Puerto Rico Governor Ricardo Rosselló speaks onstage during the Pathway To The Future: Opportunities Of An Economic Transformation Forum at PlayStation Theater on February 15, 2018 in New York City. (Photo by Cindy Ord/Getty Images of Puerto Rico Department of Economic Development & Commerce)
Por Eliván Martínez Mercado
El Gobierno de Puerto Rico cierra el año 2018 como defensor de la desprestigiada práctica de regalar y mantener ocultos los privilegios fiscales.
La organización Espacios Abiertos (EA), que promueve la transparencia gubernamental, tuvo que demandar al Gobierno para que este publique un informe con la cantidad de impuestos que le reduce al sector empresarial. La respuesta de la administración de Ricardo Rosselló, que llegó a Fortaleza con una promesa de gobierno transparente, fue indicar que no podía publicar el informe porque contiene información confidencial.
Pero EA no está pidiendo detalles como números de seguro social patronal ni información de las planillas de los receptores de estos beneficios contributivos. Lo que solicita es un tax abatement report, que es un informe que detalla cuáles fueron esas reducciones de impuestos, a cuánto ascienden, con qué objetivos fueron otorgadas, qué compromisos contrajeron quienes las recibieron y si en realidad devolvieron a cambio un desarrollo económico.
A Rosselló, que le encantaría que Puerto Rico sea igual que los estados de EE UU, le conviene saber que la mayoría de los gobiernos estatales publica informes sobre privilegios fiscales. Este ya es un estándar de la Junta de Normas de Contabilidad Gubernamental (GASB, por sus siglas en inglés), que delinea las mejores prácticas para hacer informes financieros para el sector público. Hay localidades como Oregon que no publican el tax abatement report, sino uno más abarcador como el informe de gastos fiscales totales (tax expenditures), que incluye subsidios e incentivos a corporaciones e individuos. Al final, toda reducción de impuestos es un gasto, y el gobierno de Oregon quiere asegurarse de medir la efectividad de esos privilegios contributivos.
La jueza superior de San Juan, Lauracelis Roques Arroyo, le ordenó a la administración de Rosselló que entregue el informe que pide EA. Y La Fortaleza ha dicho que apelará la sentencia. La insistencia del Gobierno en tapar la información pública provoca el gasto de los recursos del estado en litigios innecesarios.
Cuando la secretaria de Hacienda, Teresa Fuentes, el director ejecutivo de Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, Christian Sobrino, y el asesor legal del gobernador, Alfonso Orona, repiten el falso mantra de que esta información es privada, entorpecen y protegen intereses particulares de grupos empresariales que reciben esos privilegios.
La administración de Rosselló no sólo está retrasando así la oportunidad de cualquier ciudadano o entidad de saber por qué el gobierno deja de devengar esos ingresos. También impide que los periodistas destapen el mantengo corporativo, una tendencia del periodismo de EE UU ante la liberación de los informes de gastos luego de que la GASF recomendara esta práctica de contabilidad.
En verano, antes de la demanda de EA, el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Laboy, caminaba por los pasillos de la legislatura alegando que su agencia había reconocido el problema. Tras más de medio siglo de gastar dinero en subsidios, incentivos, exenciones y tasas contributivas preferenciales, el Gobierno ignora cuántos dólares invierte bien y cuánto desperdicia. Laboy alegaba que iba a hacer una “reforma”. Empleaba esa palabra con todo el peso que significa: cambiar la historia. La legislatura consideraba entonces un proyecto de ley para instalar un nuevo Código de Incentivos. Este debía subsanar el desbarajuste y a la vez usar el dinero que ya no regalaría para compensar por las reducciones de las tasas contributivas que implantaría una nueva reforma contributiva. Pero ahí quedó todo: en nada.
La publicación de estos datos es imprescindible en el contexto de un Puerto Rico que se encuentra en el Tribunal Federal negociando la deuda con sus acreedores, mientras la Junta de Control Fiscal, nombrada por el gobierno de EE UU para que Puerto Rico pague su deuda, está imponiendo medidas de austeridad drásticas, como la reducción de las pensiones y de la cobertura médica de empleados públicos. Es un escándalo que la Junta haya arrancado a proponer recortes sin haber actuado sobre el mantengo corporativo. Si hay un momento para develar cuáles incentivos son buenos y cuáles son malos para Puerto Rico es ahora.
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