Huracanes dejan al descubierto décadas de negligencia gubernamental en preparación para el cambio climático en el Caribe

Por Freeman Rogers, Omaya Sosa Pascual y Emmanuel Estrada López | Centro de Periodismo Investigativo

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Dinelle Henley siente temor por su natal Cane Garden Bay, una de las playas más emblemáticas y prístinas del Caribe.

Al igual que gran parte de las Islas Vírgenes Británicas (BVI por sus siglas en inglés), el popular pueblo costero fue devastado por vientos, olas e inundaciones cuando el ojo del huracán Irma pasó directamente sobre el territorio el 6 de septiembre.

Ochenta millas náuticas al oeste, Alexis Correa se siente igual. Aunque Dinelle y Alexis no se conocen, hablan idiomas diferentes y sus gobiernos no tienen ninguna relación, Correa también ha visto de primera mano lo que la furia de un huracán de categoría 4 es capaz de hacer a una isla pequeña y vulnerable. Cuando el 20 de septiembre el huracán María devastó a Puerto Rico con sus vientos de 155 millas por hora, voló techos, estructuras, puentes y carreteras en toda la isla.

Pero Correa ha estado viendo un preludio de esta destrucción en su comunidad durante más de una década. El mar primero se llevó el centro comunal y cultural de su barrio Parcelas Suárez en el municipio de Loíza. Luego, el huracán María se llevó la cancha de baloncesto y el parque. Los lugares eran una parte integral de esta comunidad una de las más afectadas por la pobreza, la delincuencia, la discriminación y la limitada movilidad social en Puerto Rico. Su destrucción ha dejado a los residentes prácticamente sin opciones.

“Aquí nos reuníamos la Junta Comunitaria y los residentes, pero también celebrábamos las bodas, y los quinceañeros”, dijo Correa mientras miraba las ruinas del edificio, que también servía como guardería antes de que cerrara en 2002 debido al daño causado por la erosión.  “Nos movimos a la cancha de baloncesto en el parque. Pero el huracán María la destrozó y ya no tenemos un lugar donde todos podamos encontrarnos. Dependemos de comunidades hermanas, pero no todos los residentes pueden llegar”, agregó.

En Santa Cruz, el agricultor orgánico Luca Gasperi está igualmente angustiado, pero no sorprendido. Él cree que las tormentas consecutivas de septiembre que azotaron a las Islas Vírgenes Estadounidenses (USVI por sus siglas en inglés) fueron consistentes con otros patrones climáticos que había estado notando por años.

“Todo es más intenso”, dijo mientras su esposa, Christina, vendía vegetales un sábado por la tarde en la finca de 40 acres que operan en las tierras de los padres de él.

Luego enumeró las evidencias: una sequía prolongada en el 2015, unas lluvias cada vez más pesadas y, por primera vez en más de una década, de repente, no puede cultivar brócoli. Otro huracán, agregó, podría ser la gota que colme la copa.

“Para nosotros es preocupante, si sucede de nuevo …”, dijo, mientras su voz se apagaba. “La forma en que las tormentas de este año se fortalecieron tan rápido es el asunto”.

Henley, Correa y Gasperi culpan al cambio climático acelerado por el calentamiento global, y a la inacción de sus gobiernos la gravedad de las pérdidas de sus islas, y están preocupados de que el océano y los eventos climáticos extremos como Irma y María continúen exponiendo la fragilidad de sus infraestructuras así como las defectuosas prácticas de construcción que persisten en estos territorios.

Según una investigación regional el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y media docena de medios de comunicación del Caribe, sus historias son un retrato de cómo el cambio climático no solo erosiona las costas de estos territorios y otras islas del Caribe, sino que además destruye la vida comunitaria y la actividad económica, a plena vista,  sin que los gobiernos tomen acción para proteger a los ciudadanos.

Los expertos concurren. Ramón Bueno, coautor de uno de los pocos estudios existentes sobre cambio climático en el Caribe, dijo que hay consenso en la comunidad científica en que el aire más caliente en la atmósfera, causado por el calentamiento global, transporta más humedad, la cual, a su vez, aumenta el nivel del mar y provoca tormentas más fuertes, con más lluvia y peores marejadas. Estas fueron algunas de las conclusiones del informe más reciente del Panel Intergubernamental de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), titulado 5to Informe de Evaluación (AR5), publicado en Noviembre 2014. El IPCC, donde colaboran más de 2,000 científicos de 195 países socios, es la principal fuente mundial de información científica sobre el cambio climático y sus efectos

“Mientras que puede ser que la frecuencia en el número de huracanes no cambie mucho, o incluso que disminuya algo en su total, lo que es cada vez más probable con el calentamiento es que una mayor proporción sean de ‘altas categorías’—o sea que probablemente veamos más de los peores aunque en total no hayan más tormentas”, dijo Bueno. El científico trabajó en el Instituto Global de Desarrollo y Medio Ambiente de la Universidad de Tufts (GDEI, por sus siglas en inglés) y fue científico del Instituto Ambiental de Estocolmo y, además, desde 2013 ha sido un consultor independiente especializado en cambio climático.

“El problema es que, como el 2017 puso bien claro, unas pocas tormentas de Categoría 4 o 5 representan una muy seria amenaza a la sustentabilidad de las comunidades en las islas del Caribe; peor cuando el mismo sitio es ‘tocado’ por más de una. Tras María, una mera tormenta tropical, o huracán de Categoría 1, sería devastador”, agregó.

El Dr. Kerry Emanuel, profesor de ciencias atmosféricas en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), donde actualmente está trabajando en dos estudios sobre el impacto de los huracanes en el Caribe, afirmó que hay consenso en dos efectos del cambio climático: primero, el nivel del mar está subiendo y, segundo, la cantidad de lluvia está aumentando. Puntualizó que ambos efectos están destinados a causar serios daños por inundaciones provocadas por huracanes en el Caribe.

En la ciudad costera de Rincón, en el noroeste de Puerto Rico, Julián Rodríguez sabía que en 10 años podrían pasar muchas cosas, pero no imaginaba que sus dos apartamentos familiares en la playa —una inversión de más de $400,000— pudieran destruirse de la noche a la mañana. Durante el huracán María, el mar socavó los cimientos del Rincón Ocean Club II, un condominio de tres pisos junto a la playa, y su sueño se convirtió, literalmente, en sal y agua.

“Si te soy honesto, me imaginaba que esto iba a pasar. Había​ visto que esto había pasado tres veces ya, con tormentas tropicales que pasaban por el sur de Puerto Rico; aunque no le dieran a la isla y en Rincón no cayera una gota de lluvia, la marejada llegaba y la verja del condominio terminaba en el mar. Cuando me dijeron que venía un huracán categoría 4, yo sabía la que había”, recordó.

Cuando su familia compró los dos apartamentos, Julián recuerda haber haber jugado en una playa arenosa de unos 30 pies de ancho. Nunca se le ocurrió que el mar acabaría tragándose el edificio, que tiene poco menos de 15 años. “Y muchos de los que tienen, o tenían, apartamento aquí todavía deben hipoteca. Uno compra esto pensando que de aquí a 30 o 40 años todavía lo va a tener”, dijo.

Hace 10 años Ramón Bueno y sus colegas en Tufts GDEI —Cornelia Herzfeld, Elizabeth A. Stanton y Frank Ackerman— vieron esto venir. En su estudio El Caribe y el Cambio Climático: Los costos de la inacción, realizado en el 2008, advirtieron que las dos docenas de naciones y territorios insulares del Caribe, con sus 40 millones de habitantes, eran particularmente vulnerables a los efectos del calentamiento global, aunque figuran entre los países que menos han contribuido a la emisión de los gases de efecto de invernadero que provocan el fenómeno.

Los investigadores analizaron escenarios optimistas y pesimistas, basados en los parámetros de estudio utilizados por el IPCC. y proyectaron pérdidas de $22 mil millones para el año 2050 — o el 10% del Producto Interno Bruto de la región, analizando los daños promedio por huracanes, pérdidas de turismo y daños a la infraestructura debido a los aumentos del nivel del mar provocados por huracanes, No obstante, las proyecciones individuales de pérdidas varían mucho de una isla a otra, con algunas en el rango del 40% y Haití en la parte superior con un 61%.

“A medida que los niveles del océano aumentan, las islas más pequeñas pueden desaparecer bajo las olas. A medida que las temperaturas aumentan y las tormentas se vuelven más severas, el turismo —el elemento vital de muchas economías caribeñas— se reducirá y, con ello, se reducirán también tanto los ingresos privados como los impuestos públicos que financian la educación, los servicios sociales y la infraestructura”, dijeron los científicos.

Ahora el impacto concreto del aumento del nivel del mar y de las temperaturas, y los fenómenos meteorológicos extremos no es una proyección futura, sino una dura realidad. La investigación regional de CPI documentó que ya están ocurriendo inundaciones continuas, desplazamientos de poblaciones, pérdida significativa de costas e impactos sobre negocios turísticos en lugares como Puerto Rico, BVI, USVI, Dominica, Panamá, República Dominicana y Haití.

La isla de Palominito, un conocido punto para navegantes y turistas en la costa este de Puerto Rico, casi ha desaparecido.

Los huracanes recientes incrementaron drásticamente la erosión costera y expusieron la fragilidad de la infraestructura y el impacto, que en cientos de casos resultó letal, para los ciudadanos de las islas que fueron más afectadas: Puerto Rico, BVI, USVI, Dominica, Barbuda y San Martín.

“Como región, ahora tenemos que mirar particularmente los eventos del año pasado y las proyecciones del futuro y concluir que esta es la nueva realidad para el Caribe y tenemos que protegernos”, dijo el Dr. Ulric Trotz, el subdirector y asesor científico para el Centro de Cambio Climático de la Comunidad del Caribe en Belice.

En medio de la devastación catastrófica que Irma provocó en las BVI, es fácil olvidar que otro desastre natural había azotado el territorio unas tres semanas antes.

Mientras los residentes se preparaban para el desfile anual del Festival de Emancipación en agosto, el cielo se oscureció y empezó a llover. Acto seguido, se canceló el desfile. Un puñado de compañías se presentaron de todos modos, bailando por la ciudad capital de Road Town, mientras caían truenos y llovía torrencialmente.

Durante las próximas 24 horas, cayeron unas 16 pulgadas en partes de la isla de Tortola.  La ciudad capital y otras áreas se inundaron a un nivel sin precedentes.

Desde entonces, líderes han llamado al desastre “La inundación del siglo”. La directora del Departamento de Manejo de Desastres de las BVI, Sharleen Dabreo, indicó que desde el 2003, las inundaciones catastróficas llevan golpeando al territorio en un ciclo de siete años.

“No son sólo Irma y María. Es que tienes estos eventos de inundación provocados por estas depresiones [climáticas], que es algo que no tenías en el pasado”, dijo DaBreo y agregó: “Tiene que haber una mejor relación entre la comunidad científica y los elementos de planificación de desarrollo del gobierno”.

La profesora de geología y geógrafa de la Universidad de Puerto Rico, Maritza Barreto-Orta, quien ha realizado numerosos estudios sobre la erosión de las playas en Puerto Rico y la República Dominicana, concurre. En Puerto Rico encontró que, entre 1970 y 2010, el punto de medición más afectado, que se encuentra precisamente en Loíza, tuvo una pérdida neta de 70 metros. Desde 2011, en algunas áreas, el promedio de pérdida anual (de dos metros) ha aumentado a más de cuatro metros.

Una semana después de María, Barreto y su equipo visitaron el 75% de las 1,225 playas de Puerto Rico y documentaron visualmente la marcada erosión y aplanamiento provocada por el ciclón. El caso más grave fue encontrado en el sector La Boca en el municipio de Barceloneta, donde la playa se redujo de sus 60 metros (180 pies) a solo cuatro metros (12 pies). Actualmente la catedrática está solicitando fondos estatales y federales para actualizar su estudio ancla de erosión costera completo.

“Siento que hay una falta de confianza hacia la academia y eso es un problema grave porque el gobierno tiene que confiar en la información que generan los expertos y los científicos”, dijo. “Al mismo tiempo, la academia debe ir a vistas públicas y dejarse sentir, porque el conocimiento que generamos es importante para la política pública”.

El dilema político y colonial

Según Trotz, Bueno, Barretto y otros científicos, los recientes fenómenos meteorológicos ilustran claramente los efectos del calentamiento global en la región, la cual depende, en gran medida, del turismo y sufre de un bajo nivel de actividad agrícola y de sostenibilidad alimentaria.

Sin embargo, los gobiernos y organizaciones internacionales están ignorando a muchos de los países y territorios del Caribe. La investigación del CPI reveló que, de 13 países y territorios encuestados, solo tres (BVI, Cuba y México) cuentan con legislación sobre cambio climático e incluso, en estos lugares, a menudo no se respetan los códigos de construcción, la regulación ambiental y otras reglamentaciones aplicables.

También descubrió que para alrededor de la mitad de islas de la región, ni siquiera hay datos confiables, estandarizados y actualizados en las bases de datos de organizaciones internacionales dedicadas al estudio del impacto del cambio climático, como lo son el IPCC y la Iniciativa de Adaptación Global de la Universidad de Notre Dame, entre otros.

Estas islas —de las más vulnerables del mundo— tienen algo crucial en común: son los llamados territorios; colonias aún en el siglo XXI. Por tanto, no tienen participación individual en el IPCC y otras organizaciones internacionales dedicadas a monitorear el impacto del cambio climático alrededor del mundo, para proponer soluciones.

Son islas olvidadas, muchas de ellas pertenecen, pero no son parte de, los Estados Unidos, Inglaterra, Holanda y Francia.

Hay poca o ninguna información sobre sus indicadores en las bases de datos IPCC, Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el ND-Gain Index. En algunos casos, ni siquiera están sus nombres. Ese es el caso del ND-Gain Index, el cual utiliza datos de la ONU. En el caso de Puerto Rico, da la impresión errónea de que la isla está bien porque se muestran datos de Estados Unidos. En el caso de BVI, USVI, y otros territorios del Caribe, no da ninguna información.

Actualmente, 86 expertos de 39 países están trabajando en el próximo informe mundial de evaluación del cambio climático del IPCC (AR6), que se publicará en septiembre de 2018. Sólo dos de estos expertos son del Caribe, ambos de Cuba.

“Es sencillamente terrible. El abandono de toda esa parte del mundo es impactante”, dijo el Dr. Emanuel del MIT.

Puerto Rico, las USCI y las BVI ofrecen ejemplos contundentes de los problemas asociados al cambio climático y las consecuencias peligrosas para sus pueblos y sus economías. Los legisladores y gobernadores de las islas así como sus dueños imperiales, durante décadas, han sabido sobre la vulnerabilidad de su infraestructura y los peligros mayores que el cambio climático plantea para estos territorios y sus poblaciones. Durante décadas han debatido, legislado y hablado sobre ello, pero las palabras no se han traducido en acciones.

Por ejemplo, entre el 2005 y el 2018, la Legislatura de Puerto Rico ha radicado más de 45 medidas dirigidas a implementar acciones de mitigación y adaptación así como para enfrentar la urgencia de la erosión costera. Sólo una fue aprobada: la Ley de Cambio Climático 246, firmada por el gobernador Aníbal Acevedo Vilá en 2008. Sin embargo, no duró ocho meses pues fue derogada en menos de dos años por su sucesor opositor, Luis Fortuño-Burset.  Sus disposiciones no habían sido puestas en vigor aún.

En el 2007, la Cámara de Representantes de Puerto Rico discutió el P. de la C. (Proyecto de la Cámara de Representantes) 3414, el cual —de aprobarse— hubiese sido la primera ley relacionada con el cambio climático. No fue aprobada en la Comisión Especial sobre Calentamiento Global y Seguridad.  Sin embargo, sólo la posibilidad de que la propuesta fuese considerada a nivel legislativo fue suficiente para que los distribuidores de gasolina en Puerto Rico —la Asociación de Detallistas de Gasolina (ADG), Peerless Oil & Chemicals y Caribbean Petroleum Refining— se opusieran a la preparación gubernamental de un Plan para la Reducción de Emisiones de Gas y Control del Calentamiento Global y cuestionaran la adherencia de Puerto Rico al Acuerdo de Kyoto de 1997.

En las BVI, medidas similares estancadas incluyen una estrategia de cambio climático que fue requerida por una orden ejecutiva de 2015 pero que nunca se materializó.

Por otro lado, en papel las BVI aparentan ser un ejemplo de preparación ante el fenómeno, gracias a pasos dados en la última década. En el 2012, el Gabinete del territorio adoptó una Política de Adaptación al Cambio Climático, donde establecieron decenas de fechas límite específicas para medidas de mitigación, muchas de las cuales habían prometido durante décadas. En el 2015, las BVI se convirtieron en la primera jurisdicción en la región en adoptar un marco legal para un fondo fiduciario diseñado para recaudar dinero para prepararse para el calentamiento global.

Sin embargo, el CPI encontró que al menos dos terceras partes de las fechas límites delineadas en la plataforma del 2012 ya han pasado sin que fuesen cumplidas y el fondo fiduciario no está funcionando. Aunque los líderes de las BVI dicen que las reformas prometidas están encaminadas, muchos científicos y políticos (que recuerdan el fracaso repetido de esfuerzos similares durante el último cuarto de siglo) se preocupan de que los funcionarios electos de BVI —que son los responsables de aprobar leyes y administrar los asuntos internos del territorio— no tendrán la voluntad política para realizarlos.

Estas preocupaciones se repiten en buena parte del Caribe, a pesar de que los expertos dicen que son esenciales las medidas integrales para proteger a las islas del cambio climático y para ayudarlas a acceder a financiamiento internacional que tanto necesitan para poner los proyectos en marcha.

“Comenzamos a hablar de resiliencia solo cuando tenemos un gran evento”, dijo el Dr. Trotz. “Después del desastre, hay mucha retórica, mucha actividad y todo eso, y luego se desvanece. Entonces, hay un gran reto: no podemos avanzar significativamente si no hay voluntad política”.

Las experiencias de las BVI, las USVI y Puerto Rico muestran por qué la falta de acción decisiva podría ser catastrófica. Líderes políticos y científicos afirmaron que los huracanes del 2017 y otros fenómenos meteorológicos recientes pusieron de manifiesto décadas de carencias en los marcos de desarrollo de los territorios, reglas de construcción, leyes ambientales, prácticas energéticas y otras áreas que los han dejado cada vez más vulnerables al calentamiento global.

En Puerto Rico, María puso en riesgo la vida de sus 3.5 millones de residentes, provocó un exceso de muertes que pudiese sobrepasar las 1,000 víctimas, causó el desplazamiento de 183,000 ciudadanos quienes abandonaron la isla e impactó directamente la industria del turismo, una de las pocas apuestas que tiene el gobierno para relanzar la maltrecha economía. La red eléctrica completa colapsó, más de 472,000 casas fueron severamente destruidas y más de 90,000 familias quedaron sin techo. Casi toda la población quedó a oscuras y sin comunicación por cuatro meses, además fue expuesta a serias amenazas de salud, como agua contaminada y servicios hospitalarios deficientes. Más de seis meses después del huracán, todavía hay 50,000 hogares y negocios sin electricidad y los apagones y problemas con el agua son comunes en toda la isla.

Las BVI recibieron un golpe encima del otro. Irma devastó gran parte de St. Thomas y St. John y, unas dos semanas más tarde, María golpeó la isla de Santa Cruz. Los dos principales hospitales del territorio fueron destruidos y más de 400 pacientes fueron evacuados a los Estados Unidos continentales. Trece escuelas fueron cerradas, más de 100,000 de los 103,000 residentes del territorio perdieron energía y la mayoría de los principales centros turísticos fueron severamente dañados.

Irma había causado estragos similares, donde alrededor del 22 por ciento de las 28,000 personas que viven en las BVI fueron desplazadas y se estima que el 70 por ciento de los edificios sufrieron daños, y muchos de ellos —incluyendo algunos que albergaban oficinas gubernamentales— fueron totalmente destruidos.

Desde esta tormenta, ningún centro turístico importante ha reabierto por completo—un duro golpe a un territorio donde el turismo genera más del 30 por ciento del producto interno bruto y emplea directamente a una de cada tres personas. A partir del 1 de marzo, el número total de habitaciones de hotel disponibles en las BVI era de 336, en comparación con las 2,700 antes de Irma. La industria de alquiler de yates también fue duramente golpeada: los atracaderos marítimos disponibles a partir del 1 de marzo eran 1,584, en comparación con los 3,800 antes de la tormenta.

Otras islas en el trayecto de Irma y María sufrieron pérdidas similares, incluyendo Dominica, San Martín y Barbuda. Esta última fue golpeada tan duro que todos sus aproximadamente 1,800 residentes tuvieron que ser evacuados.

Todas estas islas están lejos de recuperarse de estos dos huracanes, y la nueva temporada de huracanes está a punto de comenzar en dos meses.

“Nuestra infraestructura de recursos naturales —elementos como manglares, humedales, drenajes naturales; los elementos claves que realmente existen para ayudar a la protección contra tormentas e inundaciones— básicamente la habíamos destruido toda antes de que esto sucediera”, dijo la Dra. Shannon Gore, bióloga de las BVI que forma parte del consejo directivo del Fondo Fiduciario para el Cambio Climático designado recientemente. “Estas tormentas básicamente expusieron el hecho de que no deberíamos haber hecho eso. Y si esta no es una llamada de alarma, nada más lo es”.

Cane Garden Bay, por ejemplo, parecía virgen antes de Irma, pero en realidad había enfrentado a presiones crecientes durante décadas que no eran obvias para las decenas de miles de turistas que anualmente visitaban su orilla arenosa flanqueada por palmeras. Los manglares y otros humedales alrededor del pueblo se han dañado o destruido por el desarrollo desorganizado, lo que agrava las inundaciones y las escorrentías de caminos y lugares de construcción poco protegidos, explicó la Dra. Gore. Esas escorrentías, a su vez, dañaron los arrecifes que podrían haber protegido mejor la costa del embate de las olas durante Irma.

Del mismo modo, las emblemáticas barras playeras —muchas de las cuales fueron construidas en violación de una guía de planificación que prohíbe la construcción a 50 pies de la marca de la marea alta— han contribuido a la erosión. Además, el sistema de alcantarillado del pueblo ha estado trabajando demasiado y funcionando mal por años.

Irma fue un claro recordatorio de cómo empeora peligrosamente la exposición de las costas por tales problemas. Todos los bares de la playa sufrieron daños severos o fueron totalmente destruidos y el gobierno tuvo que prohibir temporalmente la entrada al mar de los bañistas debido a los altos niveles de bacteria en el agua causados en parte por el sistema de alcantarillado defectuoso. Aunque algunas de las barras han reabierto desde entonces y otras se están reconstruyendo, a menudo la costa permanece vacía pues los turistas a otras playas no desarrolladas, que no estén bordeadas de edificios destruidos y otros escombros.

Puerto Rico enfrentó una situación similar. Muchas playas fueron cerradas debido a los altos niveles de bacterias y, en algunas áreas, las estructuras de cemento en la costa se derrumbaron.

Hay una lección que aprender de la difícil situación de Cane Garden Bay, según el ecólogo de BVI Clive Petrovic.

“Si la gente quiere proteger lo que construyen allí ahora, entonces limpien el agua para que los corales puedan crecer y reconstruyan el arrecife coralino afuera”, advirtió Petrovic, quien  agregó que el coral es una fuente primaria para la arena en muchas playas de las BVI. “Miras la naturaleza y ves cómo la naturaleza resuelve un problema. Y la forma en que la naturaleza protege las costas es con los arrecifes”.

A pesar de sus retos, recientemente las BVI se comprometieron a una reforma integral en medio de un impulso global mucho más amplio.

En 2009, las naciones más ricas del mundo se reunieron en Copenhague, Dinamarca y se comprometieron a aportar $100 mil millones en fondos para ayudar a los países en desarrollo a prepararse para el calentamiento global para el 2020. Ese compromiso se reafirmó en el Acuerdo de París en el 2015. Pero los países donantes quieren asegurarse de que esos fondos se usen bien.

“Los donantes realmente están buscando que los países pongan su casa en orden”, dijo George de Berdt Romilly, un abogado ambientalista en Canadá, quien ha realizado numerosas consultas sobre iniciativas de cambio climático en todo el Caribe y el Pacífico Sur. “Esto no es un cheque en blanco: quieren ver las estrategias nacionales y las políticas aprobadas a un nivel muy alto, que realmente articulen la visión o el mapa a seguir adelante”.

Las BVI han intentado mantenerse en la delantera. Un estudio “verde” del 2010 fue seguido en 2011 por una evaluación de impacto turístico. En el 2012, el Gabinete del territorio adoptó una Política Integral de Adaptación al Cambio Climático, que incluyó fechas de cumplimiento en cuatro años para unos 140 objetivos que van desde la legislación ambiental hasta las directrices de desarrollo, la política energética y las reformas agrícolas y pesqueras. Pero para el 2018 el CPI encontró que no se habían cumplido ni un tercio de los objetivos.

Los líderes argumentan que tales medidas toman tiempo y apuntan a una variedad de proyectos de resiliencia implementados por el gobierno y otras partes interesadas, incluyendo un reciente revestimiento costero en Cane Garden Bay, esfuerzos para hacer que las escuelas y centros de salud sean más ecológicos y resistentes y estudios de mapas de inundaciones. Sin embargo, los conservacionistas y los tecnócratas dicen que la historia muestra una tendencia, por parte de los legisladores de BVI, a dejar de lado las difíciles reformas integrales, que son necesarias para cambiar de manera fundamental la forma en que el territorio opera en el día a día.

De hecho, los objetivos incumplidos enumerados en la política de cambio climático incluyen decenas de medidas que se han prometido durante más de una década, tales como un plan de desarrollo nacional que se ha estado trabajando desde la década de 1990; legislación ambiental y regulaciones de planificación que los políticos se han comprometido a aprobar casi todos los años desde mediados de la década de 2000; y actualizaciones sumamente atrasadas a la ordenanza de construcción de hace 18 años, entre otros.

Los principales oficiales electos de las BVI, el premier de las BVI, Dr. Orlando Smith, y su segundo en mando, Dr. Kedrick Pickering, quien es además ministro de Recursos Naturales y del Trabajo, no respondieron peticiones de entrevista para esta historia. El gobernador designado por el Reino Unido a las BVI, Gus Jaspert, dijo que él y el Reino Unido están presionando para que los líderes electos del territorio actúen rápidamente.

“Tiene que ser el gobierno el que haga esos cambios”, dijo Jaspert. “Para ser honesto, me parece decepcionante que un territorio que es tan naturalmente bendecido en términos de su entorno no tenga mucho en el camino de la energía alternativa; … no tiene un buen reciclaje o eficiencia energética, por lo que apoyo 100 por ciento el impulso del gobierno para hacer más al respecto”.

Pero Romilly dijo que el Reino Unido no necesariamente está poniendo su dinero donde tiene la boca.

“Cuando presentaron este anuncio de que la comunidad internacional financiará la programación del cambio climático con este compromiso de $100 mil millones, el gobierno británico estableció un impuesto sobre el carbono en los viajes aéreos”, dijo y agregó que la mitad de ese impuesto inicialmente fue prometido para países de destino, incluidos los del Caribe. “El dinero se ha recaudado durante algunos años, pero [el gobierno británico] no ha cumplido con el compromiso de hacer que el 50 por ciento esté disponible directamente para los países a los que van los viajeros”.

Aún cuando los fondos internacionales están disponibles, agregó, los países donantes y otros contribuyentes también quieren un mecanismo para administrarlo de manera efectiva, como el fondo fiduciario de las BVI, que será operado por una junta independiente.

Gracias en gran parte a un impulso regional del Centro de Cambio Climático de la Comunidad del Caribe (Caricom), 10 de los 15 miembros de ese organismo —y los cinco territorios británicos de ultramar que son miembros asociados— han elaborado una política o estrategia de cambio climático. Sin embargo, han visto diferentes niveles de éxito al adoptarlos oficialmente al nivel de gobierno del Gabinete. Hasta ahora solo las BVI y Antigua y Barbuda han aprobado leyes para establecer el tipo de fondo independiente que los donantes desean, dijo Romilly.

Cuando ha habido progreso, a menudo ha sido irregular. Dominica, por ejemplo, adoptó por primera vez una estrategia de adaptación al cambio climático en 2002, pero muchos de sus objetivos no se cumplieron, según Romilly.

“El gobierno tenía recursos muy limitados, de modo que, donde había acción era porque se proporcionaban fondos…pero había un desliz donde los fondos no se podían movilizar”, dijo. Y, aunque el gobierno del país adoptó una Estrategia de Desarrollo Climático Resiliente y Reducción de Carbono en el 2012, dijo, todavía no ha aprobado un proyecto de ley redactado en 2014 para establecer un fondo fiduciario—a pesar de las reiteradas promesas del primer ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit, de tomar acción decisiva después de que el huracán María devastara el país.

“A pesar de que el primer ministro se ha comprometido a ser el primer país resistente al cambio climático en la región y que se le ha dejado en claro al gobierno de Dominica que necesitan que se apruebe esta legislación para hacerlo, aún no han logrado aprobar la legislación”, dijo Romilly, quien ayudó a redactar las estrategias y el proyecto de ley.

Añadió que los gobiernos a menudo no aprueban dichas medidas hasta que se les exige hacerlo para obtener financiamiento internacional.

“A menos que haya financiamiento, invariablemente hay muy poca acción”, dijo, y agregó que es probable que Dominica apruebe el proyecto de ley pronto, para acceder a los fondos para un proyecto de resiliencia que está en proceso.

Sin embargo, a pesar de tales contratiempos, los países miembro de la Comunidad del Caribe, en general, están adelantados a muchos de sus vecinos, gracias, en parte, a sus esfuerzos de colaboración, dijo Romilly. Puerto Rico, BVI y USVI no son miembros por su estatus territorial.

“El resto de la región realmente está tratando de ponerse al día y, por supuesto, fue bastante exitosa [en los territorios de Estados Unidos] bajo la administración Obama porque hubo un reconocimiento del cambio climático como un problema”, dijo. “Sin embargo, en la administración actual obviamente ha habido un cambio total en eso”.

En el caso de Puerto Rico, ni siquiera existe un plan de cambio climático y el Gobernador Ricardo Rosselló parece completamente enajenado. No aceptó múltiples solicitudes de entrevista para esta historia y desde la devastación del huracán María sólo ha dedicado dos oraciones públicas al tema, y fueron durante su Mensaje de Estado a Legislatura de Puerto Rico el 5 de marzo.

“Es momento para trabajar en una visión holística del ambiente, y el impacto que el cambio climático tiene en Puerto Rico. Apoyaré las medidas que salgan de este recinto para atender esta problemática”, dijo.

Al mismo tiempo, su administración está promoviendo con incentivos económicos la construcción de viviendas nuevas pese a que la Isla está ahogada en deudas, llena de propiedades abandonadas y enfrenta una emigración masiva.