesto con un 38,1% y el opositor Partido Nacional de Porfirio Lobo se alzó como ganador con un 56,6% de los votos, llevando la figura de Juan Orlando Hernández a la presidencia del Poder Legislativo con mayoría simple (71 de 128 diputados).
En ese contexto de polarización social, conflictividad, violencia y de fuertes presiones internacionales por la búsqueda de reconciliación y el respeto a los derechos humanos, el actuar de Porfirio Lobo se vio debilitado al tener que integrar un gabinete de “reconciliación”, coartando su capacidad de redistribuir en la clientela partidaria los puestos públicos. Esto incidió negativamente en su estancia en el Poder Ejecutivo y le dio un protagonismo mesiánico al presidente del Legislativo, quien con una ambiciosa y autoritaria agenda legislativa de políticas de corte “manodurista,” subordina los Poderes del Estado a su merced y en detrimento del Estado de Derecho, la separación de poderes y la independencia judicial. En 2012, Hernández obliteró a oposición dentro de su propio partido y se alzó con la candidatura presidencial después de unas turbulentas elecciones internas.
El ínterin post golpe (2010-2013), presenció la reconfiguración del Sistema de Partidos en Honduras, pasó de cinco fuerzas políticas a nueve, con la novedad de que dos se convertirían en protagonistas en contra de las estructuras más sólidas del sistema político hondureño. El 24 noviembre del 2013 se celebraron las elecciones generales en las que el TSE anunció los resultados con el 20 por ciento de las actas de las urnas escrutadas a las 7:00 de la noche, declaraban ganador a Juan Orlando Hernández por el Partido Nacional (36.89%), por encima de Xiomara Castro de Libertad y Refundación (28.78%); Mauricio Villeda por el Partido Liberal 20.30% y Salvador Nasralla por el Partido Anticorrupción 13,43%, resultado que quebró el bipartidismo y su tendencia a negociar las continuidades y las rupturas electorales. Los resultados finales de dicho proceso electoral se anunciaron el lunes 25 de noviembre, un día posterior a las elecciones generales con el 70 por ciento de las actas, muy a pesar de los reclamos airados de inconformidad con el proceso por parte de los partidos noveles. La comunidad internacional avaló dichos resultados.
La presidencia de Hernández se caracterizó por darle continuidad a su labor legislativa, al reformar la Constitución de la República, reinterpretar ciertos artículos, derogar y emitir las leyes necesarias para la concentración de poder en el Ejecutivo, con el beneplácito del Legislativo (bajo la egida nacionalista 48 de los 128 diputados). Esto le permitió sin mayores sobresaltos, colocar aliados políticos en una nueva Corte Suprema de Justicia, Ministerio Publico y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), conteniendo los pedidos de Reforma al Sistema Político Electoral, allanando el camino para la reelección, principal argumento de la defenestración de Zelaya en 2009.
Al contar con el acuerpamiento institucional, Hernández pudo consolidar la estructura partidaria y clientelar a nivel central y territorial que había redituado en las elecciones primarias y generales en zonas rurales como Lempira, Intibucá, Copán y Ocotepeque, entre otros departamentos. Los medios de comunicación fueron cómplices mudos del amalgamiento de poder y el control de la institucionalidad, que le permitieron gestionar el daño de escándalos de corrupción como el del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) o los asesinatos de Arístides González (zar antidrogas), Alfredo Landaverde (especialista en temas de seguridad) y Berta Cáceres (líder indígena lenca y activista del medio ambiente).
2017: Guerra total
Para la campaña electoral de 2017 los noveles partidos PAC y Libre y el PINU-SD conforman una coalición de fuerzas políticas para el nivel electivo presidencial que denominan Alianza de Oposición contra la Dictadura, conscientes de que afrontaban un proceso electoral atípico de objetivos plebiscitarios. A diferencia de 2009, la concentración de poder alineó los astros gubernamentales en dirección del relámpago de la reelección, en este sentido el fallo de la Corte Suprema del 22 de abril de 2015 resolvió favorablemente los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por un grupo de diputados y por un expresidente de la República, en los cuales solicita se declare la inconstitucionalidad del segundo párrafo artículo 239 y numeral 5 del artículo 42 de la Constitución y por otra parte se declare la inaplicabilidad del artículo 239 y el Congreso no reglamentó dicho vacío constitucional. Con la reelección resuelta, el control de la Corte Suprema asegurado (hasta 2023), se tomaron las medidas precautorias ante la competencia legislativa, el Partido Nacional en complicidad con el TSE, modificó el artículo 174 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas que estipulaba la reglamentación de la marca del sufragio en la papeleta, permitiendo la marca en línea continua o “voto en plancha” y de esta manera mantener el control legislativo.
Ante este panorama la Alianza organizó sus bases a nivel territorial en lo que denomina Comandos Antifraude para vigilar el proceso y reportar a las autoridades cualquier irregularidad, a su vez se hizo un llamado a ser parte de la “Operación Cusuco”, para sacar a los votantes de sus casas para ejercer el sufragio. Paralelo a esto, el Partido Nacional convocó a una Victoria Total que tuvo implicaciones que van más allá de aquello de lo que denotan. Ha quedado demostrado que la intencionalidad (o estrategia) de esta “guerra electoral” era la de una campaña relámpago (Blitzkrieg), arrasar electoralmente emulando la vieja táctica militar (nazi) de ataque que implicaba un bombardeo inicial (por los medios de comunicación masiva, en el caso específico de Honduras radio y televisión), seguido del uso de fuerzas móviles (parte de la estructura clientelar territorial) atacando con velocidad y sorpresa (las urnas) para impedir que los opositores al régimen pudiesen llevar a cabo una defensa coherente. En este sentido cabe destacar el papel Anti-Blitzkrieg desempeñado por las redes sociales y medios tradicionales no alineados como herramienta alterna que permite irrumpir y segmentar el cerco mediático. Esta forma alternativa, presenta las historias no contadas u omitidas, lo que la hace más horizontal y permite generar y expresar la opinión, percepción y el disenso a la homologación informativa ofertada.
El uso de lenguaje de guerra en el discurso oficialista de connotaciones siniestras y maniqueas, pero bien elaboradas, ha sido una constante desde el golpe de Estado. El temor se infunde desde la creación de un enemigo interno, de un opositor al progreso, el orden y la paz. La estructura discursiva de guerra tiene un objetivo real, que es afectar la voluntad, percepción y entendimiento de aliados y adversarios para luchar o responder a los fines políticos y estratégicos de un régimen que se fundamenta en el shock y el pavor. En el marco post electoral, el discurso se centró en el envolvimiento basado en la velocidad y la capacidad de implantar la idea de continuidad, fuerza y poder. Para la retórica oficialista, fue fundamental establecer desde la campaña 2013 la capacidad impositiva del entonces candidato que decía: “voy a hacer lo que tenga que hacer”, “el cambio ya empezó y debe continuar” en 2017 y sobre todo durante la noche de las elecciones “el tribunal oficialmente va decir, lo que tiene que decir y esto no se acaba, hasta que se acaba”.
Dicha estrategia no contaba con el rechazo focalizado desde las trincheras urbanas que ralentizaron los avances de una maquinaria electoral nacionalista y permitió infligir graves pérdidas en las urnas. La resistencia de la población no fue prevista, no fue solo el rechazo a la figura del poder absoluto (anti-JOH), sino a la continuidad y al usufructo de los recursos por parte del mismo. La campaña por la reelección y por el dominio de las posibilidades electorales, tuvo un costo no planificado por los estrategas, analistas y la sociedad misma. El rechazo urbano significó que la anticipada victoria total se desdibujaba y que la diferencia abismal se redujese significativamente.
Después del trueno, ¡Jesús, María!
Si bien la contención de la Blitzkrieg en lo urbano, causo el colapso de una “victoria total”, esto significo retardar el procesamiento de Mesas Electorales Receptoras (MER) con la ayuda de un apagón informático, que permitió al engranaje electoral, reagruparse, rearmarse y redefinir la táctica electoral. La conferencia de prensa del Partido Nacional del día martes 28, fue una magistral clase de historia que desfiguraba la “victoria total” a través de una explicación de casos de la complicada geografía electoral latinoamericana y la futilidad de la ciencia estadística para la predictibilidad de resultados electorales.
La contención de la Blitzkrieg nacionalista y la ayuda del apagón después del relámpago, implicó el cambio del discurso y a su vez de acciones decisivas. Dentro de la dinámica de la guerra relámpago, es a través de los puntos focales o prioritarios (Schwerpunkt) como se decide en dónde se concentra el esfuerzo bélico. En este sentido, el porcentaje de Mesas Electorales Receptoras MER procesadas hasta el día domingo (eminentemente urbanas) y publicadas hasta la madrugada del lunes 27 de noviembre, daba la victoria por cinco puntos porcentuales al candidato opositor, dejando claramente abierta la brecha en la línea enemiga: el control de la información, los medios de comunicación y de la institucionalidad. El punto más endeble del enemigo y el Schwerpunkt en el ámbito electoral, se encontró en la fortaleza de la estructura partidaria y clientelar rural nacionalista, aventajando con creces en la repartición del Congreso y de los Gobiernos locales (61 de 128 diputados y 172 de 298 alcaldías), sería por este flanco por el que pretenderían la avanzada de las fuerzas mecanizadas.
El TSE a cuentagotas abrió los flancos enemigos para aumentar la seguridad de la victoria con la distancia y el tiempo a su favor. Al crear esta bisagra se permitió que las fuerzas al interior de la institucionalidad maniobrasen para crear un efecto de palanca contra las fuerzas defensoras. Con la brecha abierta y los flancos identificados, la intencionalidad de la lentitud del procesamiento de las MER, el vergonzoso sesgo en las mesas ingresadas, la comunicación política binaria-confrontativa y el cerco mediático pretendieron dividir y paralizar la acción colectiva. La rapidez y capacidad oficial de ofensiva, explota la debilidad de una ciudadanía que depende de los entornos exteriores y de las oportunidades políticas para la coordinación y mantenimiento de las acciones colectivas. La oficialidad se anticipó a éstas mediante un marco jurídico normativo que profundiza un modelo autoritario, excluyente y militarizado que no admite críticas ni disenso. El ciclo de decisiones anticipadas de la oficialidad aventaja a la ciudadanía en información, logística y recursos.
El Partido Nacional activó sus bases para dar muestra de su capacidad de movilización en las calles, comunicando a la oposición que no tenía la exclusividad de este recurso, a su vez, por medio de su frente institucional dejó al Presidente Magistrado del TSE encargarse de la contención de la presión cada vez más activa de las Misiones Internacionales de Observación Electoral, la embajada estadounidense, medios nacionales y del paulatino interés de los medios internacionales por la crisis electoral.
La movilización social en rechazo fue proporcional al repentino cambio de tendencia por un lado al crecimiento sostenido de los números a favor del Partido Nacional (42,98%) y por el otro al estancamiento de los datos a favor a la Alianza (41,39%). La irresponsabilidad del manejo de la crisis por parte del TSE vio el paso de la indignación ciudadana expresada en marchas pacíficas y tomas de carreteras traducirse en brotes de acción colectiva violenta ante la inexistencia de medios legítimos de participación democrática, estos se vieron, in extremis expresados en sabotajes, vandalismo y saqueos. Las manifestaciones, tomas y sabotajes a nivel nacional fueron duramente reprimidas por la policía preventiva y la policía militar con un saldo funesto, mientras que los saqueos se concentraron en la zona Norte y centro, ante el ojo que todo lo ve de los medios corporativos y en ausencia de los garantes del orden. La lectura del gubernamental de la acción colectiva violenta fue excepcional, emitiendo el Decreto Ejecutivo PCM-084-2017 Poder Ejecutivo declaró Estado de Sitio por 10 días, el que con la ayuda de los medios de comunicación pretendió frenar la movilización social, y agudizar el efecto polarizador de los saqueos en la sociedad hondureña y de enfrentamiento al interior de la Alianza. Con esto se aprestó a asestar la fase final de la Blitzkrieg, el Kesselschlacht o batalla de la caldera, cerrando filas, esperando que, con la parálisis y contención generada con el Toque de Queda, la finalización del escrutinio especial y el periodo de impugnaciones, con el acompañamiento de sectores moderados de la sociedad civil y el empresariado, en la espera que el rol silencioso de la Observación Internacional de las elecciones anteriores se repitiese.
En la “batalla de caldera” las vanguardias acorazadas se despliegan y desbordan las estáticas defensas enemigas, ocupando medios de comunicación y abastecimiento neutralizando los puestos de mando y la toma de decisiones. La Infantería a pie, hasta entonces avanza, disolviendo las últimas y fútiles defensas enemigas
La “victoria total” pretendió comprometer a todo el país bajo un solo propósito en busca de cohesión y homogeneidad. En la guerra total, la victoria total se convierte en un precepto que lo justifica todo, absolutamente todo, aun lo injustificable.
La victoria total ha sido una derrota rotunda, si bien su concepción e implementación, es finita, es en las calles y en la cotidianidad en donde el discurso guerrerista y la concepción maniquea se desplegará de manera renovada y esto es una amenaza. Los conflictos generan información que produce y multiplica el interés político y aumenta la frecuencia e intensidad de la acción colectiva, lo cual propicia el surgimiento de identidades, de grupos, de alianzas, conflictos y del surgimiento de nuevos, e incluso cambios en los centros de poder.
Epílogo
En Honduras, el golpe de Estado de 2009 sirvió de antesala a un conflicto anticipado en 2017, en dónde el titular del ejecutivo ha tomado en cuenta los errores y lecciones aprendidas de 2009, manipulando y adhiriéndose de manera selectiva a nuevas normas democráticas, lo que le dan una apariencia democrática, con instituciones políticas que disimulan la realidad de la dominación autoritaria ante episodios de competencia opositora.
La transición (de una crisis a la siguiente), sirvió para consolidar el control de los poderes legislativo y judicial, de la institucionalidad electoral, de las reglas del juego democrático y del sistema de partidos políticos como medios principales para obtener y ejercer la autoridad política. Las contradicciones inherentes fueron manejables desde los acuerdos bipartidistas, sin embargo, los abusos extraordinarios de autoridad (divulgados por los medios alternativos), de derechos humanos (difundidos por el seguimiento por organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales) y las irregularidades de la actual crisis electoral superan los mecanismos “cotidianos” de mantenimiento de la estabilidad.
El problema actual trasciende el costo político de los resultados electorales, en Honduras las instituciones estatales se han desarrollado en una lucha de intereses separados, que terminan trasladándose al plano político, librándose entre la lucha por el mantenimiento del poder y la negociación de la crisis consecutiva (que una vez resuelta), ha permitido la subsistencia del sistema, su estructura y actores intactos. La redundancia evidencia el fracaso de la élite política y de la institucionalidad, para encontrar mecanismos de reglamentación de los intereses en juego, las crisis consecutivas han obligado a los funcionarios autocráticos a violar las reglas democráticas (en 2009 a pesar del aislamiento internacional y el conflicto nacional, y en la actualidad a permitir que procedan las protestas, al costo de una posible derrota) para sobrevivir a las crisis producidas por episodios de competencia. Los arreglos bipartiticos se niegan aceptar su obsolescencia y en el camino educan a una generación que los aborrecerá y se mantendrá en abierto desacato a los planes que la élite política construye e impone.
Para que los hechos no se repitan se deberá superar la coyuntura crítica consecuencial, pues los patrones institucionales hasta ahora asumidos como resolución de las crisis se mantienen persistentes en el tiempo. Incluso la misma presencia o la ausencia de intervención extranjera responde a acuerdos prevalecientes de una era no tan lejana, que produce y reproduce, los mismos patrones estructurales e institucionales, que mantienen la democracia en ascuas y a las esperas de un nuevo golpe.
