La vista de COFINA desde adentro y desde afuera

Por Joel Cintrón Arbasetti y Luis J. Valentín Ortiz

San Juan, Puerto Rico: Martes, en la tarde

El sol comienza a bajar fuerte y caliente en San Juan poco después de las 4:00 de la tarde del martes, 15 de enero. Algunos terminan su jornada laboral y pasan a toda prisa por la avenida Chardón de Hato Rey. Otros buscan estacionamiento y caminan hacia la esquina frente al Tribunal Federal.

Unionados, jubilados, profesores, estudiantes y demás ciudadanos arman carpas, abren sillas y mesas, conectan bocinas, montan casetas. Alistan una bandera de Puerto Rico en blanco y negro—símbolo adoptado por la lucha contra las medidas de austeridad impuestas en la isla. Al lado hay una pancarta desgastada que lee “En defensa del magisterio, los jubilados y pensionados”. ¿Cuántas luchas habrá visto?

Esta vez la pelea es en contra de un acuerdo entre la Junta de Control Fiscal, el Gobierno y los acreedores de la deuda de la isla en torno a COFINA, una corporación pública creada en papel en el 2006 para emitir deuda garantizada con el dinero que se recauda a través del Impuesto Sobre Ventas y Uso (IVU). Tras convertirse en ley en noviembre, ahora toca a la jueza federal a cargo de la quiebra de Puerto Rico, Laura Taylor Swain, validar el pacto.

“Llegaron los refuerzos”, dice una pareja tras bajar de su auto con dos plantas eléctricas. Todos se saludan. Se conocen de antes. Hay risa, buen ánimo, ganas de luchar y se escuchan las consignas que demuestran la expectativa de que frenarán el acuerdo que consideran nefasto. Están pompea’os.

Allí también están unos abuelos junto a su nieta. Vienen del barrio Carraízo en Trujillo Alto. Tina Casanova y su esposo, Don Sigfredo Rodríguez, decidieron protestar el martes y no el miércoles, día para el cual estaba convocada una manifestación multisectorial en contra del acuerdo de COFINA. El miércoles tienen que atender su kiosco de libros en las Fiestas de la Calle San Sebastián.

“Están hipotecando el futuro de estas generaciones”, dijo Casanova, una escritora puertorriqueña de libros infantiles. Lleva 18 años recorriendo pueblos de la isla con su proyecto “Leer para crecer”, compartiendo lo que le ha dado de vivir por décadas, la lectura. La pareja protesta en pos de la niñez y contra la apatía del pueblo.

“COFINA se quedó con todo nuestro dinero. Teníamos todo nuestro retiro en bonos del Gobierno. Se fue todo. No tenemos un centavo. Mi esposo tiene 82 años y yo, casi 70. Ahora tenemos que trabajar para poder seguir viviendo porque con el Seguro Social no se puede vivir”.

Para Casanova, cada día son más los puertorriqueños enojados por la crisis fiscal, política y económica que atraviesa la isla. “Pero esas personas que están enojadas no se están tirando a la calle. No sé si es porque no hay poder de convocatoria a nivel de la isla. No hay voces que convoquen, que aglutinen”, explica.

A pesar de esto, la escritora se aventura: “Estoy segura que mañana esta convocatoria va a ser más grande que las anteriores”.

Miércoles, en la mañana

El ruido del piquete frente al Tribunal Federal se escucha a un bloque de distancia, en la intersección de la calle César González con la Chardón, donde tres policías estatales controlan el tránsito a las 7:51 de la mañana. Entre los manifestantes, algunos se identifican con el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT), de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), la Unión de la Autoridad de Acueductos, la Federación de Maestros o la Jornada Se Acabaron las PROMESAS.

Se oponen al llamado “acuerdo de COFINA”, un plan para dividir el IVU entre el Gobierno y un grupo de bonistas que según algunos permitiría pagar la deuda de esa corporación pública. El pacto incluye un recorte a la deuda de COFINA que muchos economistas califican como insuficiente.

“Los buitres son unos animales carroñeros”, dice por micrófono María de Lourdes Santiago, vicepresidenta del PIP, desde el baúl de una pick-up que hace de tarima frente al edificio federal. Se refiere a las firmas de inversión que se dedican a traficar deuda chatarra para lograr ganancias millonarias para sus clientes.

El principal grupo de bonistas de COFINA —la Coalición de Bonistas de COFINA Sénior— está compuesto por fondos buitres. Controlan una cuarta parte de la deuda de la corporación pública. Algunas de estas firmas compraron los bonos a precio de pesca’o abomba’o y si se da el pacto recuperarán toda su inversión, y un poco más. Por ejemplo, quienes compraron los bonos sénior COFINA a 55 centavos por cada dólar, esperan recibir una ganancia de 38 centavos por dólar. Es la magia de los litigios por deuda chatarra en los que son expertos los fondos buitres.

Los abogados y asesores del Gobierno y la Junta que defienden este acuerdo llegan una hora antes de que comenzara la vista. Pegados a la verja del tribunal caminan con prisa Brian Rosen y Hermann Bauer, abogados de la Junta, acompañados por David Brownstein, asesor financiero y testigo del ente rector. Y así van llegando, poco a poco, en pequeños grupos, como niños que caminan en juntilla a la hora del recreo.

No son gente conocida, sus caras no se ven a diario en los periódicos. Muchos trabajan en bufetes y firmas de grandes ciudades y casi nadie sabe sus nombres. Operan lejos del escrutinio público calibrando el destino de un país que solo pisan por unas horas en días como hoy, o para asistir a alguna reunión de la que nadie se entera. Aun así, por sus maletines, corbatas y miradas perdidas, un grupo de manifestantes los identifica, abuchean y gritan: “pillos”, “buitres”. Agentes federales observan la manifestación desde el perímetro del portón.

Dentro del tribunal, la historia es diferente.

La sala de la vista es un gallinero con un constante entra y sale de personas. Está llena de muchos abogados, mayormente extranjeros y blancos, y pocas abogadas.

“Gritaban algo sobre mi familia”, dice entre risas Rosen desde el interior de la sala a otro abogado que le preguntó sobre las manifestaciones.

Una empleada del tribunal pide orden y silencio.

 La vista comienza a las 9:40 de la mañana con el característico “Buenos días” en español de la jueza Swain. Luego sigue en inglés y reconoce que cientos de puertorriqueños han mostrado serios reparos a través de cartas y correos electrónicos en torno a los acuerdos sobre los cuales pasará juicio.

“No hay decisión que pueda conciliar todas las preocupaciones”, advierte Swain, un presagio de una decisión que no será popular.

Aquellos que apoyan el acuerdo de COFINA —liderados por el Gobierno, la Junta, los principales grupos de bonistas y el comité que representa de manera oficial a los acreedores no asegurados— alegan que no transigir y continuar la pelea en el tribunal sería irresponsable. Dicen que es incierto cómo el tribunal decidiría sobre la constitucionalidad de COFINA y sobre si los recaudos futuros del IVU irían al Gobierno o a los bonistas de COFINA. Bajo el acuerdo, el pote se dividirá entre ambos bandos: 46% al Gobierno y 53% a COFINA.

El grupo opositor —mayormente uniones como la Service Employees International Union (SEIU), la United Auto Workers (UAW) y PROSOL-UTIER— asegura que Puerto Rico no podrá cumplir con el plan de pago y terminará como Grecia, sucumbiendo a un segundo proceso de reestructuración de deuda. Añade que lo que se propone tampoco vela por los mejores intereses de los puertorriqueños ya que quita recursos para servicios esenciales, ni cuenta con estudios financieros que lo validen.

 Durante la primera parte de la vista, tienen su turno frente a la jueza personas que se afectarían por el acuerdo. Es la primera vez que eso ocurre en el proceso de quiebra que enfrenta la isla. Cada participante tiene cinco minutos que son cronometrados por un aparato en el podio que cambia de verde a amarillo cuando queda minuto y medio, como si fuese un semáforo, y luego a rojo cuando se acaba el tiempo.

Eulalia Centeno Ramos, una maestra retirada, habla con la ayuda de una intérprete que traduce sus palabras al inglés. Es madre de dos niñas y un niño, y viven con una pensión mensual de $1,700 que no le da para cubrir sus gastos.

“[El acuerdo] tendría efectos nefastos para las familias que podrían perder su casa o verse forzadas a migrar. Hijos, nietos, la juventud, y quienes aún no han nacido vivirán la peor crisis en la historia de Puerto Rico. [El acuerdo] es antagónico a la recuperación de Puerto Rico, por lo tanto es contrario a PROMESA”, dice Centeno. Le preocupa que la Junta reduzca su pensión.

“Solo le pido que el dolor del pueblo y la miseria de los trabajadores y los niños y migrantes no le sea indiferente. Ustedes se van, pero los sectores vulnerables se quedan aquí con la esperanza de vivir en paz”, concluye Centeno, quien intenta presentar una propuesta para crear un fideicomiso que controle las pensiones públicas en la isla, según propone la Federación de Maestros. No le da el tiempo. La bombilla roja está encendida.

Miércoles, al mediodía

Natalie Jaresko rebusca entre las bolsas de papitas y platanutres que están al lado de la caja registradora en la cafetería del Tribunal Federal en Hato Rey. La directora ejecutiva de la Junta viste chaqueta y falda oscura, lleva dos collares de perlas largos y una cartera color amarillo intenso.

Está en el tribunal para respaldar como testigo el arreglo de COFINA.

Ocho personas en fila separan a Jaresko de José Alameda, un economista que vino a deponer en contra del mismo arreglo como testigo del Programa de Solidaridad (PROSOL) de la UTIER, sindicato que agrupa a empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica.

Alameda carga una carpeta gruesa de tapa verde. Ahí están los documentos que piensa usar para apoyar su postura frente a la jueza Swain. Por lo pronto, la usa para cargar su plato de comida mientras hace la fila en la cafetería, porque entretenido en una conversación se le olvidó coger una bandeja.

Conversa con otro hombre sonriente que lleva un sombrero de ala corta y que sería su intérprete frente a la jueza Swain.

Alameda le pregunta que qué había estudiado; el hombre responde que ciencias políticas en Harvard.

“Y dónde aprendiste interpretación”, le pregunta Alameda.

“En la cárcel”.

Alameda se queda en silencio, y al poco rato dice: “¿En la cárcel, en serio, y por qué estuviste preso?”

“Por Machetero”, responde el intérprete con una sonrisa pícara.

Jaresko se decide por una bolsa de papitas y vuelve a su lugar en la fila. La acompañan tres hombres vestidos de traje y corbata. Otros de aspecto similar pero de más edad siguen a Jaresko guardando cierta distancia. La vigilan con disimulo. Sus posturas rígidas, los lugares estratégicos de la cafetería que ocupan y sus miradas, que de vez en cuando recorren al espacio a vuelta redonda para luego enfocarse en la directora ejecutiva, los delatan: son parte del cinturón de seguridad de la Junta, que hasta diciembre le había costado al erario $153,965 y para este año fiscal tienen asignados un presupuesto de $500,000.

La cafetería es amplia y tiene dos secciones, una de comida criolla que se puede elegir a través de una vitrina caliente, y otra de sandwiches y wraps. Los abogados y asesores extranjeros por lo regular prefieren la segunda opción, con botella de agua o Diet Coke, o simplemente un yogur.

“El mismo plan fiscal de la Junta dice que en 30 años la economía va a estar mal, entonces ¿con qué carajos van a pagar el acuerdo de COFINA?, comenta Alameda al intérprete.

El análisis del economista está en el archivo electrónico del caso de quiebra, un repositorio de miles de mociones y documentos legales que definirán el futuro de Puerto Rico por generaciones. También hay testimonios y estudios que puede que queden en letra muerta. Pero serán evidencia de que se presentaron alternativas, objeciones y advertencias ante la jueza Swain sobre las consecuencias sociales que tendrán las decisiones que se tomen en la quiebra gubernamental más grande en la historia de Estados Unidos.

“Los Planes Fiscales [aprobados por la Junta] y el Plan COFINA no son factibles… no aseguran el financiamiento de servicios públicos esenciales, no proporcionan fondos adecuados para los sistemas públicos de pensiones, no contemplan la eliminación de déficits estructurales. Y antes o después de 2034, los Planes Fiscales y el Plan COFINA conducirán a Puerto Rico a otro incumplimiento de pago en las obligaciones de los tenedores de bonos. En resumen, los Planes Fiscales no son económicamente viables y carecen de confiabilidad científica para desarrollar proyecciones confiables de ingresos y gastos, que son indispensables para abordar la confirmación del Plan COFINA”, advierte Alameda.

Para respaldar el acuerdo, Jaresko sometió un testimonio escrito. Más de la mitad de las 16 páginas de su declaración se dedican a hacer un recuento cronológico de la disputa entre el Gobierno y los bonistas de COFINA. Casi al final y sin más explicaciones dice:

“El acuerdo garantiza que el Gobierno tendrá acceso a una parte significativa de los Ingresos del Impuesto a la Venta y Uso (IVU) que no tiene hoy: más de $360 millones en el año fiscal 2019, cantidad que aumentará en los próximos años un cuatro por ciento anualmente. Además, reduce los costos por litigios que llevan mucho tiempo, extingue miles de millones de dólares en reclamos de los bonistas y acelerará la progresión del gobierno hacia una confirmación Plan de ajuste y su capacidad de acceso a los mercados de capitales”.

Miércoles, en la tarde

La vista reanuda cerca de la 1:15 de la tarde con más ponencias de ciudadanos.

“Los bonistas locales no somos fondos buitres”, dice Adriana Irizarry Irizarry, quien no parece llegar a los 40 años. Cooperativas y residentes de la isla con deuda de COFINA compraron mayormente bonos junior o subordinados. Los sénior están mayormente en manos de fondos de cobertura extranjeros. Mientras el bonista sénior de COFINA tendrá un recorte de 7%, el junior enfrenta 44%.

Irizarry es la primera persona en los comentarios públicos ante el tribunal que habla a favor del acuerdo de COFINA. Dice que prefiere perder casi la mitad de su inversión que arriesgarse a recibir nada. Los otros arremeten contra el arreglo. Urgen por una definición de lo que representa un gasto esencial para el Gobierno, advierten sobre cómo se limitarán los recursos disponibles para servicios públicos, condenan la falta de democracia y discusión pública en el proceso, y repudian la impunidad de los responsables de la crisis.

Luego de terminar los comentarios públicos, la discusión apunta a la petición de PROSOL-UTIER —a la cual se unió la Federación de Maestros— para presentar testigos y evidencia en contra del plan de ajuste de deuda de COFINA.

“PROSOL-UTIER no son acreedores de COFINA”, “PROSOL-UTIER no tiene legitimación activa” y “COFINA no provee servicios esenciales” son algunos de los argumentos que utiliza el abogado de la Junta, Michael Firestein, en contra del pedido. Busca impedir que el estudio del economista Alameda entre al récord y que los abogados de la unión sienten como testigo a Natalie Jaresko para interrogarla bajo juramento.

El abogado que representa a PROSOL-UTIER, Rolando Emmanuelli, se defiende: “Los retirados se verán afectados por la distribución de los fondos de COFINA”. Asegura que el testimonio escrito de Jaresko carece de pericia técnica, económica y científica.

Tras escuchar a las partes, Swain pide un momento para organizar sus pensamientos antes de decidir. La sala permanece en silencio, mientras la jueza mira la laptop. Tras un par de minutos, falla en contra de PROSOL-UTIER. Explica su decisión. Asegura que escuchará los argumentos legales en oposición al acuerdo de COFINA. Quedan fuera el estudio de 71 páginas y el testimonio de Alameda, quien al rato se retira de la sala con su carpeta y su intérprete. Se esfuma la oportunidad de que Emmanuelli interrogue a Jaresko.

Algunos abogados de la Junta miran a la directora ejecutiva con sonrisas cómplices. También lo hace Christian Sobrino, el representante del Gobierno de Ricardo Rosselló ante la Junta. Uno de los que trabaja con la Junta se acerca para darle unas palmaditas en la espalda a Jaresko. No tendrá que sentarse en el estrado y se le ve aliviada.

Aprovechando un breve receso que decretó Swain, Jaresko se sienta en un mueble acojinado frente a la puerta de la sala del tribunal. Hasta allí llega uno de los encargados de su seguridad, quien saca de su gabán un sobre de Ticketpop. Son varias taquillas que leen “HAMILTON”, la obra musical que conquistó la escena teatral de Broadway y estremece desde hace unas semanas al barrio de Santurce.

Luego de contar el bonche de taquillas, Jaresko separa dos y se las entrega a la mano a Martin Bienenstock, el abogado principal de la Junta. Ninguno tendrá que entrar en la tómbola o hacer la extensa fila para buscar entradas.

De regreso en sala, Swain atiende a un grupo de bonistas junior de COFINA que aseguran no haber sido invitados a la mesa de negociación y buscan frenar el acuerdo por no haber podido participar. A eso de las 5:00 de la tarde la jueza pone pausa a la vista hasta el día siguiente.

En las afueras del tribunal se escucha un aplauso desde una de las carpas en la esquina de la Chardón tras la llegada de los representantes de PROSOL-UTIER que estaban dentro de la vista. Unos abogados del grupo de bonistas sénior de COFINA se ríen de la escena desde el otro lado de la calle mientras caminan hacia sus guaguas negras.

Emmanuelli explica a poco más de una docena de personas el saldo del día. Resalta el hecho de que Swain está al tanto de los reclamos y la protesta que ocurrió más temprano en el día. Explica por qué la jueza decidió en contra de la unión al decir que carece de legitimación activa, aunque podrán presentar argumentos legales en contra del acuerdo. Dice que no podrán presentar el estudio económico de Alameda.

“Sufrimos el dolor. La lógica del standing [legitimación activa] la cuestionamos como pueblo”, lanza uno de los presentes.

“¿Se puede apelar? ¿Qué podemos hacer nosotros?”, pregunta otro.

Alguien recomienda comprar un bono de COFINA.

“¿Y si buscamos duplicar las firmas en contra del acuerdo por Facebook?”, propone otra persona, refiriéndose a una petición en Internet en contra del acuerdo de COFINA que ha logrado cerca de 30,000 firmas y sobre la cual Swain estaba consciente, según mencionó durante la vista.

Emmanuelli enfatiza que hay que “seguir dando la batalla” y que se avecinan más planes de ajuste de deuda, incluyendo los de la AEE y el Gobierno. En esos, según el abogado, no se podrá cuestionar el standing de los unionados.

“Aquí no se rinde nadie, carajo”, suelta Carmen Virginia López, una jubilada de algunos 70 años.

Jueves, en la mañana

En la mañana del segundo día de la vista no hay nadie piqueteando frente al tribunal. Al otro lado de la calle alrededor de 20 personas, unionados de la Federación de Maestros y la UTIER, periodistas y líderes sindicales, conversan bajo una carpa donde se escucha una canción navideña que dice “que se vaya la Junta”.

A eso de las 9:30 de la mañana, Swain reanuda la audiencia sobre COFINA. Escucha nuevamente los argumentos en contra del plan de ajuste de deuda por parte de las uniones y algunos bonistas de COFINA, y da paso a la última tanda de comentarios públicos.

El reclamo del día anterior se repite: el acuerdo no es sostenible y no responde a los mejores intereses de los puertorriqueños.

“Nuestra gente no está en esta sala del tribunal. Están afuera. Esperando”, dijo Luis José Torres Asencio, abogado y miembro de la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público.

Afuera, en una verja, hay un cruzacalles con una foto de Swain. Aparece mirando a la cámara, sonriente. A su lado se lee: “Judge Swain: Choose justice, not misery, for The people of Puerto Rico. Reject the COFINA Agreement” (Jueza Swain: escoja la justicia y no la miseria para el Pueblo de Puerto Rico. Rechace el acuerdo de COFINA). El cruzacalles sirve de fondo a Eva Prados y Roberto Pagán, también integrantes de la Comisión para la Auditoría, quienes inician una conferencia de prensa para dar a conocer el informe COFINA: deuda ilegal e ilegítima.

El documento explica por qué y cómo el esquema de COFINA burla la cláusula constitucional sobre el límite a la deuda y viola también la cláusula de presupuestos balanceados. Además señala que las emisiones de bonos de COFINA no fueron utilizadas para el financiamiento o desarrollo de proyectos de beneficio para el país, sino que $7,006 millones fueron al pago de deudas preexistentes e intereses, y $1,175 millones por servicios financieros.

“El remanente fue utilizado para la subvención de gastos operacionales del Gobierno, mediante el cuadre de sus presupuestos, así como para pagos a las decenas de miles de empleados despedidos en virtud de la Ley 7 de 2009, bajo la administración de Luis Fortuño. Se trata, pues, de deuda ilegítima”, indica el informe.

Dentro de la sala, Susheel Kirpalani, el principal abogado de los bonistas sénior de COFINA, defiende a capa y espada el acuerdo, el cual cataloga como la transacción financiera más grande gestionada “en América”.

“Mucha gente aquí no está feliz. Esto es común en los casos de quiebra”, dijo el abogado tras decir cómo su hijo le enseñó que hay rompecabezas que deben resolverse por partes y no como un todo.

El acuerdo de COFINA intenta ser la primera parte en resolverse como parte del rompecabezas de la quiebra de Puerto Rico bajo el Título III, y los bonistas a los que representa Kirpalani se perfilan como felices ganadores.

Jueves, en la tarde

Swain deja saber que no decidirá sobre el acuerdo hasta que la Junta y el principal grupo de bonistas de COFINA aclaren el lenguaje de la propuesta. Muestra preocupación sobre su autoridad para dar fuerza de ley al acuerdo tal y como está presentado. También pregunta por los relevos de responsabilidad que el arreglo otorgaría a funcionarios públicos de esta administración en la reestructuración de COFINA.

Se percibe algo de frustración en la sala, como si los comunicados de prensa reclamando una victoria ya estuvieran listos para ser enviados, y ahora hay que aguantarlos.

Swain cuestiona si se pretende que reescriba la Constitución de Puerto Rico mediante la aprobación del acuerdo.

Tras pedir a los abogados que presenten cambios al lenguaje propuesto para aprobar el arreglo, da por terminada la discusión. Varias personas se retiran de la vista, mientras la jueza llama a un breve receso antes de moverse al último ítem en la agenda: una disputa interna entre bonistas de COFINA sobre cómo se van a dividir un pote con millones de dólares provenientes del IVU.

Al final del día, aunque Swain se reservó el fallo, el consenso entre los presentes es que tarde o temprano, aprobará el acuerdo.

“It’s a done deal”, se escucha decir a uno de los abogados a su salida de la sala.

Afuera del tribunal, en la esquina de la Avenida Chardón ya solo queda una carpa. Allí nuevamente está el abogado de las uniones, Emmanuelli, sentado en una silla plástica, explicando el resumen del día.